Violencia y desprotección para las refugiadas de Centroamérica

Nuria dijo “no”. Ese fue el desencadenante de todo lo que vino después. Acoso, persecuciones, un secuestro y una fuga. “Llegué a España huyendo como una delincuente. No pude presentar una denuncia por acoso, chantaje o intento de secuestro.Todo porque un hombre se encaprichó conmigo”, relata ante los asistentes en una sala del Ayuntamiento de Madrid. A las jornadas, convocadas por la Asociación Mujeres de Guatemala pocas horas antes del Día Internacional de las Personas Refugiadas, acudieron unas 110 personas durante todo el día.

El acosador era el jefe de una poderosa mara de Honduras. Su hostigamiento, unido a la impunidad, acabó provocando que Nuria decidiera marcharse ante la imposibilidad de tener relaciones con él. Al llegar a España se encontró con la puerta cerrada: le denegaron el derecho de asilo. Nuria no es una excepción: las mujeres del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) sufren las violencias más crueles y, además, se encuentran desprotegidas cuando intentan salir de ellas.

Nuria se sienta en la tercera mesa redonda del día. Las lágrimas le obligan a parar la narración varias veces. Cuenta cómo intentó denunciar en una comisaría acompañada de su pareja: “Salimos de allí asustadas porque fuimos presas de amenazas, burlas y acoso”, explica. “¿Entonces, quién te ayuda?”, se pregunta tras contar que el mismo policía que las atendió les insinuó que podría avisar al jefe de la mara de sus intenciones. 

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El agente consiguió su propósito: Nuria se fue sin poner la denuncia, pero el acoso siguió. Él vigilaba su casa 24 horas hasta que finalmente consiguió secuestrarla. «Pensé que no salía de ahí», recuerda ahora. Pero salió y logró escapar. Fue el punto final: su familia la mandó a la península en un avión a la espera de que todo se calmara. 

Asesorada por CEAR pidió el asilo y para su sorpresa, le denegaron la solicitud sin ni siquiera tener una entrevista personal. “Me encontré con un trato nada comprensivo”, recuerda sobre los funcionarios que la atendieron en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR). Arsenio G. Cores, abogado experto en Derechos Humanos, pone cifras a la historia de Nuria: el Estado español solo otorga protección al 2,78% de las solicitudes de asilo que llegan de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Desde 2008 a 2014, solo hubo 565 solicitudes de esos países, pero a partir de 2015 se dispararon los dos primeros, sin que las concesiones lo hicieran en el mismo sentido, tal y como explica este letrado. En 2017, hubo 1.150 peticiones solo de El Salvador. Aunque la sociedad española presuma de solidaria, nunca ha sido un país generoso con la acogida: “Es hostil para las personas refugiadas desde hace muchos años”, explica.

Cores concreta esta desprotección desgranando varios factores. El primero, esa concepción del asilo como un “regalo” y no como un “derecho». El segundo, varias complicaciones legales: “Tenemos una ley del año 2009 sin reglamento”.

Según explica, España se “olvidó” de transponer algunos puntos de las directivas europeas, como “la obligatoriedad de usar la información del país de origen para fundamentar las decisiones”. Según este experto, hay demasiado margen para la arbitrariedad y la mayor parte del rechazo de solicitudes se basan en la “credibilidad” de la víctima, un parámetro subjetivo. “¿Qué pruebas tenía Nuria? Solo su testimonio. Quizá si hubiera tenido la posibilidad de explicarlo en una entrevista, la resolución hubiera sido distinta”.

Nuria llegó a la Península en avión. Sin embargo, Eva Menéndez Sebastián, de ACNUR, puso el acento en la travesía que abordan estas mujeres antes de llegar a los países receptores, especialmente aquellas que llegan a pie o por mar a las fronteras. “Nos preocupan las dificultades que tienen muchas migrantes al salir de sus países de origen. Para ello, se ponen en más situaciones de riesgo y están expuestas a nuevas violencias en ese tránsito. A veces acaban en redes de trata”, explica esta doctora en Derecho. “Muchas mujeres no se reconocen como refugiadas porque no saben que tienen derechos, ni lo que es el asilo. Por eso, es necesario que los agentes que entráis en contacto con ellas os pongáis las gafas del enfoque de género”, explicó.

Lolita Chávez insufló energía a la mesa. Es menuda, pero revolucionó al auditorio. Esta activista ecofeminista llegó desde Guatemala a España como refugiada en el programa de acogida temporal del País Vasco. «Saludos al pueblo vasco, no se imaginaban a quien traían de allá», bromeó provocando una carcajada en la sala.

En su discurso, apuntó más allá: “Hay responsabilidad de Europa en lo que está pasando allí, sé que duele escucharlo”, interpela a los asistentes sobre cómo las empresas fagocitan los recursos naturales en su país. Esta defensora también se tuvo que marchar. Echa de menos su tierra, pero sabe que llegó aquí con el propósito de dar a conocer su causa y crear nuevas alianzas: “En mi país estoy acusada de un montón de cosas, ya soy prácticamente una presa política”, adelantaba.

Es consciente de que su actividad como lideresa del Consejo de Pueblos K´iche` condiciona su vuelta. En la península ha encontrado «mucha hipocresía», pero también esperanza: la de un feminismo comunitario que una conciencias femeninas en los dos lados del Atlántico.