España prescinde del trabajo de miles de migrantes y refugiados durante la pandemia

Pilar Mejía es una médica y pediatra venezolana. Solicitó la protección internacional y tiene residencia temporal en España, pero aquí nunca ha logrado ejercer su profesión. En abril creyó que por fin podría aplicar sus conocimientos a la batalla contra la covid-19. Debido a la crisis sanitaria, el Gobierno había anunciado un procedimiento interministerial para agilizar y aligerar los trámites que normalmente dificultan a los sanitarios extranjeros o migrantes el trabajo en nuestro país. “Teníamos ganas de que nos llamaran, aunque fuera por un momento de contingencia y para estar en segunda línea”, lamenta un mes después.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones había generado expectativas con su anuncio de incorporar a profesionales, migrantes y refugiados, en la batalla sanitaria. Entre los profesionales incluidos, aquellos en situación regular que estuvieran “pendientes de la concesión de su permiso de residencia y trabajo, así como de la homologación de su título”. El ministro José Luis Escrivá se refirió a la incorporación de 390 profesionales extranjeros en abril. Sin embargo, la inmensa mayoría de trabajadores migrantes y refugiados del área sociosanitaria que viven en nuestro país se han quedado al margen de las contrataciones.

Así lo corrobora a cuartopoder la Asociación de Médicos Venezolanos en España. Hay unos 140.000 venezolanos empadronados en nuestro país, aunque se estima que pueden llegar a ser 300.000. El colectivo trabaja en una encuesta amplia para conocer en profundidad el alcance de este procedimiento interministerial pero conocen “pocos casos de contrataciones por el Ministerio de Sanidad”. Los únicos de los que tienen constancia son “contratos muy cortos” que se limitan al estado de alarma. Eso sí, han registrado una agilización de la homologación de los títulos generales, no de los de las especializaciones, competencia actualmente del Ministerio de Universidades.

Otros colectivos como la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG también han denunciado que la propuesta de contratar a las personas migrantes profesionales del área sociosanitaria se ha quedado “en el aire”. La organización pone especial atención a las personas refugiadas, la mayoría mujeres, niños y niñas en todo el mundo. “Al llegar a España se encuentran con que la Ley de Asilo supedita la concesión del permiso de trabajo a la aprobación de su solicitud de protección internacional, algo difícil de lograr para las personas refugiadas en general y para las procedentes de América Latina en particular, que registran una tasa del 95% de denegación”, indican.

La solicitante de asilo Georgina Molina, psicóloga y experta en violencia de género de Nicaragua, también se ha quedado a la espera. La cuarentena impuesta en el estado de alarma ha agravado la situación de las víctimas de violencia machista y, con el anuncio del Gobierno, pensó que podría trabajar en la asistencia que se está brindando a estas mujeres. Finalmente no se han habilitado los cauces para ello, algo que ha vivido “con decepción”. Desde que llegó en 2018 lamenta tener la sensación de “vivir de prestado”. Este mes finaliza su permiso temporal y no ha conseguido cita en Extranjería hasta agosto, así que su situación económica es límite aquí, mientras que en su país ha sufrido persecución.

Esta encrucijada es la que viven los solicitantes de asilo y de protección internacional en España -a lo largo de 2019 en España se presentaron un total de 118.264 solicitudes de asilo, más del doble que el año anterior-. Cuando sus solicitudes son admitidas a trámite, se otorga la tarjeta roja, y pasados seis meses se les incorpora la autorización a trabajar. En teoría. “En la práctica esta situación se complica a la hora de obtener la llamada “tarjeta roja” o su renovación: las citas para estos dos trámites pueden retrasarse seis meses o más”, indica Adilia De las Mercedes, directora de AMG y experta en acompañamiento de casos de asilo de mujeres provenientes de América Latina. Es frecuente que muchas solicitantes de asilo hayan visto rescindidos sus contratos por imposibilidad de renovar "la tarjeta roja". El sistema que antes de la pandemia ya registraba severos déficits, presenta hoy más retos todavía.

La regularización no llega para los migrantes sin documentar

Más allá de la situación de las personas solicitantes de asilo y protección internacional en España, se calcula que existen unos 600.000 migrantes en situación irregular. La campaña Regularización Ya, exige desde mediados de abril una regularización general para migrantes ante la pandemia. Para el millar de colectivos que la impulsan, “si no se lleva a cabo lo antes posible, se condenará a cientos de miles de personas a una situación grave de indefensión y derechos vulnerados”. La economía informal, como la de los que se dedican a la venta ambulante, se vuelve más compleja con el estado de alarma. Sin papeles, estas personas quedarán fuera de las ayudas por la crisis de la covid-19 como el Ingreso Mínimo Vital.

El ministro de Migraciones ha reconocido que la Ley de Extranjería es “muy antigua” y “hay que darle una vuelta considerable”. También ha admitido que lo ideal sería conseguir que todos los inmigrantes estén en una situación regular, aunque cree que esto debe lograrse en “condiciones de mucha más serenidad y consenso” de que el existe hasta ahora. Con estas palabras, Escrivá descartaba una regularización exprés y generalizada al estilo de la que se ha hecho en Portugal y, más recientemente, se ha planteado en Italia.

“Las consecuencias son básicamente la precarización social y laboral de la población inmigrante y, en especial, de las mujeres por los nichos laborales a los que se ven relegadas –servicio doméstico, especialmente–, donde son víctimas de explotación continuada y otras vulneraciones de sus derechos”, explica De las Mercedes. Así, por ejemplo, las cerca de 200.000 trabajadoras del hogar sin documentar, en primera línea de actuación con el coronavirus por su cuidado a las personas mayores, quedarían fuera del subsidio extraordinario que ha diseñado el Gobierno para estas empleadas.

El Real Decreto Agrario para incorporar a trabajadores en el campo, un sector esencial que estos días ha padecido la falta de mano de obra por el cierre de fronteras, ha dejado fuera también a las personas migrantes en situación irregular. Finalmente el Real Decreto-ley 13/2020 del Ministerio de Agricultura se dirigía fundamentalmente a los parados, también a jóvenes extranjeros en situación regular de 18 a 21 años. Sus limitaciones han sido criticadas por organizaciones como Cáritas, ya que se ha ignorado a los trabajadores del campo sin papeles que viven desde antes de la pandemia en condiciones de insalubridad y de miseria en los asentamientos en provincias como Huelva, Almería o Murcia.

“Lo más sencillo o lo más justo sería regularizar a las personas que están trabajando, aprovechando que ahora hay un momento de demanda. Los empleadores están empleando a los trabajadores indocumentados y ellos evitan la Seguridad Social y las contribuciones sociales”, indica Mohammed Haidour, de la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España. Según datos del INE del año pasado en España existen unos 700.000 marroquíes en situación regular, aunque otros 300.000 podrían estar indocumentados, indican las asociaciones. “También hay mucha gente regularizada que ha venido a consultarnos porque si les han suspendido el contrato y no habían cotizado lo suficiente, con un permiso de trabajo inicial, pierden sus regularización”, explica. La vinculación del permiso de trabajo al de residencia produce una situación “kafkiana”, según denuncia esta agrupación.

Y pese a ser los últimos en ser contemplados en las medidas, sin la población extranjera, recuerda a UGT, las cotizaciones sociales a la Seguridad Social bajarían un 10%. Colectivos de migrantes y organizaciones consideran que el Ejecutivo tiene una deuda pendiente con los trabajadores indocumentados, ya que muchos ya estaban en esta situación antes de la pandemia. Se reivindica al menos una regularización similar a las realizadas entre 1991 y 2005, que beneficiaron tanto a las personas migrantes como al empresariado.

“Es vergonzoso que una gran parte de la población migrante que vive en España, trabaja y aporta en España, haga parte de esta sociedad con sus derechos humanos recortados. Pero además no tiene sentido práctico si de lo que se trata, como anuncian unos y otros partidos políticos, es de terminar con el empleo irregular, porque no regularizar a la población inmigrante es continuar con un régimen que promueve y mantiene esa supuestamente indeseada irregularidad. El reconocimiento de la plenitud de derechos supondría un empoderamiento del colectivo migrante y seguramente esto es lo que muchos no consideran deseable", finaliza De las Mercedes.