Rebelión en Carabanchel contra el fondo buitre al que Botella vendió vivienda pública

Conocer a los vecinos de la calle Jacobeo en Carabanchel es ponerle rostro a las personas que viven en las 1.860 viviendas públicas que en 2013 la exalcaldesa Ana Botella vendió a Fidere, parte del conglomerado del gigantesco fondo de inversión Blackstone. Las familias de este gran edificio colorido ven ahora como la renovación de sus contratos de alquiler contempla un aumento de 200 o 300 euros, es decir, una subida de hasta un 80% o un 100% en algunos casos. Para muchas de ellas es una cifra inasumible y han comenzado a organizarse para evitar hacer frente a un pago que consideran desproporcionado.

Algunos de los inquilinos accedieron a este enorme conjunto de viviendas, que ocupa los números 62, 64, 66 y 68 de la calle Jacobeo, cuando aun pertenecía a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid. Para poder alquilar sus casas, debían cumplir ciertos requisitos relacionados con el número de hijos o la nómina percibida.

Cuando en 2013 la finca pasó a ser propiedad de Fidere-Blackstone --el mayor casero de España--, la EMVS les informó en una carta de que su casa no perdería su protección como vivienda pública y no sufriría "alteración alguna en el plazo de su contrato, la renta abonar o las prohibiciones y limitaciones derivados de la normativa de vivienda" (ver misiva abajo). Pero más de cinco años después estas promesas parecen haberse esfumado.

Uno de los inquilinos más veteranos es Gonzalo (nombre ficticio), quien accedió en 2006 a la casa que ahora, después de que se hayan marchado sus hijos, comparte con su mujer. Ambos son pensionistas. “Yo empecé pagando 561 euros y en 2016 me hicieron un contrato por 100 euros más. Ahora me ofrecen un contrato por 900 y pico”, explica a Cuartopoder.es. Otro de afectados es R.C.G. (los vecinos prefieren permanecer en el anonimato), quien accedió a su vivienda ese mismo año. “Ahora pago 700. Fidere me propone pagar a partir del mes que viene y durante dos años 838 euros, el tercer año 875 euros y el cuarto año 959 euros. A todo esto habrá que sumar el IPC correspondiente a cada año”, indica.

Precios de mercado para unas viviendas que fueron una ganga para Fidere. El Tribunal de Cuentas condenó en diciembre del año pasado a la exalcaldesa Ana Botella y a siete miembros de su Gobierno a pagar 27,5 millones de euros por vender las viviendas públicas a fondos buitre a un precio “inferior al mínimo jurídicamente exigible”, generando un perjuicio al erario público de 25,7 millones de euros. El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid archivó la causa en enero, pero el Gobierno de Manuela Carmena, los afectados y el PSOE recurrieron y la Audiencia Provincial reabrió la causa el mes pasado.

Mientras el asunto se dirime en los tribunales, el tiempo juega en contra de unos 1.000 vecinos de la decena de bloques del Programa de Actuación Urbanística (PAU) de Carabanchel, popularmente conocido como La Peseta, quienes ya sufren o podrían verse afectados próximamente por la subida del alquiler que está llevando a cabo Fidere-Blackstone.

Las organizaciones a favor del derecho a la vivienda de la PAH y el Sindicato de Inquilinas insisten en que este “no es un caso aislado”, sino que este fondo de inversión “está realizando las mismas operaciones en todos los edificios que tienen en Madrid”, como en el Ensanche de Vallecas. “Imponen subidas abusivas a los vecinos y/o no renuevan el contrato”, explican. Por eso, llaman a estas familias humildes a resistir pagando el mismo precio de los alquileres en una campaña que han denominado "Bloques en lucha".

Un edificio en malas condiciones

Aunque los precios de las viviendas se disparan, salta a la vista que el bloque del PAU de Carabanchel está en peores condiciones que los de su alrededor. Los vecinos explican que, por dentro, las viviendas están en buen estado gracias al mantenimiento que ellos mismos han realizado durante años, pero que Fidere apenas se hace responsable del edificio. “Las paredes dan asco, la puerta y el ascensor se estropean cada dos por tres y lo reparan tarde con una chapuza. Las paredes del rellano las he pintado yo misma porque me da vergüenza recibir visitas”, explica Carla (nombre ficticio), una de las afectadas.

Además, no hay muchos sueldos de los que sacar tajada ya que la mayoría de las vecinos, según explican, cobran menos de 1.000 euros al mes. Con un plazo de cortesía, los burofax de Fidere dan dos meses a los inquilinos para decidir si optan por renovar o cancelar el contrato. Carmen (nombre ficticio) todavía se encuentra en esta tesitura. Ella accedió a esta vivienda hace tan solo tres años, cuando ya pertenecía al fondo buitre. En caso de que acepte, su alquiler pasará de 607 a 905 euros. “Trabajo con un contrato de obra y servicio y mi pareja es funcionario, pero con un sueldo muy bajo. Por circunstancias personales nos es imposible enfrentar un pago así”, indica.

Algunas familias han optado por no renovar el contrato mientras han pedido a Fidere un alquiler más razonable y otras vecinas se informan antes de que les llegue el temido burofax. Es el caso de algunas madres como Carla y Maribel (nombre ficticio). La primera vive con su marido y su hija pequeña. La segunda vive con su pareja y tres menores. Ambas tienen dificultades para llegar a final de mes en las condiciones actuales. No creen que puedan acceder a otros alquileres del barrio, donde sus hijos van al colegio. “Hoy amanecí con una torticolis, debido a la tensión que tengo en el cuello. Esto me está generando un estrés enorme”, cuenta Carla.

Al menos Carla y Maribel tienen un rato para charlar. En el bloque hay otras madres divorciadas, según cuentan, que se pasan el día trabajando para hacer frente a su alquiler actual. Serán las principales perjudicadas si les suben el alquiler. “El otro día conocí a una vecina que es madre soltera de dos niños y a la que no había visto nunca. Se pasa el día fuera y llega por la noche. A ella le han subido el alquiler 100 euros. Esa madre trabaja día y noche para poder pagar el piso. Dime quién cría a esos niños con esa madre ausente”, manifiesta preocupada.

¿Quiénes son los responsables?

Los vecinos piden a Fidere un alquiler razonable con una subida acorde al IPC, confiando en la buena fe de la socimi, pero sus viviendas son objeto de especulación desde que pasaron a manos del fondo de inversión. “Fidere tiene parte de la culpa, pero este abuso se conoce desde el Gobierno municipal, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. El problema es que no se toman medidas contra este fraude y que hay un decreto-ley blando que no limita los precios de los alquileres”, denuncia R.C.G.

"Esta situación de sufrimiento que Fidere-Blackstone está generando a miles de familias es completamente injusta. Este contexto se ha generado porque ha habido partidos políticos y gobiernos que han modificado leyes para facilitar que los fondos buitre puedan especular con nuestras viviendas y nuestras vidas", denuncian desde la PAH y el Sindicato de Inquilinas. Por ello exigen revertir los contratos de venta de vivienda pública a los fondos buitre y los privilegios fiscales a las SOCIMI. También piden la regulación de los precios de los alquileres y la movilización de vivienda vacía de los grandes propietarios.

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