Un nuevo registro impedirá que quienes han maltratado animales vuelvan a tenerlos

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 está trabajando en varias líneas para aumentar la protección que los animales de nuestro entorno tienen en nuestro país. Esta semana ha salido a consulta pública un Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal que contendrá un censo para los más de 10 millones de animales de compañía que existen en todo el Estado español. Una lista de las personas inhabilitadas para tener y convivir con animales estará interconectada a este registro. Así, si alguna de estas personas trata de inscribir un animal a su nombre saltará “una alarma” y se le impedirá hacerlo.

La "protección de datos" impide hacer una lista pública de condenados por maltrato animal que la gente pueda consultar, a pesar de que es "una demanda histórica" de los colectivos animalistas, explica el director general de Protección Animal, Sergio G. Torres. Sin embargo, el Ministerio pretende usar esta lista de manera interna, es decir, “informatizar” los datos de las personas con sentencias en firme por maltrato animal que ya reciben gracias a los juzgados y las CCAA. De esta manera se daría la máxima protección a los animales, al tiempo que se protege la privacidad de las personas.

Actualmente el Código Penal ya contempla el castigo a las personas que maltratan a los animales. El artículo 337 recoge la inhabilitación de un año a tres años para tener, trabajar o comerciar con animales. También hay una pena de como máximo 18 meses de cárcel. En la práctica esto se traduce en que es prácticamente imposible ingresar en prisión por haber cometido este delito. Desde el Gobierno de coalición presentarán un proyecto de ley para aumentar estas penas a un máximo de 4 años y medio de prisión, en función de los agravantes. Esperan en consecuencia que "crezca bastante" el número de personas a las que se prohíba tener y “convivir” con animales.

En el Código Penal se quiere cambiar que se inhabilite también para “convivir” con animales, de manera que, por ejemplo, alguien condenado por tener un criadero ilegal no pueda esquivar el castigo con un registro de los animales a nombre de su pareja. Otro cambio importante en lo penal será que aparezca el término “animal vertebrado”, con el fin de asegurar que se juzgue también el maltrato de animales salvajes o animales de granja. “No se puede juzgar cuando matan a un cerdo en un matadero, es legal conforme a la normativa vigente, pero sí si matan a un cerdo a patadas en una granja”, explica Torres.

De cualquier manera, se buscan también enfoques distintos al punitivista para aquellas personas que hayan sido condenadas por maltrato animal. La Dirección General de Protección Animal ya está trabajando con Interior para establecer mecanismos de reinserción mediante un programa de aprendizaje sobre empatía con los animales, así como para que otras personas condenadas por otros delitos puedan trabajar durante algunas horas en espacios donde se cuida y se protege a los animales.

DNI animal, eje de la nueva normativa

La futura ley marco de Bienestar Animal, ahora en fase de consulta pública, tendrá como “eje principal” el “DNI animal”, que incorporará una muestra de ADN. Esta tarjeta que identificará a todos los animales de compañía es “el punto principal para unificar muchas cuestiones a las que la ley obligará”, explica Torres. La idea es unificar las bases de datos que existen en las distintas CCAA y ampliarlas con “la trazabilidad” del animal, es decir, reflejar el periodo desde que nace hasta que muere, como pasa hasta ahora con los animales de producción. Así se quiere combatir el abandono, ya que los animales se abandonan más en los primeros tres meses de vida, periodo en el que ahora no es obligatorio censarlos.

Con este sistema se pretende homogeneizar los datos a nivel estatal, de manera que, por ejemplo, sea posible encontrar a un animal de compañía que se ha perdido en una comunidad distinta a la que se registró. Pero también se trata controlar aspectos como la cría de animales domésticos, que pasará a estar limitada a profesionales y bajo estricto control veterinario. Además pretenden evitarse la zoonosis o propagación de enfermedades a entornos ganaderos desde los santuarios, espacios de protección de animales que pasarán a ser considerados de compañía.

En la Dirección General de Protección Animal ya hay argumentos ante los posibles detractores. Frente a la preocupación de los dueños por el coste del “DNI animal”, Torres responde: “Se tratará de un código QR que podrá llevarse en el móvil y no tendrá ningún coste”. Es un sistema más cómodo y simple que el actual microchip, que facilitará el trabajo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según asegura.

También se puede rebatir a quienes creen que esta regulación es innecesaria. ”Son animales que conviven con nosotros y carecen del control sanitario que tienen los animales de producción y granja. Además, hay motivos económicos. El mantenimiento de un animal abandonado sale a 700 euros anuales. Y cada año se abandonan entre 300.000 y 1 millón, la horquilla que calculamos. El coste recae sobre las arcas locales”.

La futura ley marco de Bienestar Animal, a falta de que concluya el periodo de consulta pública, incluirá también la prohibición de los animales de circo y la regulación de las ferias o las romerías donde se utilicen animales. La caza y la tauromaquia son jardines donde, de momento, el Gobierno de coalición no quiere entrar. Las áreas mencionadas son más difíciles de regular porque hay menos consenso y prefieren posponer estos debates que, de lo contrario, podrían obstaculizar los pasos para la protección de los animales que contempla la nueva ley.

Modificación del Código Civil

Al margen de la ley marco y del Código Penal, el Gobierno de coalición también quiere impulsar una modificación del Código Civil para que los animales pasen a ser considerados como “seres sintientes” o dotados de sensibilidad, con el fin de adaptarnos a la normativa europea. En esto España va con retraso respecto a nuestros vecinos europeos. Esta definición ya se contempló en una Proposición de Ley del PP de 2017 que cayó con el fin de la legislatura, después de haber logrado el consenso de todo el arco parlamentario.

PSOE y Unidas Podemos plantearán una proposición de ley en el Congreso de los Diputados a partir del documento final surgido entonces, que recogía ya todas las enmiendas y aportaciones de los grupos parlamentarios.