Con permiso de residencia, pero sin tarjeta sanitaria: nace el Colectivo de Afectadas por el INSS

Siete sentencias contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que han resultado favorables, cuatro casos más pendientes de juicio y una decena de personas que decidieron no denunciar. Es el balance que hace el Colectivo de Afectadas por el INSS, que se ha presentado este martes en la librería Traficantes de Sueños en Madrid. Denuncian que este organismo «está sistemáticamente denegando la tarjeta sanitaria a padres y madres de ciudadanos de la Unión Europea con permiso de residencia en España». Pese al cambio de Gobierno, avisan de que las personas migrantes reagrupadas siguen teniendo problemas y de que el nuevo borrador de Sanidad puede dejar lagunas. 

«La primera vez que fuimos a una oficina de la Seguridad Social fue en noviembre de 2014. Nos dijeron que de acuerdo con el Real Decreto Ley 16/2012 no teníamos derecho a la asistencia sanitaria«, ha explicado Olga, que lleva 20 años viviendo en España. Hace cuatro, su madre se trasladó a España para vivir con su hija y decidieron acudir a un Centro de atención e información de la Seguridad Social para informarse sobre la tarjeta sanitaria. Allí recibieron el primer no, pero decidieron reclamar su derecho ante el INSS de la Dirección Provincial de Madrid. Se lo volvieron a negar y les «informaron de que podían contratar un seguro médico con un coste de 179 euros al mes».

«Tenía algunas carencias: no cubría aparatos ortopédicos, ni medicamentos, ni hospitalizaciones», ha relatado. Al ver que no podían asumir ese gasto, lo dejaron pasar… hasta que su madre enfermó. Entonces, se encontraron con el grupo Yo Sí Sanidad Universal e iniciaron «un camino lleno de incertidumbres» que ha acabado con un final feliz: el Juzgado de lo Social le ha reconocido finalmente el derecho a la tarjeta sanitaria.

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«Seguro que hay cientos de personas que se habrán quedado sin el INSS por no haber ido más allá o por desconocimiento», ha explicado Patricia, otra de las afectadas. Acudió con su padre a Urgencias por una hemorragia. Para que les atendieran en el hospital público tuvieron que pagar una factura de 200€. Ahí se dio cuenta de que necesitaban la tarjeta sanitaria y comenzaron la pelea. Sin embargo, en la plataforma son conscientes de que no todo el mundo se atreve a enfrentarse a la Administración. Por eso, animan a los afectados a que se acerquen a buscar asesoramiento en este tipo de organizaciones.

Tras más de 40 sentencias a su favor, el abogado Yuk Sánchez cree que ya hay un corpus suficiente como para afirmar que las decisiones del INSS son «manifiestamente ilegales». A su juicio, hace una interpretación errónea de la legislación al «mezclar» la Ley de Extranjería y «presuponer que las personas con permiso de residencia tienen un seguro privado».

«Decepcionados» con los planes del nuevo Gobierno

Pese al compromiso del nuevo Gobierno por restablecer la sanidad universal, la plataforma denuncia que por el momento no ha habido cambios y que las denegaciones se siguen produciendo. Irene Rodríguez, portavoz de la plataforma, ha afirmado que están «decepcionados» tras leer el borrador del Ministerio de Sanidad, ya que sigue sin reconocer «la titularidad de derechos de todas las personas por igual» y mantiene la «segregación entre personas sin papeles y las que tienen permiso de residencia «. Además, creen que aún hay lagunas que tienen que resolver: «El hecho de que la normativa no sea clara va a mantener la exclusión sanitaria».

Por ello, le han puesto «deberes» al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. A la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, le piden que «haga que el INSS regrese a la legalidad»  y «que cese en la denegación de la tarjeta sanitaria a las personas que de acuerdo con la ley deberían tenerla». A la ministra de Sanidad, Carmen Montón, le exigen que en la nueva normativa «tenga en cuenta que hay muchas personas que han quedado excluidas por la interpretación que se ha hecho de la norma actual» y que la nueva legislación «no dé lugar a la arbitrariedad en su aplicación».  

Por último, a la Delegación  del Gobierno le exigen que «cesen en la amenaza de retirar el permiso de residencia a las personas que reclaman su tarjeta sanitaria», una circunstancia que puede acabar haciendo que muchos decidan no iniciar los procesos judiciales por miedo a las represalias.