Las ONG españolas se enfrentan a su criminalización sin avances desde Bruselas

  • La Justicia italiana se ha situado del lado del Open Arms y, además, señala a Italia y a España como posibles responsables de no promover el salvamento
  • La futura presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, pretende proponer un nuevo pacto migratorio a los países de la UE, pero no asume su cargo hasta diciembre

En junio de 2018 Italia rechazó por primera vez el desembarco de personas rescatadas por una ONG y, tan solo un día después, el Gobierno de Pedro Sánchez aceptó el desembarco del Aquarius en España. Más de un año después el panorama ha cambiado para las organizaciones, quienes han vivido el aumento paulatino de las trabas burocráticas, administrativas y legales a la labor que realizan. El desencuentro más importante se ha realizado hace unos días con el rescate de la ONG Open Arms, que finalmente consiguió desembarcar en Lampedusa a los 83 migrantes que le quedaban a bordo.

España argumenta que una organización, en este caso Proactiva Open Arms, “tiene licencia para salir en ayuda humanitaria, no para rescatar” y, por esa desobediencia, puede enfrentarse a una multa de hasta 901.000 euros, la paralización del barco e incluso la inhabilitación temporal de capitán. “Han querido encontrar una fórmula para prohibir algo que no se puede prohibir porque el salvamento a las personas es algo englobado en diferentes convenciones internacionales y en el Derecho Marítimo”, explica a cuartopoder.es Ricardo Gatti, jefe de misión del Open Arms.

El Open Arms recibió limitaciones a sus labores de rescate en su último despacho, el trámite administrativo necesario para salir de puerto. Además, la Marina Mercante española también reiteró por carta a la organización que se exponía a sanciones si navegaba o realizaba búsquedas activas en la zona SAR, aunque dejaba la puerta abierta a salvamentos “ocasionales u espontáneos”, acordes a la normativa internacional.

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“En el despacho se contemplaba que si se hacían salvamentos éstos tendrían que ser con la conformidad de las zonas afectadas. El primer rescate que se realizó fue a primeros de agosto, en alta mar, sin competencia de ningún estado, y el segundo se hizo en aguas maltesas y por indicación de las autoridades de Malta”, sostiene el coordinador legal de Open Arms, Jaime Rodrigo de Larrucea.

La Justicia italiana también se ha situado del lado del Open Arms y, además, señala a Italia y a España como posibles responsables de no promover el salvamento, de obligado cumplimiento internacional. La Fiscalía de Agrigento (Sicilia) indicó en un decreto emitido el martes que rescatar a las personas era una obligación para la ONG y que, según la Convención UNCLOS de la ONU, España “tiene que exigir que el comandante de un barco que lleva su bandera” ofrezca salvamento “a cualquier persona que se encuentre en peligro de vida en el mar”. Dicha convención, también obliga a los estados ribereños a “colaborar” con otros estados.

Desde MSF también han denunciado el aumento de las trabas a las organizaciones que ayudan a los migrantes en el Mediterráneo. El barco que la organización capitanea junto a Sos Mediterranée pudo desembarcar a 356 personas en Malta el viernes, 14 días después de su primer rescate. “Desde junio de 2018 ha habido más de 20 bloqueos en el mar y más de 3.000 personas han estado varadas durante días esperando alguna solución. El total de días que han estado bloqueados estos barcos (no solo de ONG) que han hecho operaciones de rescate ha sido de 200 días”, denunció en declaraciones a Europa Press la responsable de relaciones externas de Médicos Sin Fronteras, Raquel González.

Otras organizaciones más pequeñas como Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) son las que menos alternativas tienen para hacer frente al aumento de trabas administrativas y burocráticas. También las que se piensan salir dos veces antes de arriesgarse a una multa. El Aita Mari ha tenido que retrasar su salida desde el puerto de Pasaia, programada para este martes, por no haber conseguido los permisos de las autoridades. “Desde que pasó lo del Aquarius hemos tenido problemas. El Aita Mari ya estaba listo en noviembre y a día de hoy no ha hecho ninguna misión”, critica el capitan del barco, Marco Martínez.

Criminalización de las ONG por actores políticos

A pesar del continuas amenazas del “efecto llamada” que defienden determinados actores políticos, la llegada de inmigrantes a la UE no para de disminuir. El número de migrantes llegados a la UE de forma irregular en 2018 fue de 150.000, una caída del 92% respecto al pico de 2015. En concreto, en el Mediterráneo Central 45.505 migrantes y refugiados entraron en Europa por la vía marítima, un 30% menos respecto a los 64.836 que llegaron en el mismo periodo del año anterior. Al menos 859 migrantes han perdido la vida desde 2019, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Vox ha presentado ante la Fiscalía una denuncia contra el Open Arms por presunta “organización criminal para el tráfico de personas”. La 'tesis' de que las ONG colaboran con las mafias para su propio beneficio también la suscribe el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini. Sin embargo, los tres picos de salidas durante este año han coincidido con un momento en el que no había ninguna ONG en el Mediterráneo central. Según el estudio de Matteo Villa, del Programa de Migraciones y Europa del Centro de Gobernanza Global para ACNUR, las condiciones climáticas son las que determinan las salidas, no la presencia de las organizaciones en el horizonte.

Por su parte, el experto independiente de la ONU Obiora Chabíanedu Okafor alertó en un último informe enviado en julio al Consejo de Derechos Humanos sobre la represión a estas organizaciones que, explicó, no es nueva. “La criminalización de prestación de asistencia humanitaria” a refugiados y migrantes en situación irregular “menoscaba o vulnera, de manera considerable e injustificable, sus derechos humanos y es, pues, ilegal con arreglo a la normativa internacional”, sentenció.

La ineficacia de la UE a la hora de dar respuestas a la crisis

Bruselas ha sido muy cuestionada por su incapacidad de dar una solución a situaciones de emergencia como la última crisis con la ONG liderada por Óscar Camps y las personas rescatadas a bordo. La Comisión Europea ha repetido estos días que ninguno de los 28 le había solicitado un nuevo reparto y que no era su competencia comenzar el proceso. España eludió realizar el procedimiento, como parte de su estrategia de no acoger a más migrantes rescatados en el Mediterráno Central. Mientras, Salvini sacaba partido a su cara a cara con Open Arms, posiblemente como parte de un gesto atractivo para su campaña electoral.

Sin embargo, en la UE falta un protocolo de desembarco seguro y el convenio de Dublin, que rige para el reparto de refugiados, ha traído más quebraderos de cabeza que soluciones. La principal crítica es su falta de equidad, al volcar casi todo el peso en los países de primera llegada, donde deben registrarse las solicitudes de asilo. El proceso además vulnera los derechos de acogida de los propios refugiados.

La futura presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, pretende proponer un nuevo pacto migratorio a los países de la UE para acabar con situaciones como la del Open Arms. Sin embargo, la toma de posesión no será hasta noviembre. Por desgracia, aún queda margen para que se produzcan más crisis y nuevos desencuentros entre las ONG y los estados-miembro.