Paralizado un desahucio en Madrid por motivos humanitarios

Actualización del día 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre, a las 10 de la mañana estaba programado en Madrid el desahucio de Aicha, una mujer sola con una menor y dos mellizas de 18 años a su cargo. El Juzgado de Primera Instancia 32 de Madrid mantenía la ejecución pese a que Bankia, entidad bancaria propietaria de la vivienda situada en la calle Peironcely, barrio Puente de Vallecas, distrito Entrevías de Madrid, en un primer momento aceptó un aplazamiento del desahucio tras una comunicación del Comité DESC de Naciones Unidas. El desahucio ha sido finalmente suspendido hasta el próximo 21 de enero. En esta ocasión, ha sido la Comisión Judicial la que ha decidido paralizar el lanzamiento alegando “motivos humanitarios”.

Se ha tenido en cuenta en este caso la proporcionalidad de la medida, y el impacto irreparable que la salida de la vivienda tendría en la familia al quedarse sin hogar. En este sentido, desde la asociación Provivienda, que ha seguido el caso, celebran que se haya tenido en cuenta la proporcionalidad del impacto de la medida, tal y como había solicitado el Comité DESC y como se había argumentado desde desde la organización.

"Sin embargo, esto es una buena noticia hoy, que permite que Aicha y su familia mantengan su hogar, pero nos presenta un nuevo escenario problemático de cara al 21 de enero. Actualmente, Aicha y su familia han solicitado vivienda pública a la Agencia de Vivienda Social (Comunidad de Madrid) en el cupo de especial necesidad, al tener programada ya la fecha de su desahucio. Aicha lleva solicitando vivienda pública desde hace más de 4 años y, dado que ahora tiene fijada la fecha de desalojo, esperamos que se acelere el proceso ahora que se encuentra en los listados de “especial necesidad”, como con el resto de demandantes de urgencia", señala Provivienda.

En este sentido, desde esta asociación recuerdan que "es fundamental que desde las administraciones se respeten los tratados internacionales y los compromisos adquiridos con los Derechos Humanos". "En esta línea, las administraciones deben velar por que se responda de forma adecuada a la vulneración del derecho a la vivienda, proveyendo de alternativas residenciales estables y seguras en el corto plazo, y que en el largo plazo se traduce en el aumento del parque de vivienda social y asequible que dé respuesta a las medidas de emergencia y generen cambios estructurales en la raíz de la exclusión residencial", añaden.

Por tanto, desde Provivienda seguirán trabajando porque Aicha y su familia tengan la alternativa residencial a la que tienen derecho.