Por una memoria privada (I)

El primer mandato del presidente Rodríguez Zapatero concluyó con la aprobación de una norma (Ley 52/2007, de 26 de diciembre) de elaboración tan difícil y prolongada como prolijo es el título que la identifica, pues, mediante la misma, el Estado español “reconoce y amplía derechos y establece medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. Ya habrán adivinado que una invocación tan ampulosa apenas puede esconder la realidad jurídica que popularmente conocemos como la “Ley de la Memoria Histórica”.  No pretendo aquí desbrozar el articulado de esta norma, sino dialogar con el lector acerca del significado moral de la llamada “Ley de la Memoria Histórica”, sobre todo si consideramos que, más allá de su parco contenido material, la Ley es novedosa en nuestro ordenamiento jurídico porque ninguna norma anterior ha ido tan lejos en la configuración de la categoría de “víctima”. Hasta el punto de que los individuos pertenecientes a dicha categoría, las personas que padecieron las injusticias sufridas en un lapso temporal determinado – en este caso la Guerra Civil que asoló nuestro país entre 1936 y 1939 y la larga dictadura que se extinguió el año 1975, así como la lucha inmediatamente posterior por alcanzar la democracia-, son merecedores de una “declaración” legal y política que, según pretende la Ley, reparará su dolor y reconocerá su conducta. Dicha declaración no será emitida por ningún tribunal divino o juez de la Historia. Tampoco dependerá de la conciencia de ningún verdugo. Será algo bastante más sencillo: será la culminación de un expediente burocrático a cargo del ministro de Justicia.

El asunto, sin embargo, ha ido por otros derroteros más espectaculares, como el intento de revisar un pasado utilizando la toga judicial. Según mi humilde opinión, ese juez revisor de la Historia reciente (pero no por ello menos Historia) de nuestro país en modo alguno ha prevaricado. Los tribunales tienen, en cualquier caso, el monopolio de esta cuestión. Sin embargo, las pesquisas del juez revisor son las de un funcionario alejado de los hechos que juzga con la ley penal en la mano y, naturalmente,  revestido del poder que el Estado le otorga. Es una mirada confusa que equivoca la perspectiva desde la que observa y, sobre todo, que garantiza poco rédito a la sociedad a la que ese funcionario sirve. El resto de la confusión lo han regalado a la sociedad española los dos grandes partidos y sus amigos inquebrantables de alineación, en la prensa y en cualquier otro plató. A favor y en contra, como si el escrutinio de la Historia fuera un recuento de votos. Hasta ahora la lechuza de Minerva emprendía el vuelo al llegar la tarde. Hoy se quiere reescribir la Historia al amanecer. 

Mi propuesta, sin embargo, no es un examen directo y específico de la Ley 52/2007, por lo demás suficientemente comentada desde todos los ángulos de visión. Se trata, por lo que a mí respecta, de una indagación preliminar, de unas reflexiones generales sobre la, a mi juicio, compleja relación que vincula a la Historia con la Memoria. Considero que una mirada amplia de este tipo, con independencia de sus errores (que, resignadamente, doy por descontados), debe preceder a cualquier análisis de un texto normativo concreto sobre la memoria humana.

Si les apetece entablar el diálogo que les propongo, ésta que sigue es mi invitación personal.

Comenzaré con una cita provocadora del filósofo Epicuro,  recordada no hace mucho –El País, 22-9-07– por el escritor Adolfo García Ortega. Dice así: “Oculta tu vida”. Pese a su aparente simplicidad, desentrañar los posibles significados de tan lacónica sentencia no es tarea sencilla. El imperativo “oculta tu vida” es un enigma, pero me resulta imposible, siquiera en forma de mera tentativa, resistirme a la seducción que Epicuro, como los grandes inventores de jeroglíficos, nos entrega para resolver su bello aforismo. Recuperemos por una hora el grato aroma de las viejas y añoradas tertulias y conjuremos la voz de la Esfinge para que comparezca ante nosotros y nos revele la verdad secreta que contiene ese “oculta tu vida”.

Desbrozando el camino en su misma entrada, quizás nos convenga pensar de forma negativa, esto es, proceder por eliminación. Epicuro está muy lejos del cinismo de un Diógenes, es su antítesis, por lo que debemos tomarnos su consejo muy en serio. El velo cuyo uso nos recomienda es portador de una enseñanza buena y verdadera para conducirnos en la vida y relacionarnos con los demás. Yo interpreto su máxima, no como una incitación al engaño y la simulación social –a modo de careta o interposición de una falsa identidad–, sino como una invitación al silencio. Desde luego, no es la única inducción posible, pero me parece que Epicuro, en todo caso, pone sobre la mesa una oferta tentadora. Y, abundando un poco en mi “prejuicio” o antejuicio ya indicado, considero esta hipotética incitación al silencio no como una apelación pura a nuestro sentido práctico, que sin duda todos tenemos (y, por supuesto, debemos tener), pues veo en ese “oculta tu vida” (y les prometo que ésta será su última repetición) quizás un probable significado moral. El epicureísmo, de acuerdo con algunos enfoques idealistas, presenta connotaciones negativas, que lo convierten en el sistema vital “del placer por el placer”, en un peyorativo hedonismo contra el que siempre advirtieron a sus alumnos tantos colegios de curas y monjas. Algo muy lejano de la realidad, porque el empirismo incipiente de esta escuela de la antigua Grecia, uno de los principales fundamentos del utilitarismo y del racionalismo de la Ilustración, cohonesta la persecución del propio interés con el respeto a la esfera de derechos y preocupaciones del prójimo. Estamos, por tanto, hablando de moral y no de egoísmo, de realismo sociológico y no de un positivismo rampante.

Si fuera entonces así, si debiéramos tomar la ocultación como sinónimo de silencio –o, llegado el caso, incluso como una aspiración al olvido, como un silencio activo y radical sobre nosotros, sobre nuestro presente o pasado–, tendríamos que relacionar dicha actitud con conceptos hoy muy debatidos en cuanto a sus respectivos significados y posible conexión, como son los conceptos ya mencionados de la Historia y la Memoria. Estaríamos reflexionando sobre nosotros como individuos olvidadizos o silenciosos, pero sobre todo como miembros del grupo que, al acogernos, nos identifica internamente y hacia el exterior. Es cierto que estaríamos negando la manifestación externa de nuestras vivencias y recuerdos (también los íntimos), pero sobre todo estaríamos negándonos a la exhibición de los reflejos de la identidad compartida con la familia o los demás integrantes de la comunidad doméstica a la que pertenecemos. Es decir, estaríamos en cierta forma interrogándonos sobre la definición de nuestra personalidad y fundamentalmente sobre  la manera de transmitirla a los demás. Sobre cómo se forja la identidad personal y, por añadidura, si es conveniente –y justo- olvidarla, ocultarla o silenciarla a nuestros interlocutores.

La cuestión exige una distinción previa. La Historia es la ciencia social que analiza con objetividad y con el suficiente distanciamiento por parte del observador los hechos del pasado. Es una interpretación “fría” de ese pasado, una valoración lo más objetiva posible del escenario fáctico y mental en el que se movieron sus protagonistas, aunque, como el historiador los examina desde “su” inevitable presente de espectador, sus resultados y conclusiones difícilmente serán firmes y definitivos. La tarea del historiador, apresado por su tiempo y su ideología, es casi siempre provisional y está sujeta a una eventual revisión futura. La Memoria, por el contrario, es una facultad subjetiva y siempre selectiva por la que el agente recibe, conserva, transmite y rememora los acontecimientos más importantes para su vida. Caracterizados así, ambos términos –la Historia y la Memoria– son más antitéticos que complementarios. No lo fueron siempre, ya que la Historia nació de la Memoria. La historiografía de hoy es pariente lejana de la Memoria remota. El relato oral y legendario propio de la Antigüedad fue poco a poco desprendiéndose de su carga subjetiva, estrechamente unida al Mito (para acomodar los hechos a la intervención divina, para ensalzar a los héroes, y muchas veces para justificar y consolidar el dominio de los fuertes sobre la sociedad y honrar a los poderosos) hasta adquirir, desde la Ilustración y el triunfo de las ideas racionalistas, su estatus actual de disciplina académica. En la Europa cristiana, fueron los “bolandistas” holandeses los que expurgaron ya a finales del siglo XVII las antiguas vidas de santos para separar el mito de la realidad, dando entrada a un discurso estrictamente historiográfico.

¿Qué ha ocurrido entonces en los últimos años para llegar hasta esta aparente regresión actual en que la emoción de la Memoria desplaza o se confunde con la Historia para terminar imponiéndose sobre el cuerpo social? ¿No ha sido, en el fondo, siempre así? La antigua dialéctica de vencedores y vencidos (“la Historia la escriben los vencedores”, siguen diciendo algunos) habría cedido el paso a una Memoria equivalente a una contra-historia dominada, en el curso de esta reversión, por el prestigio de un nuevo sujeto social –las víctimas– que se impone a la otra cara de la moneda: el antiguo vencedor, hoy verdugo, al que aquéllas exigen una reparación. A mi juicio, esta confusión es patente en nuestro país y no sólo en sentido sintáctico por la yuxtaposición de los términos Memoria Histórica, en los que, adviértase, el primero adquiere el protagonismo del sustantivo en detrimento de un adjetivo que simplemente califica o gradúa la intensidad de aquél. Hoy lo más relevante, desde luego, es la Memoria, objeto incluso de una ley (y aquí aparece la segunda confusión, en este caso de orden jurídico) que no regula, como es su función habitual, actividades humanas, ni establece la planta y las finalidades de una organización social, pública o privada. Muy al contrario, esa ley va a prescribir a sus destinatarios –los ciudadanos, no los individuos subjetivamente considerados, pues se trata de una norma jurídica y, por tanto, de un mandato obligatorio– los valores morales y políticos que una comunidad, en este caso la sociedad española, debe tener sobre su inmediato pasado. La instancia que exige nuestro recuerdo, y dicta su específico contenido, es el Estado.

De esta forma, el tiempo pretérito deviene en categoría absoluta y la Historia se convierte en una colección de veredictos emitidos sin apelación posible por un juez supremo –el poder público– que administra la memoria del grupo desde una hipotética (hoy ya convertida en realidad) sala judicial, como si su función preferente no fuera comprender el pasado, con todas sus incertidumbres (aunque suene a paradoja retroactiva), sino juzgar y sentenciar a los culpables de sus errores (y, simétricamente, de absolver con todos los pronunciamientos favorables a los presentados orgánicamente  como inocentes en el discurrir del tiempo). Todo se conjura contra la ciencia tradicional, fría, distante y plena de matices. Es una agresión oficial a la Historia. Las obsesiones identitarias y las construcciones ideológicas del presente, no tan relativista como muchas veces se dice, algo tienen que ver en esta mutación, desde luego.