Ada Colau: «Ni el premio de la Eurocámara ni el esperpento del PP cambiarán la marcha de la PAH»

Calientes los preparativos de la manifestación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que se celebra esta tarde en Madrid. Calientes por el reciente premio del Parlamento Europeo, que acaba de reconocer a la PAH como Ciudadano del Año 2013. Y recalentados tras las declaraciones explosivas del expresidente del Partido Popular en Euskadi, hoy eurodiputado, Carlos Iturgaiz, anunciando que su grupo recurrirá este premio y comparando, de manera escasamente velada, a la PAH con la organización terrorista ETA y con su brazo político. “Hoy con estas reglas nos ha tocado este mal trago de Ada Colau y mañana puede venir un partido político, que está en la memoria de todos, presentar a sus candidatos y que nos metan otro gol", ha declarado el derechista santurzano.

El premio de la Eurocámara es el segundo knock-out de las neoliberales instituciones europeas contra las políticas españolas de protección a la banca en el tema de las hipotecas y desahucios. El primer gancho mortal llegó el pasado 14 de marzo, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denunció la ilegalidad de las ejecuciones hipotecarias españolas e instó al gobierno de Mariano Rajoy a modificar la ley.

Ada Colau, en conversación telefónica con cuartopoder.es, quita importancia a la incidencia que el premio, o cualquier declaración política, puedan tener en la convocatoria de esta tarde: “En la manifestación tiene que hablar Madrid. La PAH no va a modificar sus forma de hacer las cosas ni por un premio ni por el comportamiento antidemocrático y esperpéntico de Carlos Iturgaiz y del PP. Esas cosas no nos importan, no nos importaron, ni nos importarán nunca. Lo que diga la ciudadanía es lo que nos importa, porque la ciudadanía son los nuestros”, señaló.

Se le dice a Ada Colau que qué raro. Que dos instituciones tan poco sospechosas de beligerancia con las políticas neoliberales de la Troika, cual son el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la UE, hayan propinado este par de zurriagazos a las connivencias del PP y el PSOE y otras tantas formaciones políticas con los abusos de la banca en el tema hipotecario, en los desahucios, en las deudas eternas y en la negación de la dación de pago como solución a la ruina de las familias. “Lo que está ocurriendo en España es tan anómalo que hasta el parlamento y la justicia europeas, neoliberales, se han hecho sensibles a la situación que se vive aquí. Pero no nos equivoquemos. La salvación no nos tiene que venir de Europa. La salvación viene desde la ciudadanía”, sentencia. “Hace tiempo que el PP se ha quedado solo con su estrategia de no dejar de decir barbaridades”.

Los últimos acontecimientos han eclipsado los verdaderos motivos de la manifestación que se celebra hoy en Madrid. Exigir responsabilidades, incluso penales, a los políticos, financieros y administrativos que han consentido 400.000 ejecuciones hipotecarias en España desde el arranque de ese extraño periodo al que se llama crisis, donde no hay menos pan, ni menos leche, ni menos carne, ni menos pescado, ni menos agua, ni menos viviendas, y que, sin embargo, ha llevado al hambre y a la calle a muchos miles de españoles mientras los directivos de las grandes empresas siguen presumiendo de beneficios y los banqueros cobrando bonus millonarios: “La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha evidenciado que existen responsables políticos y administrativos de la no trasposición a la normativa española de la Directiva Europea 93-13, en grave perjuicio para los deudores habitacionales, con el resultado de centenares de miles de ejecuciones y desahucios ilegales realizadas por los tribunales a instancia de las entidades financieras. Cientos de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos exigen que se depuren responsabilidades. La actividad del capital financiero ha sido criminalmente responsable de la situación actual mientras resulta clamorosa la inacción de los poderes públicos –Ministerio del Interior, Fiscalía y Judicatura– o, más allá, sus actuaciones en defensa directa de sus intereses. Criminalizando, por contra, la práctica política de resistencia de los colectivos que se oponen a esta actividad especulativa”, señala en su manifiesto de convocatoria la PAH.

“Las hipotecas basura fueron creadas por las entidades financieras durante la burbuja inmobiliaria. La comercialización de hipotecas se ha mostrado altamente perjudicial y ha seguido una práctica generalizada que no podemos denominar nada más que como una estafa sistemática. Las entidades financieras engañaron acerca de los verdaderos riesgos que corrían las personas al firmar una hipoteca. Comercializaron productos financieros altamente tóxicos con el dramático resultado de centenares de miles de ejecuciones hipotecarias, desahucios y deudas perpetuas, basados en una norma declarada ilegal por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013”, añade el manifiesto.

De momento, el Gobierno ha movido pieza para driblar en lo posible la sentencia del TJUE: la Ley 1/2013 de “medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social” establece un plazo sumarísimo de apenas un mes a los afectados inmersos en procedimientos de ejecución hipotecaria para poder ejercer su defensa en el proceso. Plazo que parece escaso para organizar la defensa fundamentada de los intereses de ciudadanos con pocos recursos, frente a los apisonadores aparatos leguleyos que los bancos están poniendo en marcha.

“Este plazo comenzó a correr el pasado día 16 de mayo de 2013 y terminará el próximo 16 de junio de 2013. Una vez más, el Gobierno somete a los afectados a una carrera de obstáculos para poder defenderse mínimamente frente a las entidades financieras. Pero este es solo uno de los aspectos que rechaza la PAH de la ley”, denuncia la PAH.

La marcha de esta tarde partirá a las siete de la tarde de la calle Velázquez, 66 (sede de la Asociación Española de Banca), hará una parada en el Ayuntamiento de Madrid y otra en el Banco de España, y terminará su recorrido frente a la Audiencia Nacional.