La Marea de Residencias protesta contra el reingreso obligado de los mayores

En pleno estado de alarma muchos mayores que vivían en las residencias se marcharon a la casa de sus familias para evitar la oleada de contagios en estos centros, donde se produjeron el 69% de las muertes registradas por el Ministerio de Sanidad por la pandemia. La normativa de la Comunidad de Madrid establece para el residente un máximo de 45 días fuera del centro, un plazo que comenzó a correr el 6 de julio con la nueva normalidad y finaliza este miércoles. Si se sobrepasa, se puede perder la plaza. La Marea de Residencias se opone a este reingreso obligado a los mayores en una manifestación que ha llegado este miércoles al Congreso de los Diputados.

Para la Marea de Residencias se está obligando a los residentes a correr el riesgo de contagiarse o perder la plaza, muchas veces alcanzada tras años de espera. La normativa de la Comunidad de Madrid que penaliza las largas estancias fuera de la residencia para los usuarios se remonta a 1994, pero desde el movimiento opinan que en tiempos de covid-19 no se debería aplicar porque los residentes se marcharon por una falta de seguridad que aún hoy no está garantizada. “Aquí no se les ha sacado para irse de vacaciones, sino que se les ha sacado porque se morían”, argumenta Mariví Nieto, una de las portavoces del movimiento.

Bajo los lemas “No al reingreso obligado” y “se trata de salvar vidas”, la Marea de Residencias ha marchado este miércoles a las 10.00 desde el Ministerio de Sanidad hasta el Congreso de los Diputados. “La irresponsabilidad de la Comunidad de Madrid nos lleva al Congreso para reivindicar un marco legal a nivel estatal con suelo general para todo el país”, explica Carmen López, presidenta de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares y una de las querellantes de contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, así como a diez directores de las residencias.

Bajo esta convocatoria subyace la queja de que la Comunidad de Madrid no ha tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los mayores ante la segunda oleada de contagios que puedan evitar una nueva tragedia en las residencias. El nuevo protocolo que entrará en vigor en la región establece un nuevo control de las visitas, sin llegar a suprimirlas, y restricciones en los nuevos ingresos, pero para los familiares no es suficiente.

Denuncian la falta de personal, una vieja reivindicación que se vuelve más urgente en los meses de verano, y que sigue sin solucionarse tras el confinamiento y a las puertas de una nueva oleada de covid-19. “Cuando voy a visitar a mi madre veo a muchísima gente que ha dejado de caminar, gente con úlceras por falta de movimiento. En esta situación no tienen fisioterapeuta porque se ha ido de vacaciones y nadie la sustituye”, pone como ejemplo Nieto. Desde la Marea de Residencias denuncian el deterioro cognitivo y físico de los usuarios por la falta de atención adecuada. Este déficit también creen que imposibilita una correcta separación de contagiados y no contagiados de covid-19 para evitar otro nuevo desastre. “Sectorizar una residencia implica mucho personal”, concluye.

La oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid, PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, también han reclamado planes de contingencia y recursos disponibles en las residencias al consejero de Sanidad. “Las medidas que hay hoy son las mismas que hace meses, al menos esperamos que esta vez los mayores primen en la asistencia hospitalaria”, indica López, quien perdió a su madre en mayo después de que lograra “con muchas dificultades” ingresar en el hospital por un cuadro de covid-19. Vivía en la residencia Parque de los Frailes (Leganés), gestionada por la empresa Aralia.

Otra de las denuncias de la Marea de Residencias es la calidad de las visitas a sus familiares, quienes sufren las consecuencias del distanciamiento físico con sus seres queridos. Creen que las visitas a dos metros de distancia que imponen las residencias a los mayores son insuficientes y exigen pantallas protectoras para acercarse más o guantes para al menos poder poder darles la mano. Gestos tan pequeños servirían para paliar la mella que ha dejado la pandemia en los supervivientes. Según un informe que publicaba este martes Médicos Sin Fronteras (MSF) las situaciones que se han vivido en los centros de mayores durante toda la pandemia en el país han sido “inhumanas” y que los fallos aún no se han corregido. En este sentido, la ONG exige mayor “atención presupuestaria y formativa”, así como un trato digno a los mayores, quienes en la primera oleada sufrieron “férreas medidas de aislamiento, a veces indiscriminadas”.

Tras esta convocatoria, la Marea de Residencias planea una movilización estatal para el 26 de septiembre. Este día reclamarán justicia y exigirán responsabilidad y dignidad para los residentes. También rescatarán las viejas reivindicaciones por los derechos de los más mayores que estos días se evidencian más que nunca. “Queremos que las residencias no sean un negocio y que tiendan a una gestión pública de calidad, bajo un marco estatal”, indica López.