Transparente, de calidad y sin rebajas: así sería la ayuda a la dependencia según los sindicatos

  • La necesidad de transformación es tan acuciante que la propia patronal está de acuerdo en mejorar un sistema con déficits y un sector precarizado
  • Proponen que el Estado, que sufraga solo un 17%, se haga cargo de “el 40% del coste del total y las autonomías del 60% restante” en cuatro años de legislatura

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La crisis del coronavirus nos ha desvelado las costuras del sistema sanitario y del modelo de atención a la dependencia, por desgracia, con un gran número de personas mayores fallecidas. Los sindicatos CCOO y UGT creen que ha llegado el momento pertinente para transformar nuestro sistema de ayuda a la dependencia y por ello han elaborado “un plan de choque” para su transformación. Este sistema, inspirado en el de Reino Unido, tiene que basarse en tres pilares “la transparencia, la calidad y la no rebaja del coste”, afirma a cuartopoder Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO.

La necesidad de transformación es tan acuciante que la propia patronal está de acuerdo en mejorar un sistema con déficits y del que se ocupa un sector feminizado altamente precarizado y que no se ha puesto en valor, según los sindicatos. “Reconocen abiertamente que hay que subir los salarios, están teniendo muchos problemas para encontrar a profesionales”, afirma Cabrera. Por eso, esta propuesta ya presentada al Gobierno también va firmada por la Asociación de Empresas de Servicios de la Dependencia (AESTE) y la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE).

Con esta propuesta tanto sindicatos como patronal proponen un plan a corto plazo en colaboración a y otro más a medio-largo plazo que aborde el modelo de coordinación socio-sanitaria previsto en la 'ley de dependencia' que tiene “más de una década de retraso”. De ello dependen los mayores de 65 años, que son la gran mayoría de los beneficiarios, un 74%.

Medidas a corto plazo

En el documento se propone realizar “una auditoría”, algo que se pide desde hace semanas por algunos movimientos sociales tras la oleada de muertes en las residencias de ancianos por el covid-19, para conocer los efectos de la crisis sanitaria en el sistema de la dependencia y “la respuesta que se ha dado” desde los distintos centros y servicios que lo conforman. “Sabemos que ha fallado la infrafinanciación, la no coordinación con el sistema sanitario, la falta de personal, pero han pasado más cosas y aquellos que no han cumplido tendrán que significarse”, indica Cabrera.

También en el corto plazo este documento establece un modelo de coordinación socio-sanitaria bajo la coordinación y supervisión de los servicios públicos de salud que pueda evitar el desastre. “Los profesionales de la atención primaria tendrán que atender en las residencias y decidir cuándo se debe trasladar a una persona al hospital. Tendrán que medicalizarse algunas residencias porque hay que salvar vidas. Cada Consejería de Sanidad de las Comunidades Autónomas se debe poner en marcha y hay que establecer las vías”, prosigue.

Medidas a largo plazo

El informe y la propuesta que presentan sindicatos y patronal señala las deficiencias de la ‘ley de dependencia’ de 2006, que radican para ellos en “las carencias con las que se han llevado a efecto su implementación”. En este punto denuncian especialmente la infrafinanciación. “Desde que en 2012 se empezaron a producir los recortes, el Gobierno ha dejado de financiar 5.640 millones de euros”, explica Cabrera. “Somos el país de Europa que menos gasta sobre el PIB en atención a la dependencia. Estamos muy por debajo de la media”, sostiene. Este mes la lista de personas dependientes en lista de espera para recibir servicios llegaba hasta casi las 400.000 -240.000 se les ha concedido un servicio o prestación que aún no reciben y 150.000 que todavía no han recibido ninguna respuesta-.

La realidad es que actualmente las CCAA pagan el 83% del coste y el estado solo el 17%. Tanto sindicatos como patronal piden un equilibrio de esta financiación entre Gobierno central y autonomías, tal y como contempla la propia “ley de dependencia”. La propuesta que presentan al Ejecutivo central es la siguiente: que llegue a sufragar “al menos el 40% del coste del total” en cuatro años de legislatura, mientras las comunidades autónomas se hacen cargo del 60% restante.

En lo laboral, proponen también un convenio laboral digno. En el documento se cita “el estancamiento en la negociación del Convenio colectivo marco estatal de servicio de atención a las personas dependientes, en residencias privadas de personas mayores y servicios de ayuda a domicilio”. Los salarios bajos y la abundancia de contratos a tiempo parcial, especialmente en la atención domiciliaria, hacen que en el futuro puede ser difícil “encontrar profesionales que trabajen en el sector, problema que ya existe en determinadas categorías profesionales y en algunas CCAA”.

Este es uno de los grandes problemas de la “ley de dependencia”, aunque luchó por la profesionalización de la atención a las personas dependientes y por la liberación de esta obligación que recaía mayoritariamente sobre las mujeres, para que pudieran optar al mercado laboral, la realidad hoy es muy distinta. “Hay algunas comunidades que han hecho una apuesta clara por el cuidador no profesional como Navarra y Castilla y León”, advierte el secretario general de Sanidad de CCOO.

El documento propone también una reorganización del sistema para hacerlo más eficiente. Hasta la fecha conviven en la misma residencia personas con distintos niveles de dependencia, algo que pretenden revertir adecuando las residencias al tipo de usuarios. “Los recursos no tienen que ser los mismos, las ratios de personal no deben ser las mismas”, explica el sindicalista. Se habla también de un sistema más transparente y organizado, que registre tanto a las personas usuarias por nivel de dependencia y por su historia clínica, y a los profesionales que las atienden.

Y en esta reorganización se pide también “una acreditación de los centros sociosanitarios” por parte del Gobierno, al estilo del organismo de control de calidad que utiliza Reino Unido, donde “no se puede dar más valor a bajar el precio que la calidad que se presta”, indica Cabrera. Por este control de calidad deberían pasar al menos, según la propuesta de sindicatos y patronal, aquellas empresas que se forman parte del modelo concertado. De momento, se ha puesto en marcha una mesa de trabajo del Gobierno con patronales y sindicatos para trabajar la cuestión aunque el resultado debe enmarcarse en los Presupuestos Generales del Estado. Los sindicatos van a hacer llegar esta propuesta a todos los grupos parlamentarios, reclamando así su apoyo.

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