“Acabemos con el covid-19 sin perder derechos y libertades por el camino”

Hoy se cumplen 5 años de la publicación de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como "ley Mordaza", en el Boletín Oficial del Estado. Desde la plataforma No Somos Delito recuerdan que 5 años después esta ley aún en vigor y que "en el marco de la situación de crisis provocada por el covid-19 se está utilizando para imponer cientos de miles de sanciones sin que existan criterios claros para su aplicación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Según el manifiesto publicado por esta organización, "nos encontramos también ante una epidemia de sanciones, sin que exista ningún mecanismo de control sobre la oportunidad de su imposición". Recuerdan en este sentido que según datos del Ministerio de Interior, en las dos primeras semanas desde la comunicación del estado de alarma se realizaron 180.387 propuestas de sanción. "Son numerosas las denuncias desde las redes sociales, de organizaciones y movimientos sociales de prácticas desproporcionadas, innecesarias y discriminatorias por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", afirman.

"No debemos olvidar que en el actual estado de alarma también tenemos derechos que nos protegen. Tenemos derecho a estar informadas del motivo por el que se nos sanciona, derecho a la integridad física y moral (o lo que es lo mismo, a ser tratados con respeto), derecho a expresarnos libremente y a cuestionar las normas, si así lo consideramos. Las fuerzas de seguridad del Estado tienen la obligación de responder de una forma proporcional en el uso de la fuerza, porque todas sus obligaciones legales continúan intactas: no estamos en un estado de guerra ni siquiera de sitio. Todos los derechos fundamentales de la ciudadanía, salvo la libertad ambulatoria, continúan vigentes", destacan desde No Somos Delito.

Para esta organización, en el actual estado de alarma existen ciertas limitaciones en derechos y libertades que vienen justificadas por las circunstancias extraordinarias que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud. Sin embargo, añaden, que expertos en derechos humanos de Naciones Unidas ya advirtieron el pasado 16 de marzo que "cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria". En el mismo sentido, se reiteraron el día 19 respecto a la libertad de información.

Por ello, desde distintas organizaciones sociales y asociaciones, están denunciando el incremento de controles policiales por perfil racial en los barrios donde la tasa de población inmigrante es más alta. Entre los ejemplos destacan lo ocurrido en el barrio de San Francisco de Bilbao, en el madrileño barrio de Lavapiés o en el barrio Gótico de Barcelona.

Por último, realizan un llamamiento para que las medidas actuales "no den paso a un estado del miedo y odio al diferente, de la persecución y ensañamiento ciudadano y de prácticas desproporcionadas, innecesarias y discriminatorias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Estamos a tiempo de revertir una tendencia que cada día nos resulta más preocupante", afirman.