Un mal embarazo de seis meses

"No taxation without representation” es el emblema fundacional de la democracia. Desde que en 1750 el reverendo Jonathan Mayhew, encaramado a su púlpito de Boston, tronó contra las autoridades británicas presentes en su iglesia, ese “no hay impuestos sin representación” ha sido siempre el grito del pueblo contra los déspotas. La libertad resulta imposible allá donde el ciudadano no dispone de la facultad real de ejercerla y no es libre aquel que debe sufrir resignado un ataque a esa facultad –en ese caso a su propiedad dañada por un tributo- si los que deciden sobre ese derecho previo no son sus representantes y toman asiento en un palacio lejano. “No hay impuestos sin representación” fue el grito de la rebelión de los colonos norteamericanos contra los tributos que la metrópoli les imponía desde un Parlamento, el de Londres, que se reunía sin pedirles su voto.

Un buen amigo, en medio de una charla sobre los numerosos errores de las últimas Administraciones de Estados Unidos, me decía con algo de sorna que esos fallos serían imposibles a este lado del Atlántico. “Europa es sabia”, concluyó mi amigo. Todas las comparaciones son odiosas, pero la relatada además es –lo digo sin sorna- un ejercicio de engreimiento infantil si aplicamos la conclusión de mi amigo –“Europa es sabia”- al modo en que nosotros estamos fraguando la unión de esa Europa que a él le parece tan lista.

En su reunión del 7 de septiembre, el ECOFIN (los ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea) han resuelto meternos en cintura a los quinientos millones de personas – eso de “ciudadanos” hoy por hoy lo dejo para las voces solemnes que afirman hablar en serio- que tiene la Unión. Como esos ministros nos ven un poco adiposos, quiere su recta intención que adelgacemos los kilos sobrantes, que recuperemos la línea –la económica, que suele ser la más deforme-, y por eso nos van a poner a dieta. Bien, de acuerdo. Lo malo es que el nuevo menú va a ser obligatorio, diga lo que diga ese principio tan bonito de “la autonomía de la voluntad” de los ciudadanos y de sus representantes nacionales.

A partir del año que viene no hablaremos con propiedad absoluta cuando mencionemos los Presupuestos Generales “del Estado”. Aunque habrá que esperar hasta el 29 de septiembre de 2010, día en que Bruselas nos comunicará los detalles, lo poco que hasta ahora se sabe es ya suficiente para afirmar que “el Presupuesto” –esa delicia que, según su confesión expresa, tanto le gustaba manejar al Conde de Romanones- nunca volverá a ser lo que ha sido. Como dice Belén Esteban, “me explico”, aunque no veo a Belén con la necesaria capacidad de síntesis como para, usando la jerga de los ministros, introducir en el calendario “el semestre europeo”, que es el nombre de la cosa. Vamos a ello.

En enero la Comisión Europea presentará un “Análisis anual sobre crecimiento económico” que será el navegador que deberán usar los Estados miembros en la elaboración de sus programas de estabilidad y convergencia. En marzo, y con la referencia obligatoria de ese informe anual de la Comisión, el Consejo Europeo establecerá las bases estratégicas de la economía de la Unión. Continuemos sacando “matrioskas” de la sabia madre Europa: en abril, y de acuerdo con las bases del Consejo, los diversos Estados acudirán a la primera de las “matrioskas” y le entregarán a la Comisión las líneas maestras de los presupuestos del próximo año. En junio y julio el Consejo Europeo y el ECOFIN publicarán las directrices obligatorias que regirán, para todos los Estados, la elaboración de sus presupuestos anuales, a realizar durante el segundo semestre del año. Fin.

Si el menú hasta entonces habrá sido una zanahoria detrás de otra, nos queda el palo final (si bien con anuncio anticipado): el señor Van Rompuy (el jefazo de la Unión) ha convocado al Consejo  a una reunión próxima -el 28 de octubre de este año- y ese día entregará a sus miembros las conclusiones de la llamada “Task Force” sobre la inminente reforma del “Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, que prevé unas sanciones mucho más duras para el Estado que, apartándose de la disciplina y del prolijo camino que acabo de mencionar, se pase de la raya y consuma más calorías de las prescritas para él. “Ex ante” y “ex post”, por delante y por detrás, qué bonita va a quedar la representación popular.

Después del recorrido anterior, la pregunta se impone por sí misma: ¿dónde reside la soberanía que determina el  nivel de los ingresos y los gastos públicos de nuestro país y, en última instancia, la asignación y el destino de los fondos recaudados por nuestra Administración? Cedidos ya hace tiempo la moneda, el control de la política cambiaria, los tipos de interés y su estrategia sobre el comercio exterior, las naciones europeas somos hoy un agregado de “reservas indígenas” dentro del mercado único de capitales (aunque a esta situación los expertos le han puesto el nombre de “gobernanza”). Sólo nos quedaba la política fiscal -el Presupuesto- como signo de independencia y motor de la democracia. La Ley de Presupuestos Generales es, año tras año, la justificación más importante y la tarea superior del Parlamento español. Y asimismo de nuestro Gobierno como rector de la economía y del sector público en beneficio del interés general. Su iniciativa presupuestaria es tan patente que en la discusión del Presupuesto rige el principio de “limitación de enmiendas” de los grupos parlamentarios (artículo 133 del Reglamento del Congreso de los Diputados).

Una parte sustancial de estos poderes democráticos que detentan las Cortes Generales y nuestro Gobierno va a ser transferida ahora, sin recabar la opinión de los ciudadanos españoles, a favor de los órganos centrales de la Unión (se ve que a éstos no les afecta ninguna limitación de enmiendas). La restricción a nuestro Parlamento incluso irá más lejos, pues también podrán ser controladas y censuradas sus leyes presupuestarias por todos los ministros de Hacienda europeos reunidos en el ECOFIN. Es cierto que una moneda única exige una integración presupuestaria hoy inexistente, y este defecto ha sido un verdadero desastre a la hora de combatir la recesión en Europa. Siempre he sido un “fan” de una economía europea digna de tal nombre capaz de trascender los intereses nacionales y diseñar una política regional con una voz única en el mundo. Pero esa economía que ansiamos debe ser la consecuencia de una mayor democracia, la de un Parlamento Europeo con competencias reales y de una ciudadanía europea que actualmente continúa anclada, a pesar de lo que expresa su nombre, en el solar de la ciencia-ficción. Sin embargo, en el nuevo escenario presupuestario el Parlamento Europeo no pinta nada de nada, salvo el poco decoroso papel de ser el buzón en el que la Comisión Europea echará el “Análisis anual sobre crecimiento económico” para que estampe en él su sello y lo traslade a los órganos reales de decisión. Es decir, que el Parlamento Europeo ejerce las mismas funciones que los honrados maceros de nuestro caserón de la Carrera de San Jerónimo.

La alta burocracia y los gobiernos europeos han constituido a su favor una soberanía híbrida para desapoderarnos, para callar a unos ciudadanos a los que consideran menores de edad. Se han revestido, en esa función de tutores de intereses propios y ajenos en la que la resultante es un embrollo sin cola ni cabeza visibles, de una “legitimidad de ejercicio” que vacía a su favor la “legitimidad de origen” que les hemos prestado a tiempo parcial. Frente al poder de los tecnócratas, necesitamos una Europa trasnacional y democrática. Pese a ellos, esa Europa no es un sueño, es una necesidad vital para nuestros hijos.