Luces y sombras de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

  • “Tener un marco regulatorio es positivo, aunque sea insuficiente”, indica Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción
  • Los objetivos de reducción de emisiones "no están alineados con las recomendaciones de la ONU para no superar el aumento del 1,5ºC global", dice Greenpeace

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El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. El texto, que ya ha sido enviado al Congreso de los Diputados, tiene el objetivo principal de llegar a la neutralidad de emisiones en 2050, en línea con el horizonte marcado por la UE. Esto significa que para esa fecha España solo emitiría los gases de efecto invernadero que sus sumideros -como los bosques- puedan absorber. Para la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, este será “uno de los ejes” para que el país pueda reconstruirse económica y socialmente tras la pandemia del coronavirus.

El texto implica que se fije por ley el objetivo nacional de reducción de emisiones del 23% para el año 2030. La ley contempla el abandono progresivo de los combustibles fósiles, de manera que al finalizar la próxima década, como mínimo el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable, y en ese mismo año, se debe alcanzar un 70% de generación a partir de energías de origen renovable. A mitad de siglo, el 100% de la electricidad tendrá que generarse con energías limpias.

Asimismo destacan los planes para potenciar la movilidad eléctrica. No se menciona de momento cómo atajar antes de 2030 las emisiones provocadas por el transporte de carretera, responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí se marca como objetivo que en 2050 haya “un parque de turismos sin emisiones directas de CO2” y se apunta que se realizarán “las medidas necesarias” para que los turismos comerciales y ligeros nuevos tengan emisiones cero en 2040.

Según estima el Gobierno, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años y generará entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. Además las inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables, según el Ejecutivo, aumentará el PIB alrededor del 1,8% en 2030.

Las luces de la ley

La aprobación de este anteproyecto, que llega con años de retraso, ha recibido el visto bueno de las organizaciones ecologistas como Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra porque incluye parte de sus reclamaciones, aunque consideran que los objetivos para luchar contra la crisis climática se quedan cortos. “Tener un marco regulatorio es positivo, aunque sea insuficiente”, indica a cuartopoder Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción. “Es un elemento clave para garantizar que la salida a la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país por la covid-19”, valoran desde Greenpeace.

El aspecto del texto que merece mayor aprobación por parte de las organizaciones es la prohibición de las exploraciones fósiles. “Destaca el punto final de la exploración de hidrocarburos y al fracking (fractura hidráulica) al fijar el fin de la concesión de autorizaciones para su exploración y explotación”, indica Amigos de la Tierra. La paralización de estas actividades es un objetivo ecologista, ya que impactan de manera radical en el paisaje, además de que generan contaminación de pozos y dañan la salud de los seres vivos.

También consideran positiva “la alta penetración de energías renovables que la ley marca para 2030”, explica a cuartopoder Cristina Alonso Saavedra, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra. No obstante, para esta organización la medida se quedará coja si no va acompañada de un proceso de “democratización”, que explicaremos más adelante. Ecologistas en Acción también destaca “la desinversión en los sectores de energías fósiles o la inclusión de la educación para la sostenibilidad en el sistema educativo”.

Las sombras de la ley

Los objetivos de reducción de emisiones son poco ambiciosos para las organizaciones ecologistas. "No están alineados con las recomendaciones de Naciones Unidas para no superar el aumento del 1,5ºC las temperaturas globales y evitar los peores impactos del cambio climático”, indica Greenpeace. Acorde con la ONU las emisiones deberían reducirse un 7,6% anual entre 2020 y 2030 en todo el mundo, pero la ley nacional propone tan solo un poco más de un 3% anual en el mismo periodo.

Pero ni siquiera alcanzar ese 7,6% anual sería lo idóneo para España. Javier Andaluz, responsable de Energía y Clima de Ecologistas en Acción va un poco más allá: “hay que tener en cuenta que los países más industrializados como España tenemos una deuda de carbono”. Para tratar de subsanar esa deuda, deberíamos ser “más ambiciosos en la mitigación de gases de efecto invernadero y proveer de fondos el Fondo Verde para el Clima”, constituido para ayudar a países en desarrollo.

En la transición hacia las energías renovables que contempla la ley, se echa de menos la presencia de “medidas de democratización”. Actualmente tenemos “un sistema oligopólico con tres o cuatro corporaciones que controlan el sistema energético” y, si no se establecen mecanismos correctores, esas mismas empresas pasarán a controlar la energía verde, advierten. El Gobierno desarrollará un nuevo sistema de subastas para la retribución de las energías renovables, pero la subasta eléctrica ya perjudica a las comunidades energéticas, “entes conformados por organismos municipales, pequeñas y medianas empresas y/o personas físicas”, indica Saavedra. Estos entes, que tienen como objetivo favorecer el entorno y no la ganancia económica, actualmente están perjudicados por un sistema de subastas en el que “no pueden competir con las grandes corporaciones a la hora de conseguir ayudas”, añade la ingeniera e investigadora de Amigos de la Tierra. De momento, la ley no aborda esta cuestión.

A Ecologistas en Acción le resulta preocupante que más allá de la descarbonización que se plantea para 2050, se de “una ausencia de calendarios para el cierre de otros sectores incompatibles con la transición energética” que tendrían que reconvertirse o desaparecer en “un escenario relativamente corto de tiempo”, explica Andaluz. Hablamos de sectores como “el gasista fósil, las refinerías o las industrias de cerámica y de cemento”. Si hablamos de una verdadera transición justa los trabajadores afectados serán muchos más que los del sector del carbón y “hace falta una planificación mucho mayor”, añade el activista.

Otra de las grandes vacíos de la ley para los ecologistas es la ausencia de condiciones más restrictivas al transporte aéreo, uno de los mayores responsables de emisiones de gases de efecto invernadero -entre 5 y 8% de emisiones a nivel global-. La ley solo contempla la utilización de biocombustibles para los aviones, pero los ecologistas consideran que esta es una falsa solución. “La aviación verde no existe”, recuerda Amigos de la Tierra. Para producir todo el biocombustible necesario habría que realizar “una acaparación de tierras” indeseable por la destrucción medioambiental y el desemplazamiento de personas que implicaría. “Necesitamos decrecer, necesitamos reducciones drásticas”, concluye Saavedra.

1 Comment
  1. luciano medianero morales says

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    SALUDOS Y GRACIAS POR TODO,…Lmm.

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