Plaza Elíptica: un mercado ilegal de trabajo en la periferia de Madrid

Siete de la mañana en Plaza Elíptica. Unos cuarenta hombres, en su mayoría latinoamericanos, se reúnen en uno de los laterales de la rotonda. De repente, una furgoneta se detiene y la multitud se agolpa alrededor del vehículo. Tras un breve diálogo con el conductor, tres de ellos son elegidos al azar y desaparecen a toda velocidad entre el tráfico. El resto se queda en tierra, esperando a que la suerte les sonría la próxima vez. Este es el mercado de trabajo ilegal que todos los días sobreviene en la popular glorieta madrileña, donde estas personas se ofrecen para cualquier tipo de faena por horas, en jardinería, construcción, mudanzas, limpieza, reformas o lo que salga; lo único que importa es conseguir algo de dinero para comer.

La mañana es muy fría, llueve ligeramente y el panorama de estos ‘sin papeles’ es muy poco esperanzador. La incertidumbre y el miedo son sus compañeras de viaje desde hace meses, incluso años, y la crisis del covid-19 no ha hecho más que empeorar sus expectativas de vida. Este es el día a día de miles de individuos en los principales municipios españoles: personas que se buscan las ‘habichuelas’ en la economía sumergida; lo principal es sobrevivir, un día tras otro, sin expectativas de futuro más allá de las 24 horas que tienen por delante.

A la dichosa Plaza Elíptica llegan a las seis de la mañana, cuando todavía es de noche, y muchos permanecen hasta las seis de la tarde. Doce horas que, en la mayoría de los casos, es tiempo perdido: son muy pocos los que consiguen subirse a las ansiadas camionetas. Un tiempo que se hace eterno, aderezado con la angustia que genera el saberse completamente desprotegido y en un país que no es el tuyo. Muchos de ellos dejaron atrás sus familias en busca de un futuro mejor y mayores ingresos, con el objetivo de enviarles ‘plata’ desde este lado del Atlántico, pero la cruda realidad es que apenas tienen para mantenerse a sí mismos.

Las condiciones de trabajo, huelga decirlo, son totalmente ilegales, sin Seguridad Social ni garantía de ningún tipo, y en circunstancias muy precarias y de total explotación. Los contratistas, además, se aprovechan de las circunstancias. De media pagan unos cuarenta euros por una jornada de ocho horas, pero son muchas las situaciones en que, llegado el momento de cobrar, reciben menos de lo acordado; incluso algunos se van con los bolsillos vacíos.

Es el caso de Juan Carlos, de 25 años. Denuncia haber sido engañado: “No me pagaron después de prometerme 50 euros por un día en la construcción, con la excusa de que mañana volverían para darme más trabajo. Te recogen en la furgoneta y no sabes a dónde vas, ni a qué hora vas a regresar, y te pueden abandonar en cualquier lugar. También ocurre que te ofrecen 50 en la plaza y al llegar al destino te dicen que sólo te van a dar 30, y tienes que aceptarlo porque hay muy pocas oportunidades a la semana”.

Este colombiano llegó a España quince días antes del estado de alarma, iniciado el 14 de marzo. Está solo en Madrid y comparte piso con otras siete personas. En esas dos semanas previas al estallido de la pandemia trabajó en una obra y llegó a reunir 500 euros, mientras que ahora apenas saca 100 a la semana. “El coronavirus nos ha afectado mucho: no hay trabajo para más de dos días seguidos. Es muy duro estar en la calle buscándote la vida, y la policía, de cuando en cuando, aparece y nos echa”, afirma.

“He trabajado por nada”

Jorge, hondureño de 38 años, revela que “los contratistas ya tienen a su gente, y sólo vienen a buscarnos si se les ha enfermado algún empleado o si necesitan acelerar el trabajo”. Con tres años en España, rememora la etapa anterior a la pandemia, cuando era “mucho más fácil encontrar un puesto en jardinería, construcción o repartiendo muebles”, y conseguía empleo por periodos de “hasta cuatro meses”. Vive con su esposa y dos hijos. Ella trabaja cuidando niños y, al menos, aporta un pequeño sueldo que les garantiza la supervivencia, “pero yo carezco de papeles y mi situación es muy arriesgada”. Jorge apunta que una semana buena puede llegar a sacar “150 euros, pero es raro, tienes que tener mucha suerte”. Comenta que los contratistas son gente “poco fiable”, y le han estafado en alguna ocasión: “Me han dicho que me pagaban y después no lo han hecho, he trabajado por nada”.

Hubo un tiempo en que los trabajadores de Plaza Elíptica intentaron organizarse y establecer unos salarios de cara a los empleadores. El oficial de obra cobraría 70 euros por una jornada, mientras que el peón recibiría 50. “No fue posible -recuerda Jorge-, al final te acabas yendo por 20, no puedes perder la oportunidad”.

Desde CCOO, su secretario de Acción Sindical, Daniel Barragán, subraya que han denunciado en “varias ocasiones” lo que ocurre en Plaza Elíptica. A su entender, se trata de un “verdadero drama” para estos trabajadores, que no tienen “más remedio” que acudir a estas formas de trabajo ‘en negro’, en condiciones “lamentables” y con salarios “minúsculos”, sin tener el “alta en la Seguridad Social y a merced de unos empresarios sin escrúpulos”. Barragán informa que en este tipo de prácticas laborales fraudulentas se ha llegado a dar “algún caso de muerte”, mientras las inspecciones de trabajo son muy “escasas” y las sanciones “ridículas”, de entre “600 y 6.000 euros en el mejor de los casos”.

Uri, peruano de 45 años, acude todas las mañanas a la plaza con la ropa de trabajo y las herramientas en la mochila, por si la suerte se le pone de cara. Trabajó de albañil en Villaviciosa largo tiempo, y atestigua tener “formación y experiencia”, pero en estos momentos sólo consigue que le cojan “por horas”. José Luis, oficial de la construcción de 55 años, español, asegura mantener su dignidad y no subirse a una de las furgonetas por “menos de 90 euros”, y define a los contratistas como “unos buitres y unos cabrones”. Jorge, de 38 años, vino de Perú en 2018. Paga 125 euros por dormir en una habitación compartida. Reconoce haber llegado a cobrar “10 euros por dos horas de trabajo”, y extraña a su mujer y sus tres hijos: “Les mando el dinero que puedo y me alimento en comedores sociales”.

La ‘caja b’ nacional

Con el estado de alarma, la economía sumergida sufrió un duro varapalo al quedar su actividad totalmente congelada, aumentando las estrecheces de miles de personas. Según Iñaki Mauleón, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, la ‘caja b’ nacional no ha “crecido” durante la pandemia, sino que ha sufrido “exactamente igual que el resto de sectores”, y ahora que se están levantando las restricciones se “recuperará al mismo ritmo” que la actividad normal. El experto aclara que “fluctúa entre el 15 y el 20% del PIB, que está en 1,1 billones, lo que genera unos 150.000 millones de euros al año” que no llegan a las arcas públicas.

Para Luis Ayala, catedrático de Economía de la UNED, el trabajo sumergido no es tanto un problema “cultural o de picaresca”, sino que la cuestión principal, la que “nos diferencia de otros países”, tiene que ver con la estructura productiva nacional, dominada por actividades “donde son más propicios el empleo estacional -hostelería, construcción, agricultura- y el informal”.

Por su parte, Mauleón califica de “terrible y vergonzosa” la situación de Plaza Elíptica, y recuerda que “esto ya pasaba en el siglo XIX en los cortijos del sur de España”. A su juicio, la economía informal tiene un trasfondo sociológico: “En España tenemos poca tradición de cumplir con la ley y la fiscalidad, y escasa confianza en nuestros gobernantes, así como una limitada sensación de pertenecer a una sociedad seria, al contrario que en los países nórdicos. Nuestra democracia es relativamente joven comparada con la de Francia o Inglaterra, y la población no acaba de entender las obligaciones que tiene que asumir. Si, además, la gente ve que el que tiene que pagar no paga, se le quitan las ganas”.

Ayala sostiene que en los países con mayor base industrial es “más difícil” que la economía sumergida prospere, y si en España descendiera sería “positivo” para el país porque supondría un “incremento significativo” de la recaudación y habría “más recursos” para financiar políticas de ayuda, pero también es cierto que la informalidad hace que “sobrevivan toda una serie de trabajos ‘en negro’ y rentas bajas que desaparecerían en un ámbito más formal”.