La Liga Anticorrupción denuncia ante la Defensora del Pueblo la criminalización de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

El Sindicato Unificado de Policía también considera la orden de Interior una "barbaridad". / SUP

La Liga Anticorrupción presentará este lunes un escrito a la Defensora del Pueblo para que Soledad Becerril intervenga contundentemente para frenar “la espiral de criminalización hacia un movimiento ciudadano [Plataforma de Afectados por la Hipoteca] que actúa dentro de lo que legítimamente son sus derechos constitucionales, y para evitar que en lo sucesivo esto pueda generalizarse y afectar a cualquier otra entidad de la sociedad civil”. En su demanda incluirán una crítica expresa a las “utilizaciones del cargo público en favor de los intereses de un partido político”.

La Liga Anticorrupción es una asociación recientemente creada por más de 300 personas, en su mayor parte profesores y catedráticos de universidad, y profesionales vinculados al Derecho. Su presidente es Augusto González, un modesto comerciante textil, escritor aficionado y sin trayectoria política o pública, salvo por el hecho de ser sobrino del ex presidente español Adolfo Suárez.

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Detonante de esta queja ante la Defensora han sido las recientes instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad “contra quienes ejercen actos de hostigamiento y acoso a miembros de partidos políticos, sedes de partidos, etc… Se procederá, en primer lugar, a identificar para sanción a quienes participen en estos actos, con arreglo a la Ley Orgánica 1/92 de Seguridad Ciudadana, o bien, si se tratara de actos constitutivos de delito se procederá a la detención de dichas personas conforme a la legislación vigente”.

Esta orden, que el mismo Sindicato Unificado de Policía se ha apresurado a calificar como “barbaridad”, intenta frenar los denominados escraches que la PAH está organizando ante domicilios de cargos públicos, o durante actos en los que estos participan. La palabra escrache viene del lunfardo y ha recorrido más de un siglo y un océano hasta instalarse en la cotidianeidad de nuestros labios. Significa, textualmente, retratar. Que es lo que pretende la PAH cuando empapela de carteles los portales de nuestros políticos o los abuchea por la calle.

Según el gabinete jurídico de la Liga Anticorrupción, “es ilegal detener a ciudadanos por abuchear a políticos en la vía pública. Solo se puede detener a alguien en caso de producirse una agresión, cosa que hasta el momento no ha ocurrido”, puntualizan.

César Román, portavoz de la Liga, asegura que si los policías aplicaran la orden de la Secretaría de Estado “estarían vulnerando derechos fundamentales. Esa orden es una aberración jurídica. Un insulto a la policía y un intento de politizarla. La policía no necesita que los políticos le digan cual es su labor. Salvo que el mensaje subliminal que se quiera transmitir a los policías es el de actuar de forma más contundente contra los manifestantes”.

En la denuncia que entregará la Liga Anticorrupción a Soledad Becerril cobra especial protagonismo Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, que hace unos días acusó a la PAH de apoyar a «grupos filoetarras». «En la denuncia se recoge que no es la primera vez que Cifuentes criminaliza a un movimiento social. Lo intentó con el 25-S, cuando aseguró que estaba integrado por neonazis y ultraderechistas. Barbaridades. Si eso lo dijera un cargo político, podría entenderse dentro del juego. Pero Cifuentes es un cargo público. Le vamos a pedir [a Soledad Becerril] que haga una petición de cordura a estos cargos públicos para que dejen de criminalizar a los movimientos sociales».

César Román no elude referirse a uno de los aspectos más delicados del escrache: los hijos y familiares de los escrachados pueden sufrir también con este acoso. La diputada del PP, Carmen Rodríguez Maniega, ha denunciado a la policía haber recibido insultos de la PAH y Stop Desahucios a la vista de su hijo menor de edad. El propio Esteban González Pons también ha denunciado a la PAH por coacciones. Asegura que aporrearon la puerta de su vivienda durante 45 minutos y “atemorizaron a sus hijos”. Desde la PAH niegan que Rodríguez fuera acompañada por ningún menor cuando fue abucheada, y que solo llamaron -no aporrearon- la puerta de Pons para entregarle un escrito.

Que puedan ver estas situciones niños pequeños «es lamentable”, reconoce César Román. “Pero son situaciones inevitables dentro de un conflicto social. Yo creo que es más grave el hecho de que un niño vea cómo la autoridad judicial derriba su puerta a hachazos y saca a la fuerza a su padre y a su madre desahuciados. ¿No te parece?”.