Las claves de la ley de la PAH, la defensa del derecho a la vivienda que afecta a todos

Actualizado el 19/09/2018

Los vetos del Gobierno de Mariano Rajoy han retrasado la proposición de ley de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) durante nueve meses, pero finalmente este martes ha sido aceptada su toma en consideración en el Congreso de los Diputados. Los grupos de Unidos Podemos, ERC, EH-Bildu, PDeCAT y Compromís han votado a favor, PP y Ciudadanos se han pronunciado en contra. El PNV finalmente ha optado por una abstención que ha favorecido la salida adelante de la medida. Con casi diez años de lucha a las espaldas, los miembros de la plataforma antidesahucios creen estar ante “un paso de gigante” para hacer realidad “el derecho a la vivienda en España”.

Desde 2013 hasta hoy, se han producido en España más de 700.000 desahucios por impago de la hipoteca. Solo en el primer trimestre de este año, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se han producido 16.000. “Aspiramos a que esto se corte y no sea necesario más sufrimiento. Las familias han sufrido mucho y estamos hablando de muchísimos suicidios. Es una situación dramática. Surge de nuevo la esperanza ante esta situación tan ilegítima e irracional”, explica a cuartopoder.es Paco Morote, portavoz de la PAH.

La PAH llevó al Congreso en 2013 una iniciativa legislativa avalada por 1,5 millones de firmas, que el PP transmutó en la Ley 1/2013, denostada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias ocasiones, según recuerdan los activistas antidesahucios. En este segundo intento la propuesta ha irrumpido por fin en el Parlamento de la mano de Lucía Martín, portavoz de En Comú Podem y antigua activista de la plataforma.

A partir de ahora se abre un periodo de enmiendas para los partidos. La PAH advierte que seguirá muy de cerca el desarrollo de la norma en el Parlamento para que su propuesta no se convierta “en otra cosa”, así como para que no haya “retrasos o dilaciones injustificadas”. “Estamos creando una burbuja de venta y alquiler y hay una situación de emergencia habitacional”, subraya Morote. Estos son los aspectos clave de la norma impulsada por la PAH:

Dación en pago retroactiva

Las cláusulas abusivas de las hipotecas en España ya han sido declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como consecuencia, según considera la PAH, se debe cancelar la deuda de todas estas víctimas, que quedaron en la calle. Se consideraría que las personas con este problema saldaron su deuda al entregar la casa. La proposición de ley también establece mecanismos de segunda oportunidad para la concesión de la dación en pago retroactiva.

Alternativa habitacional

La proposición de ley contempla que no se produzca ningún desahucio sin alternativa habitacional. España incumple las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU para garantizar la alternativa de vivienda cuando se produce un desahucio. La propuesta de la ley de la PAH extiende la actual moratoria de desahucios a todos que tienen primera y única vivienda. Además, plantea a bancos y grandes tenedores la obligación de ofrecer un alquiler social antes de la ejecución del desahucio.

Modificación de la LAU

Una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para permitir un mayor margen a las corporaciones locales para frenar “aumentos abusivos” del alquiler. Esta es una de las líneas rojas de En Comú Podem para apoyar los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno socialista. La proposición de la PAH también incluye que los contratos de alquiler sean indefinidos, salvo para aquellos pequeños propietarios que vayan a utilizar sus viviendas en un futuro, que podrían realizar contratos por un máximo de cinco años. Así se permite luchar contra “la burbuja del alquiler” que provoca la subida de los precios cada tres años –la duración del contrato-- e impide a las familias realizar proyectos a largo plazo.

Aumento del parque público de vivienda

La proposición de ley plantea también que las viviendas cerradas sin uso, que pertenezcan a grandes propietarios, puedan ser utilizados por la Administración Pública. En España, debido en gran parte al problema de los fondos buitre, el parque público de viviendas no llega al 2%, mientras que en Francia, por ejemplo, supone un 20%, argumenta la PAH.

Pobreza energética

La norma también quiere erradicar la pobreza energética que, según indica la PAH, acaba con la vida de 7.000 personas al año por accidentes derivados –incendios, asfixia etc.--. La propuesta que llega al Congreso es que se establezca un principio de precaución basado en la garantía de imposibilitar cortes de agua, luz y gas mientras que no se haya comprobado la situación del hogar afectado. Asimismo, se plantea que estas deudas sean asumidas por las compañías suministradoras, ya que “utilizan recursos públicos” y se busca su "implicación" en el problema, argumentan desde la plataforma.