Legal Sol advierte de que la policía y Gallardón pretenden ‘hackear’ al 15-M

En varias reuniones de Legal Sol, brazo jurídico del 15-M, ya se ha tratado el tema de que los ordenadores de destacados activistas de los diferentes movimientos sociales puedan haber sido hackeados por la policía. Es decir, intervenidos por medio de técnicas de espionaje informático para interceptar sus comunicaciones. Concretamente, a través de la inoculación en sus ordenadores de los denominados troyanos. A los troyanos, ya hace una década, se referían con palabras escasamente amables Carlos Míguez, Justo P. Agudín y Mariano Matas en La biblia hacker publicada por Anaya (2003): “Estos programas suelen ser terribles, ya que dan el control total de nuestro sistema a un atacante (…). Los troyanos por lo general suelen ser relativamente simples de programar, pues tan solo abren un puerto en la máquina víctima y se quedan a la escucha (…). Los hay desde los realmente sencillos y limitados hasta otros que toman el control de la máquina e, incluso, el atacante es capaz de ver el mismo escritorio que la víctima, mover su ratón, apagar el sistema y un montón de fechorías”.

Pero el problema no es solo policial. Legal Sol ha elaborado un extenso informe en el que denuncia cada una de las modificaciones del futuro Código Penal del ministro Alberto Ruiz-Gallardón -en fase de anteproyecto de ley- destinadas a hacerle la vida más difícil a los movimientos sociales. “Es un Código Penal diseñado para criminalizarnos”, señalan desde Legal Sol. “Y especialmente dirigido a penalizar nuestro trabajo en la calle. Se centran en dos objetivos concretos: la resistencia pacífica y nuestra capacidad de convocatoria”. El hackeo policial y judicial sobre los movimientos sociales puede, según ellos, convertirse en norma legal.

La palabra espionaje estuvo siempre muy de moda. Pero, hace solo unos días, el presidente de EEUU, Barak Obama, la sacudió hacia otro contexto al admitir y defender que su FBI y su Agencia de Seguridad Nacional espió indiscriminadamente a los ciudadanos y atentó contra su derecho a la privacidad. Posibilidad que nuestro futuro CP contempla de forma bastante impúdica. Nueva redacción del artículo 559: “La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año”.

Según Legal Sol, “el artículo pone en riesgo tres derechos fundamentales”:

1º.- Secreto de comunicaciones, Artículo 18.3 de la constitución. Para los mensajes remitidos por correo electrónico y/o teléfono móvil. Puede suponer una intromisión ilegítima de los poderes públicos en las comunicaciones de muchas personas. La amplitud de la prohibición y la falta de concreción puede implicar un riesgo de intervención de las comunicaciones ajenas, sobre todo teniendo en cuenta la falta de controles democráticos del llamado sistema Sitel (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones).

2º.- Tanto para los mensajes remitidos por correo como los enviados a través de redes sociales supone un ataque a la libertad de expresión protegida en el artículo 20 del texto constitucional: Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

3º.- Es un principio esencial del sistema democrático el de que las opiniones no delinquen, consecuencia de la libertad de opinión que sustenta el derecho a expresarse libremente.

Las vigilancias (o espionajes) de las comunicaciones del 15-M están, incluso, avaladas por una normativa de la Unión Europea desde abril de 2010. Coincidiendo con la presidencia española de la cosa bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La aprobación del documento 8570/10 da carta de libertad a la vigilancia y compilación indiscriminada de datos sobre ciudadanos sospechosos de “radicalización”. Aquí, el adjetivo radical parece nacer etimológicamente menos de la raíz que de innumerables, arbitrarios y muy feraces brotes, pues incluye a personas y movimientos de “extrema izquierda o derecha, nacionalistas, religiosos o antiglobalización”. Por ejemplo, Esperanza Aguirre considera que Cayo Lara es de extrema izquierda. Y Cayo Lara calificaría a Esperanza Aguirre de activista de la extrema derecha. Por tanto, el abanico de personas investigables o espiables, según el muy europeo documento 8570/10, se extiende como el derrame de un petrolero en el océano: dependiendo de que las corrientes democráticas derroten la mancha hacia este u oeste, hacia derecha o izquierda.

“Habrá que tener mucho más cuidado a la hora de convocar a través de las redes sociales. Antes, esto entraba en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana. Con el nuevo Código Penal, podría castigarse una convocatoria con el CP en la mano. No estaríamos hablando de sanciones administrativas, sino, ya, de un delito”, advierten desde Legal Sol.