ANÍBAL MALVAR | Publicado: - Actualizado: 7/1/2017 01:48

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Imagen de una intervención policial durante la convocatoria del 25S junto al Congreso. / Efe

La Comisión Legal Sol, aparato jurídico del 15-M, acaba de denunciar en un comunicado que la Delegación del Gobierno de Madrid se ensaña más con los manifestantes cuando estos han pedido los permisos oficiales para sus concentraciones que cuando se movilizan sin avisar al departamento de Cristina Cifuentes. “Es precisamente en las movilizaciones que habían sido previamente comunicadas en las que se ha producido un mayor número de detenciones: 45 detenidos en la manifestación del 23-F; 35 en la del 25-S del año pasado; 29 en la semana de marchas mineras de julio; 28 en las movilizaciones del aniversario del 15-M”.

“Es de destacar -añaden- que una de las movilizaciones que sufrió una represión policial más dura, cuyas escalofriantes imágenes dieron la vuelta al mundo, fue la del 25 de septiembre, manifestación que había sido comunicada a la Delegación de Gobierno, sin que este hecho impidiera que cargaran brutalmente en el horario permitido, que sancionaran a la persona que comunicó la manifestación, ni tampoco impidió las sanciones indiscriminadas a algunos de los asistentes”.

Aunque en un principio, como un gesto más de desobediencia civil, los convocantes de las movilizaciones indignadas declinaban oficializar las concentraciones, después cambiaron de estrategia. Consideraban que, obteniendo el permiso previo de la Delegación del Gobierno, lograrían evitar sanciones. No ha sido así. Según los datos que maneja Legal Sol -incompletos, ya que no todos los afectados recurren a ellos- desde el nacimiento de los movimientos indignados se han producido 329 detenciones y más de 900 sanciones. La cantidad recaudada por la Delegación del Gobierno en multas alcanza la cifra de 287.900 euros. Estas detenciones y sanciones son mayores, aseguran, cuando se trata de una concentración legal.

Caso paradigmático es el del convocante de la movilización que rodeó el Congreso de los Diputados el 25 de septiembre del pasado año. A pesar de que los organizadores decidieron que no iban a solicitar el permiso de manifestación, un joven -que prefiere mantenerse en el anonimato- sí realizó los trámites legales a título particular, considerando que así contribuiría a la buena marcha del 25-S. La buena acción le ha costado 6.000 euros. Peor parado ha salido incluso el convocante de las manifestaciones celebradas entre el 12 y el 15 de mayo del pasado año (primer aniversario del 15-M): 36.000 euros de multa.

Para Legal Sol, “la previa comunicación (que no autorización) a Delegación de Gobierno es un mero requisito formal desfasado en la actualidad”, aseguran. “Entendemos que, en democracia, el espacio público puede y debe ser un espacio para la participación, sin más restricciones que las estrictamente necesarias para garantizar derechos fundamentales de otros, pero sin convertir los argumentos del tráfico o la supuesta puesta en peligro del orden público en un mecanismo restrictivo de los derechos de todos. El derecho de reunión es un derecho fundamental que se encuentra en un plano muy superior al respeto del tráfico rodado”.

En este sentido, Legal Sol ha conseguido ya algún éxito ante los tribunales para descrédito de Cristina Cifuentes. Un auto del 20 de marzo pasado, dictado por la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid, decretaba libertad sin cargos para 35 detenidos el 25-S, que habían sido imputados por intentar invadir “con fuerza, violencia e intimidación las sedes del Congreso de los Diputados”.

Todas estas circunstancias han llevado a los abogados de Legal Sol a dar marcha atrás en su estrategia y no volver a comunicar las concentraciones una vez reabierto el debate en asambleas: “Porque no podemos retroceder en nuestras conquistas, porque sabemos que es mentira que la represión sea menor si se comunica y, sobre todo, porque queremos que el derecho de reunión y manifestación que nos asiste se ajuste a los tiempos actuales, y no caiga en burdas estrategias criminalizadoras por parte de aquellos que justamente deberían garantizar nuestros derechos, desde la Comisión Legal no somos partidarios de comunicar las concentraciones ni manifestaciones”.

La próxima gran prueba de lo que puede ocurrir se producirá el próximo 25 de abril. A partir de esa fecha, la Plataforma ¡En Pie! hace un llamamiento a la ciudadanía para asediar el Congreso de forma indefinida hasta “forzar la dimisión del gobierno, la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, y el inicio de un proceso de transición hacia un nuevo modelo de organización política, económica y social verdaderamente justo y solidario, liderado por el pueblo”. Con toda seguridad, esa convocatoria no será formalizada. De momento, además, ha dividido a los movimientos indignados: el 25-S la apoya, el 15-M no, y en Democracia Real Ya existe división de opiniones.

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