Varias organizaciones desaprueban el sistema de asilo español ante la ONU

En enero España se examina en materia de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como todo país miembro debe hacer cada cinco años. Varias organizaciones españolas han presentado un informe para este Examen Periódico Universal (EPU) que incide en los déficits del sistema de asilo en España. Las organizaciones recogen en dicho documento las “expulsiones exprés” en Melilla, las malas condiciones de las personas solicitantes retenidas en Barajas o la falta de garantías y lentitud en el procedimiento.

El Informe sobre la situación de los derechos humanos en el sistema de protección internacional y de asilo ha sido elaborado por la Plataforma para el EPU por los derechos de las personas refugiadas (PlatRefugio), integrada por una veintena de organizaciones como Red Acoge, Irídia o Provivienda. En el mismo se recuerda que en 2015 España asumió el compromiso de acoger, en el plazo de dos años, a más de 17.000 personas, pero vencido el plazo ni siquiera se había alcanzado el 13% de esa cifra. Además, a finales de 2018 quedaban pendientes por resolver 78.710 peticiones de asilo, cifra que aumenta a 93.140 en febrero de 2019.

“Expulsiones exprés”

El Gobierno socialista remite a un polémico convenio firmado en 1992 entre España y Marruecos para realizar expulsiones exprés, es decir, readmisión de los inmigrantes que han accedido ilegalmente al territorio en un plazo de 10 días. Las “expulsiones exprés” están sustituyendo las “devoluciones en caliente” en Melilla, condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, advierten las organizaciones.

Sin embargo, en el informe se señalan “numerosas vulneraciones” debido a esta práctica y a las deficiencias en las garantías que ofrece la legislación española a la hora de acceder a la solicitud de asilo. Además, en las llegadas masivas “la información es pobre y de mala calidad” y se aprecian malas traducciones, además de “baja calidad en los puestos habilitados para la realización de entrevistas iniciales en la asistencia en llegadas a puerto y frontera”. También hay deficiencias en las instalaciones de lugares como Motril o Málaga.

Barajas: 72 horas sin luz y sin ventilación

El recibimiento tampoco es positivo en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, el puesto fronterizo más concurrido de España. Las organizaciones destacan que aquí las personas solicitantes de asilo “son retenidas más de 72 horas y solo tienen acceso al territorio en caso de ser admitidos al procedimiento completo”.

Durante este tiempo no ven luz solar y no reciben ventilación natural. “Mujeres, niños y hombres adultos son ubicados en el mismo espacio e incluso comparten habitaciones con literas”, mientras tampoco hay zona exterior de juegos para niños y niñas. Se les impide usar el teléfono móvil, así como acceder a su equipaje, donde muchas veces tienen la documentación necesaria para justificar su solicitud, según se denuncia en el informe. Además también se detecta falta de formación en el personal para detectar casos de víctimas de trata o falta de trabajadores sociales.

Retrasos y fallos burocráticos

Las organizaciones también destacan “disparidad” en los tiempos de cada comunidad autónoma para la formalización de la solicitud de asilo. “El incumplimiento de los plazos legales establecidos supone la imposibilidad de obtener las tarjetas de solicitante de protección internacional en un plazo razonable implicando un grave obstáculo para: el empadronamiento, la obtención de la tarjeta sanitaria y el acceso a la asistencia médica, la escolaridad de los menores”, entre otros problemas, se destaca en el informe.

Asimismo, las organizaciones han detectado “numerosas disfuncionalidades e irregularidades” en las entrevistas de formalización de la solicitud de protección internacional en todo el territorio nacional. Destacan la falta de intimidad en la entrevista, la falta de preparación de los profesionales que la realizan o la falta de sensibilización o preparación para atender a personas vulnerables.

El Sistema de Acogida

Otros fallos que se destacan de todo el proceso es el mismo Sistema de Acogida, que solo cuenta con 416 plazas -solo el 10% de las plazas del sistema- gestionadas directamente por la Administración, en los cuatro centros de acogida de refugiados (CAR). Según destacan las organizaciones, el Gobierno ha optado por “no aumentar la red de plazas públicas de acogida”, a pesar de demostrarse insuficientes. “No existen suficientes plazas de acogida específicas para víctimas de trata, personas con condición de salud mental o patología dual”, se destaca en el informe.

Asimismo, también se recuerdan que en los casos especialmente vulnerables son insuficientes “los dos años de acogida” establecidos como máximo para lograr una autonomía e integración para poder desarrollar su vida en España con normalidad, abocando a estas personas a “situaciones perpetuas de precariedad o marginalidad”.

Recomendaciones

Por todos estos motivos, las organizaciones recomiendan dictar el reglamento de desarrollo de la ley 12/2009 de asilo que garantice los derechos adquiridos por la normativa comunitaria, así como retirar el recurso presentado contra la Sentencia del TEDH en contra de las “expulsiones en caliente” para reafirmar dicha sentencia y dejar sin efecto el acuerdo con Marruecos que permite “las devoluciones exprés”.

En el informe también se recomienda “dedicar todos los recursos económicos y humanos para mejorar las instalaciones y las condiciones” de los solicitantes de asilo en el puesto fronterizo del Aeropuerto de Barajas, así como asegurar que reciben información y asistencia jurídica. También se pide un incremento del personal del área de protección internacional y una ampliación de su formación.

Además, se recomienda establecer un procedimiento de determinación del estatuto de refugiado ágil, eficaz y eficiente, así como la creación de un protocolo de detección de situaciones de vulnerabilidad para asegurar tanto la asesoría jurítica como el acompañamiento médico, psicológico y social en estos casaos. También se pide aumentar las plazas de acogida, especialmente para las personas con necesidades especiales, y garantizar que previo al reasentamiento las personas tengan información real del proceso de inclusión en los países de acogida entre otras recomendaciones.