La junta de Castilla-La Mancha demanda a Greenpeace por atentar contra el honor de María Dolores de Cospedal

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La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ayer, durante su intervención en el XI Congreso de Nuevas Generaciones de Toledo. / Ismael Herrero (Efe)

El Juzgado de primera instancia e Instrucción número 7 de Toledo ha admitido a trámite una denuncia contra Greenpeace de los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por atentar contra el honor de su presidenta, María Dolores de Cospedal. El origen de la demanda es un informe datado el pasado 19 de diciembre y publicado por la organización ecologista en su página web bajo el título Pon un paseo marítimo en tu vida. En resumen, el citado artículo, firmado por el equipo de investigación de Greenpeace, denuncia las presuntas presiones realizadas por Cospedal para que el borrador de la futura Ley de Costas, que prepara el ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, se adapte a los intereses empresariales de un lobby político/empresarial vinculado al Partido Popular y del que formaría parte también el esposo de la presidenta castellano-manchega, Ignacio López del Hierro.

En la demanda, los servicios jurídicos de CLM instan al juez a que Greenpeace rectifique la información y "al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados con el pago de la cuantía de indemnización que mejor proceda conforme a derecho". Cuatro aspectos centran la demanda. En primer lugar, los denunciantes consideran que Greenpeace ha "abusado" de la "libertad de información y expresión" vulnerando "el requisito de veracidad. Y ello porque, aunque los datos profesionales y laborales sean veraces, el objeto de la información es sostener la conexión entre estas circunstancias irrelevantes y la elaboración de la Ley de Costas (...). Es ahí donde existe una manifiesta falsedad, procurada por los interesados para crear un rumor y unas suposiciones perjudiciales para los demandantes que menoscaban su fama y su dignidad".

También censuran la difusión de datos de la vida privada de Cospedal y López del Hierro, el eco alcanzado por esta información en distintos medios escritos y digitales, y el "menoscabo al honor" de la presidenta "por cuanto se atribuye la persecución de intereses personales y beneficios particulares a una persona que ejerce un cargo público".

Por su parte, Greenpeace defiende la veracidad del informe en un comunicado remitido a los medios de comunicación nada más recibir el texto de la demanda: "Uno de los posibles intereses en la reforma de la Ley de Costas está en la legalización de las urbanizaciones construidas tras los paseos marítimos. Varias inmobiliarias podrían ver legalizadas sus urbanizaciones. Greenpeace destaca en su informe que Ignacio López del Hierro, Joaquin Rivero, Bautista Soler y el actual ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, coinciden como consejeros en la inmobiliaria Bami Newco. De ahí se desprende la nula sensibilidad del Gobierno para llevar a cabo una reforma de tal calado".

También recuerdan los ecologistas que, al margen del artículo concreto que ha dado origen a la demanda, existe un informe titulado Amnistía a la destrucción en el que se detallan y, según aseguran, certifican, los intereses privados a los que beneficiará la futura Ley de Costas (en trámite parlamentario y pendiente de su ratificación en el Senado).

7 Comments
  1. gente corriente says

    esto es lo mismo q lo del Madrid Arena. Tienen legitimidad los servicios jurídicos de la JCCM para demandar en nombre de Cospedal?

  2. Domingo says

    ¿Por que no la demandan a ella por defenderse con el dinero de todos?.
    Que se pague su defensa y su querella.

  3. 14 de Abril says

    Están en todos los fregaos aprovechan su mayoría absoluta para arrasar el país.¡Patriotas ellos!

  4. Filipo says

    Ya no es un borrador, sino un proyecto de ley criminal y expropiador que reduce el dominio público marítimo-terrestre de 100 a 20 metros del agua y y que, mediante la insólita disposición de que se inscriban los dominios públicos en los registros de la propiedad en el plazo de 2 años va a hacer que los registradores (los colegas de Rajoy y otros personajillos gubernamentales) se forren. El lobby lo ha tenido bastante fácil, como cualquier juez con dos dedos de frente puede comprobar.

  5. enante says

    La crisis económica nos hace olvidar el medio ambiente y las consecuencias negativas en este campo perdurarán mucho después de que la economía más o menos haya vuelto a la normalidad.

  6. poi says

    ¿Honor? ¿Ese bicho fascista? !amos anda¡

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