La otra amnistía de 1977

Quizás la venganza más irónica de la Historia -con mayúscula, en su condición de ciencia que estudia el pasado- es su espíritu de revuelta contra algunas historias –en este caso con minúscula, por su relación con los hechos reales y particulares de un pasado concreto- que, a veces y de forma inesperada, desmiente la que hasta ese momento parecía la versión definitiva de los hechos. Como sucede en las pinturas en las que su autor dibuja un cuadro dentro de otro cuadro, modificando la perspectiva natural del observador, tampoco debe extrañarnos la apertura o la movilidad de los ángulos de la Historia, porque ésta, como el resto del conocimiento humano, siempre es precaria y provisional. Sin embargo, la Historia no es patrimonio de nadie, ni es fuente o manifestación de poder. Por eso, y a diferencia de la norma jurídica –que siempre es la expresión coactiva del poder del soberano-, no necesariamente una versión histórica posterior de un mismo episodio deroga la versión anterior. Pero vayamos ya a un fenómeno actual, quizás el más relevante de los últimos años, dentro de la serie de revanchas contra el tiempo histórico.

Una venganza de esta naturaleza, perpetrada además con “nocturnidad y alevosía” no exenta de alguna inconsciencia, se consumó en 2008, justo en el momento en que nuestra Constitución se disponía a cumplir los treinta años de edad. De forma bastante inesperada, los fastos oficiales preparados para conmemorar la efeméride resultaron eclipsados por el auge sorprendente alcanzado por la Memoria Histórica en nuestro país. Es verdad que poco antes –en diciembre de 2007- las Cortes Generales habían aprobado la Ley propuesta por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para honrar a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura del general Franco, pero pocos esperaban que las reacciones sociales que esa corriente iba a propulsar apagaran antes de encenderse la tarta de cumpleaños de la Carta Magna de 1978. ¿Había algún aguafiestas entre los invitados o quizás un zascandil quería soplar las velas por su cuenta e iniciar un alboroto? Dejemos las “manos negras” para solaz de mentes infantiles sin negar, pese a todo, que el Gobierno ha trastocado un poco las diversas fiestas del recuerdo.

En realidad, el ajuste de cuentas con el pasado reciente vino, como acabo de señalar, del campo de la Memoria y no de la crítica historiográfica, pero lo cierto es que muchos profesionales de la Historia, confundiendo los dos niveles de aproximación al pasado, alentaron de forma muy emotiva el recuerdo subjetivo de los hechos que es la Memoria. No han sido los únicos: algunos jueces pretenden sustituir la aplicación del Derecho vigente por principios de moral humanitaria para juzgar ese pasado, varios periódicos están ofreciendo sus portadas y editoriales a esa tarea de revisión y la opinión pública se ha fragmentado en dos ejércitos del recuerdo aparentemente irreconciliables. En definitiva: la visión mayoritariamente “pacífica” que sobre la época inmediatamente anterior habíamos tenido los españoles del último cuarto del siglo XX ha cedido el paso a otra muy diferente apenas unos años después.

Desde ese momento se ha producido una aceleración de la pedagogía social de la Memoria sobre gran parte de los ciudadanos españoles (cuyo síntoma y consecuencia más espectaculares y contradictorios son el procesamiento y la suspensión administrativa en sus funciones del juez Garzón por intentar revisar el pasado desde los estrados de la Audiencia Nacional), que ha generado, en forma de réplica airada, la formación de una todavía más irreal, fantástica e ilusoria Contramemoria por parte de los que se han sentido ofendidos por la versión de los memoriosos de la izquierda republicana. Como precipitado final de este proceso, la Memoria de la democracia actual, anclada hasta ahora en la Transición posfranquista, se está desvaneciendo y, por tanto, se ha producido, en una extraña pirueta del destino, cierta deslegitimación de la propia democracia (además, claro, de que su desprestigio actual es consecuencia de una serie de errores que la democracia que hemos construido no puede endosar a terceros, aunque aquellos ya no serían taras congénitas sino defectos adquiridos en el transcurso del tiempo).

La Transición se contempla hoy por algunos sectores de la izquierda como una rendición incondicional, con armas y pertrechos, a los poderes establecidos del franquismo, y nuestra democracia es vista por ellos como un sistema político defectuoso y muy imperfecto desde su mismo nacimiento, condicionado en su desarrollo posterior por la herencia residual del franquismo. Dentro de este relato –una verdadera exhibición de “agustinismo político”, con su “pecado original” imposible de limpiar por hombres normales y corrientes, sea cual fuese el tiempo en el que vivan-, la República de 1931-1936 sería la fuente auténtica e ideal de la democracia errónea que hoy tenemos por haberse entregado de hoz y coz al franquismo (y, según esta versión, por haber traicionado un supuesto legado republicano). La II República habría constituido un venero irrenunciable para los españoles de hoy y, abortada criminalmente por el golpe de Estado de los militares sublevados y el triunfo armado de la coalición conservadora-fascista en la guerra civil, nuestra obligación irrenunciable sería, en esencia, su restablecimiento para continuar, “per saltum”, su obra política. Sin embargo, con la larga duración del franquismo, nos dicen los memoriosos, dicho régimen se habría consolidado y perpetuado sin rupturas hasta hoy mismo, y las leyes de amnistía de 1976 y 1977 son contempladas por algunos como una verdadera legislación de punto final de las responsabilidades, políticas y penales, de los dirigentes y colaboradores del franquismo y un refrendo innoble, cometido en los primeros años democráticos y confirmado posteriormente, de la sistemática violación de los derechos humanos y de los crímenes genocidas del régimen del general Franco.

Esta versión de la Transición responde más a la Memoria actual de algunos sectores de la sociedad española que a la realidad histórica. En la época de autos nadie, y mucho menos ningún sector del franquismo, se planteó la posibilidad de que la legislación de amnistía incluyera también a los franquistas (con los matices que luego veremos). La oposición democrática al régimen de Franco no estaba en condiciones materiales de imponer un castigo a los miembros de aquél y su pretensión de ruptura fracasó en las urnas en el referéndum del 15 de diciembre de 1976, que aprobó la reforma preconizada por Adolfo Suárez. Por eso tuvo que pactar con los herederos aperturistas de Franco el escenario inmediatamente posterior (convocatoria de elecciones libres, carácter constituyente de las Cortes así reunidas, etc.) y, si incluso de haber triunfado la ruptura ya le habría sido casi imposible a los demócratas castigar los crímenes del franquismo, esa remota posibilidad se esfumó definitivamente en el proceso de Transición pactada, en el que la oposición democrática sólo estaba en condiciones de pedir la rehabilitación (con las oportunas compensaciones económicas) de los viejos funcionarios de la República. De esta forma, fueron restablecidos en sus carreras profesionales los que habían desempeñado cargos civiles (los jueces y magistrados que aún vivían, por ejemplo, que reingresaron en sus cuerpos y poco después se retiraron por edad), mientras que a los militares profesionales de la República –los que habían consolidado su empleo con anterioridad al 18 de julio de 1936- únicamente se les reconstruyó “idealmente” la carrera que habrían desarrollado de no haberse producido la guerra, a los meros efectos de la aprobación y reconocimiento por el Ministerio de Defensa de los correspondientes haberes pasivos, mediante una habilitación presupuestaria con cargo a los fondos librados por el Ministerio de Hacienda.

A mi juicio, esa impotencia (que en muchos casos fue verdadera convicción de que era preferible no transitar por ese camino) de los antifranquistas para castigar las responsabilidades pasadas de los comprometidos con la ya extinta Dictadura fue una necesidad (o una opción deseable, según los casos) que garantizó la convivencia democrática de los españoles. Negar lo evidente, ahora y hace treinta años, sólo autoriza a ejercer el oficio de ilusionista. Algunos románticos del pasado de la España actual me producen la misma melancolía que me suscitó en su momento (él también confundía la realidad con los sueños), don Enrique Tierno cuando, incluso antes de la muerte de Franco, se postulaba como el Presidente ideal de la III República española por ser el único miembro de la oposición que podía dialogar y pactar la ruptura democrática con “los poderes fácticos”.

Sólo de “rebote” y de manera sobrevenida, y con los ojos de hoy, resultó amnistiado el franquismo con “carácter general” en la Ley de 15 de octubre de 1977. La amnistía decretada en 1976 no era aplicable a los delitos con resultado de muerte o de lesiones y sólo la del año siguiente estableció también la aplicación de la amnistía para estos últimos casos (por actos realizados en tres fases temporales distintas, la última con fecha límite de 6 de octubre de 1977). La Ley de 1977 tuvo como beneficiarios a los resistentes y luchadores contra la Dictadura. Los responsables del franquismo, por el contrario, no sintieron –ni tuvieron- la necesidad de arrancar un posible perdón de las primeras Cortes democráticas a causa de un supuesto miedo al futuro en democracia que pudieran padecer los que aún estaba vivos, que eran muchos todavía. Basta acudir a las hemerotecas o al Diario de Sesiones del Congreso y leer la intervención del ex ministro Carro, en representación del grupo de Alianza Popular, opuesto radicalmente a la Ley. La ampliación de los efectos de la amnistía se debió a la necesidad de integrar en la democracia a los “desertores” de ETA-Político Militar  y a las exigencias del PNV en los inicios del proceso constitucional para adherirse al nuevo marco jurídico, cosa que resultó fallida porque finalmente los nacionalistas vascos se abstuvieron de apoyar la Constitución de 1978.

Sólo “desde” algunas perspectivas puramente subjetivas del año 2010 es posible considerar la amnistía de 1977 como una “Ley de punto final” para perdonar unos hechos que unos –los demócratas- no quisieron o no pudieron castigar, mientras que “los otros” –los franquistas- ni siquiera reconocían que eran responsables política y penalmente por haberlos realizado. Y, al hablar de esta falsa inconsciencia de culpa, no me refiero sólo a los dirigentes y colaboradores del Estado anterior, sino también, en el nivel de responsabilidad que procediera en cada caso, a la mayoría de la sociedad española, a ese sector al que entonces se llamaba “franquismo sociológico”, aunque no todos sus miembros intuían en su plenitud que compartían con el resto del grupo esta nota de psicología colectiva.

La Ley de 15 de octubre de 1977 -que en realidad concedía varias amnistías- sólo (pero nada menos) dejó impunes (artículo segundo, apartados e. y f.) los delitos que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo de la investigación y persecución de los llamados durante el franquismo “delitos políticos” (que entonces, ésos sí, se amnistiaban), así como los delitos cometidos por dichos agentes oficiales contra el ejercicio de los derechos de las personas. Pero aquí no puede verse una unidad o simetría de trato a la hora de difuminar los efectos de los actos de unos y otros durante el franquismo, los demócratas reprimidos por el régimen, por un lado, y los funcionarios policiales y judiciales de Franco, por otro. A los primeros se les otorgó una serie de medidas de “amnistía general”, mientras que a los segundos, por si las moscas, se les concedió una “amnistía especial”. Eran estos últimos los eslabones inferiores de la cadena de mando que conformó la interminable Dictadura de Franco y la Ley de 15 de octubre de 1977 en modo alguno puso en tela de juicio, a los efectos de la amnistía, a los responsables máximos, últimos y directos del franquismo. No tuvo necesidad de hacerlo, porque ese escrutinio no estaba en la mente del legislador. Quien tenga curiosidad puede acudir, para comprobarlo, a la Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo del 20 de octubre de ese mismo año 1977.

Pese a todos los pesares, en mi opinión, la Transición, mal que bien, funcionó. Y, no obstante sus limitaciones, que no fueron pocas, dio paso posteriormente a una transformación real de España. Paradójicamente, la Transición fue posible en gran parte por el uso de una determinada Memoria: por la memoria del miedo a un nuevo enfrentamiento civil entre españoles, por el recuerdo de una guerra y una represión política devastadoras que estaban entonces muy vivas y cercanas en el tiempo, más que nuestros recuerdos actuales, ya muy borrosos para las nuevas generaciones, sobre los años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco.

En 1976 y 1977 se puso el contador histórico a cero y se huyó, en la medida de lo posible, de las trabas del pasado. Ya apenas permanece el recuerdo de otra amnistía de 1977, la amnistía fiscal. La primera Ley tributaria de la democracia, fechada el 14 de noviembre de 1977, concedió una amnistía sobre las irregularidades cometidas en el pasado mediante el ofrecimiento a los implicados de la posibilidad de regularizar voluntariamente su situación anterior. Pero, al mismo tiempo, dicha Ley suprimió el secreto bancario y tipificó, por primera vez en nuestro ordenamiento, la figura del delito fiscal. No fueron decisiones menores. Hoy –lo sabemos todos- nuestra Hacienda sufre una grave crisis, no existe la igualdad tributaria y el fraude campa a sus anchas. Pero sería absurdo culpar de estos hechos a la “Transición fiscal”.

El malestar actual sobre las desventuras del presente no puede ni debe relacionarse decisivamente con lo que hicimos o dejamos de hacer hace más de treinta años, que en mi opinión estuvo bastante bien. Uno de los fundadores del pensamiento democrático ruso, el gran Alexander Herzen, escribió hace muchísimo tiempo una frase que debería grabarse en la puerta principal de todas nuestras escuelas. “La Historia no tiene libreto”. Nosotros somos los padres de nuestros males, aunque algunos nieguen su paternidad vengando la memoria, real o fingida, pero en cualquier caso impotente para retorcer los sucesos de un tiempo ya consumado, de sus abuelos. Estos últimos fueron las víctimas y los combatientes de un tiempo atroz que no pueden transmitirnos ni sus culpas ni sus virtudes. Pelagio, monje inglés del siglo V, fue declarado hereje por la Iglesia y anatematizado por San Agustín por negar la existencia de un mal o pecado original que condicionara la vida de los individuos y de las generaciones posteriores. De forma mucho más enigmática, el “Talmud” dice que “los muertos no saben nada”.  Hay que vivir la vida que nos ha tocado en suerte sin ensimismarnos en la contemplación abusiva del pasado. Honremos a nuestros muertos, dejémosles descansar en paz y, serenando el presente, intentemos dejar una vida más respirable a nuestros hijos. Hoy no andamos muy sobrados de aire limpio.