Recortes y humo en la frontera sur

Salvamento Marítimo remolca un velero averiado. Salvamento Marítimo localiza a un buceador perdido. Salvamento Marítimo hace una exhibición de rescate para un grupo de escolares. Salvamento Marítimo recupera el cuerpo sin vida de una tortuga marina. En esto consiste desde hace meses la actividad diaria de esta institución según la información que aparece en sus redes sociales.

Entre sus publicaciones lo mismo hay consejos sobre el uso de chalecos salvavidas que mensajes sobre reciclaje o imágenes de ballenas surcando tranquilas el Mediterráneo. Lo que no hay, por más que se busque a fondo, son pateras.

Hace solo un año, Salvamento rescató a cerca de cincuenta mil personas en aguas del Estrecho y Alborán, el Mediterráneo occidental se convirtió en la principal ruta migratoria hacia Europa (tras el cierre de Italia y Grecia) y en la segunda más mortífera después del infierno libio, el reporte de personas rescatadas y desaparecidas en la frontera sur fue constante y diario. Pero ahora no hay nada, ni rastro. Forma parte de la nueva política de comunicación de esta entidad pública o, como han denunciado varias ong y sindicatos de periodistas, de un premeditado “apagón informativo”. Sea como sea, los migrantes se han esfumado - los han esfumado- y las consecuencias han sido inmediatas. Si no hay nadie que rescatar no hacen falta rescatadores.

“Desde diciembre se ha reducido el número de tripulantes, precisamente coincidiendo con el apagón informativo”. Quien habla es Manuel Capa, trabajador de Salvamento Marítimo desde hace ocho años y delegado sindical de CGT, el sindicato mayoritario en esta institución.

Ellos fueron quienes denunciaron el verano pasado la situación de desamparo de los equipos de rescate, sin personal ni medios suficientes para socorrer con seguridad al creciente número de personas que naufragaba en nuestras aguas. Tras una fuerte campaña de presión en redes sociales –bajo el lema #MásManosMásVidas-, los trabajadores consiguieron refuerzos. Concretamente se concedió un cuarto tripulante más en las lanchas de intervención rápida o salvamares y se estableció un tercer turno para aliviar la carga de trabajo y facilitar los relevos.

“Antes la frecuencia de trabajo en las salvamares era de siete días de trabajo y siete de descanso, pero siete días a piñón, con doce y trece horas navegando. La gente tenía agotamiento físico, psicológico y estrés por la sobrecarga. Por eso llegamos a un acuerdo, conseguimos consolidar esas terceras tripulaciones para acortar los tiempos de trabajo a tres días y seis de descanso”, explica Capa. Y ahora se las han vuelto a quitar.

A las puertas de la época con mayor flujo de pateras, las salvamares que protegen el mar desde Cartagena a Tarifa – precisamente las embarcaciones que más salen al aviso de un naufragio- vuelven a estar “bajo mínimos”. Desde Salvamento argumentan que ya no estamos en situación de emergencia y que los datos actuales de llegada de pateras “no permiten justificar esos refuerzos”.

Sin embargo, como insiste el portavoz sindical, “lo de 2018 no fue algo puntual. La inmigración es algo estructural y por tanto las unidades de salvamento tienen que contar con todos los medios humanos necesarios”. De no hacerlo – asegura Capa- se estará poniendo en peligro tanto a los migrantes, como a la tripulación.

El apagón y los recortes – denuncian desde CGT- forman parte de una misma operación de “maquillaje”, una cortina de humo para transmitir sensación de tranquilidad. Como si ya no pasara nada, como si nadie se echara ya al mar, como si ni un solo alma se estuviera hundiendo –ahora mismo- en nuestra frontera. La estrategia es tan simple que hasta un niño lo entiende, basta con tapar con las manos para que las cosas desaparezcan.

El problema es que, en realidad, siguen ahí. Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) desde el 1 de enero han cruzado por mar a España 7.803 personas y aunque ha habido un importante descenso de pateras en febrero y marzo, la actividad ha vuelto a reiniciarse “a partir del 28 de abril”, afirma Capa. Si no se ponen medios, si no se articula un dispositivo de rescate y acogida suficiente, cuando se acerque el verano no va a haber maquillaje que lo arregle.

Dejar hacer a Marruecos

Decenas de personas hacinadas en los puertos, obligadas a dormir en la misma cubierta de los barcos por falta de espacio. Migrantes – hombres, mujeres, niños- encerrados en polideportivos, en casetas de feria, en calabozos de comisarías. Migrantes – hombres, mujeres, niños – abandonados a sus suerte en una estación de autobús.

La imagen se repitió en bucle durante todo el verano pasado. El aumento en la llegada de pateras – un 165,4% más respecto a 2017- dejó en evidencia un sistema de acogida descoordinado y precario, totalmente desbordado por falta de previsión –en realidad Acnur llevaba meses avisando de que esto podía ocurrir tras el bloqueo de la ruta por el Mediterráneo central-.

Precisamente esa es la imagen que el Gobierno quiere evitar este año. Según publicó el diario El País el pasado enero, su intención es reducir a la mitad el número de llegadas. Y eso es bastante difícil teniendo en cuenta que la necesidad y la violencia no disminuyen en los países de origen – en Guinea, en Mali, en Costa de Marfil, en Argelia-.

Por eso, para conseguir su propósito, a España no le basta con mirar para otro lado, tiene que mirar hacia Marruecos. Por un lado, presionando para que la UE le dé cuanto antes al país vecino el dinero prometido – unos 140 millones de euros- a cambio de mantener sus fronteras bien cerradas.

Por otro, dejándoles a ellos el trabajo de los rescates. Hasta el año pasado más del 80% de las intervenciones en el mar eran desarrolladas por Salvamento Marítimo, muchas de ellas también en las inmediaciones de la zona de búsqueda y salvamento (zona SAR) de responsabilidad marroquí. El Gobierno de Marruecos autorizaba la intervención española debido a la pobreza de recursos de sus propios guardacostas. Pero este protocolo ha cambiado.

“Antes, cuando había un aviso de pateras nos movilizábamos rápidamente, ahora se espera a ver si Marruecos atiende”, explica Manuel Capa. Es decir, si de pronto España recibe un aviso y resulta que la patera todavía está en zona SAR marroquí, es cosa suya.

Ellos los auxilian, ellos se los llevan a sus puertos.

Organizaciones de derechos humanos ya han advertido de que Marruecos (al igual que Turquía) no es un puerto seguro para las personas migrantes, que allí sufren redadas, desalojos y traslados forzosos a la frontera sur del país, donde son abandonados. Según un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) publicado a principios de este año, el 52% de los migrantes – hombres, mujeres, niños- aseguran haber padecido abusos y violencia por parte de la policía y fuerzas del orden marroquís.

Sin embargo, esto no parece importarle a España donde cada día se promueve más la colaboración con el vecino. De hecho, ya se han producido “devoluciones en caliente” como la ocurrida en mayo en el islote Perejil, cuando siete supervivientes de un naufragio fueron directamente devueltos a las autoridades marroquíes a pesar de estar en territorio español.

Incluso se dan – aseguran desde CGT, desde Salvamento Marítimo lo niegan- devoluciones en alta mar. Como explica el delegado sindical, empieza a ocurrir en aguas del Estrecho que si un barco español llega primero a la ubicación de la patera debe esperar a la patrullera marroquí. Es decir, tiene que custodiar la patera pero no intervenir, a menos que la embarcación se hunda y haya vidas en peligro.

“Todo esto sólo va a provocar más muertes. Antes la gente cuando salía al mar sabía que nosotros les cogíamos, sabían que estaban seguros. Ahora van a seguir saliendo igualmente pero, si saben que Marruecos los va a rescatar, lo van a hacer a escondidas”, advierte Capa. “Para esquivar las patrulleras marroquís van a buscar la clandestinidad y la oscuridad en esos barcos tan precarios y sobrecargados. Van a ir desapareciendo en el mar. A nivel humanitario va a ser un desastre”.

Pero la intención a priori no parece ser la de resolver un problema humanitario. Más bien, la de resolver un problema de imagen.

Desmantelamiento

Manuel Capa lo tiene claro. Todos estos cambios en el protocolo y el funcionamiento de Salvamento Marítimo ocurren desde que el Gobierno de Pedro Sánchez creó en plena situación de emergencia durante el mes de agosto de 2018 un mando único para coordinar todas las labores de rescate y puso al frente a la Guardia Civil.

Eso, sumado a la intención de incorporar agentes armados en algunos barcos de rescate, ha despertado las alarmas entre los trabajadores. “No queremos llevar guardia civil a bordo, nosotros somos un ente público y civil. Ahora mismo tenemos miedo”, insiste el delegado sindical.

Miedo a una progresiva militarización de Salvamento Marítimo o, directamente, a su desmantelamiento. Porque, a pesar de haber sido condecorados por su esfuerzo y dedicación, reconocen sentirse ninguneados.

Un informe publicado en febrero de este año – en este caso por otro sindicato, CCOO- muestra la situación de precariedad laboral de estos guardianes del mar. Entre un 25% y un 30% de los contratos son eventuales. El informe denuncia además las largas jornadas de búsqueda, el agotamiento, el alto índice de fatiga y estrés. También las lesiones en hombros, cuello, piernas. En cada intervención suben al barco de media, entre dos tripulantes, a unas 55 personas que en muchos casos no saben nadar y casi ni pueden moverse, están totalmente entumecidos después de permanecer horas hacinados. Y eso solo en una patera, luego viene otra y otra.

A la difícil situación de los tripulantes de flota se suma la de los rescatadores aéreos, dependientes de una empresa subcontratada por Salvamento Marítimo - Babcock Mission Critical Services España-. Ellos están en huelga desde el 17 de mayo, cansados de las condiciones de trabajo, de tener que buscar a los náufragos a ojo – el radar lleva estropeado desde hace más de medio año- y de que encima la empresa quiera recortarles ahora entre un 13% y un 30% de su sueldo.

El temor al desmantelamiento de Salvamento Marítimo no es un temor infundado, hace muy poco la diputada andaluza de Vox Luz Belinda Rodríguez cuestionó públicamente su trabajo hasta el punto de llamarles alegremente “taxistas” o “autobuseros” del Mediterráneo. Un insulto que – como dice Manuel- les duele. Su misión y obligación es defender la vida humana en el mar, cualquier vida humana.

“Imagina lo que es llegar a una patera, sacar a todas las personas que hay y pensar que has terminado y luego ver que en el fondo quedan once muertos y recoger los cadáveres y meterlos en la lancha y que de camino se te mueran dos más. Esto es muy duro”, recuerda Capa. “Dicen que quitando los barcos quitamos el efecto llamada, pero eso no es cierto. La gente lo va a seguir intentando de todas formas. Lo que quitas son los testigos”.

¡2018 fue uno de los años más trágicos en el Mediterráneo occidental con 811 migrantes muertos. En lo que llevamos de año, ya se han registrado otras 158 muertes y desapariciones, incluida la de un bebé en la costa de Gran Canaria. Con o sin humo, la realidad – triste- vuelve a repetirse.