Castor: altos cargos del gobierno de Zapatero y la empresa de Florentino Pérez ocultaron el peligro sísmico

Imagen de archivo de Plataforma ubicada en el Delta del Ebro para almacenar gas en el llamado proyecto Castor. / Efe
Imagen de archivo de Plataforma ubicada en el Delta del Ebro para almacenar gas en el llamado proyecto Castor. / Efe

La magistrada Carmen Ballesteros Escribano, del Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Vinaros (Castellón), emitió el lunes un auto en el que imputa por presuntos delitos de «prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales» a 18 personas vinculadas al fallido proyecto Castor de almacenamiento submarino de gas natural en aguas del Mediterráneo. Entre los acusados se encuentran cinco altos cargos de los ministerios de Industria y Medio Ambiente de José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente y otros cuatro miembros del consejo de administración Escal UGS SL, cuyo accionista mayoritario (66,6%) es la ACS de Florentino Pérez.

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En su auto, la juez Ballesteros ve indicios de que tanto los responsables políticos de impulsar el proyecto como la empresa concesionaria de la explotación del almacén gasístico ocultaron informes que advertían del peligro de movimientos sísmicos en la zona que podrían afectar a la población y a las infraestructuras civiles. El almacenamiento de gas, a 1.700 metros de profundidad y a solo 22 kilómetros de Vinaros (28.000 habitantes), fue interrumpido el 16 de septiembre de 2013 tras producirse los primeros terremotos de magnitud considerable. Se calcula que el cese de la actividad gravará a los consumidores españoles con 4.700 millones de euros a través en las facturas que abonarán entre 2016 y 2046. De momento, el Gobierno ya ha desembolsado 3.150 millones como indemnización por detener la explotación.

Asegura la magistrada que antes del cierre de actividad «ya constaba en los estudios internos de Escal UGS que la magnitud máxima de los seísmos podría alcanzar 4,8 Mw [escala de Magnitud Momento]. A pesar de lo expuesto, la mercantil Escal no paralizó las actividades de inyección de gas, haciendo caso omiso de las varias advertencias efectuadas directamente por el Observatorio del Ebro», fundación dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En el caso de los altos cargos y técnicos de la administración imputados, también la juez Ballesteros ha rastreado informes sospechosos y susceptibles de ser investigados por si existió algún tipo de presión política para que los estudios técnicos sobre el peligros sísmico fueran suavizados. En concreto, el auto detalla dos emitidos por el Instituto Geológico [adscrito al Ministerio de Industria] en fechas distintas y con conclusiones diametralmente divergentes.

El primero data del 23 de enero de 2007 y explicita que «no existe ninguna referencia a la existencia de fallas activas» ni «a la posibilidad de inducir seísmos», y se emitió apenas un año después de que Escal y ACS solicitaran la concesión. El segundo es del 23 de diciembre de 2013, ya con la explotación paralizada, y reconoce que «la sismicidad relacionada con estas actividades puede llegar a producir terremotos dañinos en las infraestructuras civiles».

Por todo ello, a instancias de las diligencias incoadas de oficio por la Fiscalía de Castellón, Ballesteros ha decidido «analizar la relevancia jurídico-penal que pudiera derivarse tanto de la tramitación y autorización [política] del proyecto por las autoridades competentes, como de la actuación de la mercantil Escal [como] adjudicataria del mismo».

Joan Ferrando es portavoz de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, un colectivo vecinal que «lleva siete años gastando tiempo y dinero para desmantelar el proyecto Castor«. De hecho, Ferrando se declaraba arrepentido de no haber personado a la plataforma como acusación particular: «Eso habría dado más fuerza a este juicio, pero somos un simple colectivo ciudadano de trabajadores y no podemos cargar con el gasto que puede suponer un proceso así, con los recursos judiciales que va a haber y todo eso».

Aunque Ferrando se congratula de la velocidad con la que se ha emitido el auto desde la actuación de la Fiscalía, lamenta el sesgo político de la investigación. «La denuncia de la Fiscalía solo contempla las acciones políticas realizadas en época de Zapatero. Pero ya con el Gobierno del PP, nosotros también creemos que hay delito en el proceso de construcción del proyecto», señala.

También valora el hecho de que gracias al procedimiento se van a desvelar el «oscurantismo» y las «ocultaciones de informes sobre peligro sísmico» que manejaban tanto técnicos y cargos de la administración como la empresa. «La falla de Amposta está catalogada y estudiada desde hace muchos años. Ya en los años 70 la petrolera Shell había extraído petróleo allí y cerró la explotación precisamente a causa de los movimientos sísmicos. No pueden decir que no fueran conscientes del peligro».

El portavoz de Equo, Juan López de Uralde, añade otro matiz a la importancia de esta investigación: el económico. «Con un sobredimensionamiento de todo el parque gasístico español, el proyecto Castor parecía más destinado a especular con el gas almacenado que a cualquier otra necesidad». El antiguo pozo petrolífero puede almacenar casi 2.000 metros cúbicos de gas natural, que podrían cubrir el consumo español durante cerca de dos meses.

Tanto Equo como la Plataforma del Sénia han sido voces muy activas a la hora de demandar al Gobierno que no indemnizara a Florentino Pérez por la paralización de la obra. Pero el 10 de julio pasado el Tribunal Supremo desestimó el recurso del Estado contra la indemnización. El mantenimiento de la plataforma, que no se desmantelará, costará unos 100 millones de euros anuales.