(Des)ajustes eclesiásticos

La oposición popular acusa al Gobierno de echar sobre los hombros de los más débiles el peso supremo de la crisis. Es un guiño cómplice a los millones de jubilados que han sufrido la congelación de  sus pensiones. Tiene razón el PP, en lo que dice y también en lo que calla. Pero mucha más en lo que oculta al alimón con la otra pata principal de nuestro sistema de partidos. El PSOE y el PP rivalizan a grito pelado sobre la realidad visible y audible, en este caso sobre las depauperadas clases pasivas a las que ambos quieren cortejar, contándoles sus desvelos exclusivos para mantener el valor de las pensiones y, de paso,  las aviesas intenciones del contrario. Pero los dos partidos son buenos hermanos y cómplices en sus silencios dolosos, en lo que a ambos les interesa ocultar.

Del severo ajuste que padecemos casi todos los ciudadanos españoles, algunos trabajadores se van a librar. Son ingenieros de almas, y las almas y los espíritus sabido es que no tienen precio. Ellos sí, ellos cobran –ciertamente no mucho- porque los cuerpos no viven sólo del aire. Son trabajadores de “cuello blanco” en el más literal de los sentidos. Pero antes de examinar sus nóminas haré un recuento general, sabido por todos aunque no está de más recordarlo. Para situar a esos empleados por cuenta ajena en el contexto general de la recesión y en los arbitrios del Gobierno para remontar la pendiente. Además de un notable incremento de los impuestos y de una fuerte restricción en la inversión en infraestructuras, el Estado ha disminuido también el importe de sus gastos corrientes, especialmente los del factor trabajo, activo o pasivo. Al sector público, en lo que se refiere al último capítulo, se le ha reducido su tamaño rebajando el sueldo a los funcionarios y a otros empleados públicos, y congelando los haberes de los jubilados, la mayoría, históricamente, ya de por sí muy bajos.

El Gobierno quiere librar a la economía española  de la recesión mediante un ajuste a la baja de los precios del trabajo, pero no sólo los del empleo público. El Gobierno se comporta como los demás agentes económicos en épocas de vacas flacas. También el sector privado está siguiendo el mismo camino (a veces de forma abusiva para los trabajadores) de reducción del precio del trabajo. La contracción de la demanda ha frenado los procesos productivos, la capacidad de fábricas y empresas está infrautilizada de acuerdo con su potencia máxima para acomodarse a la crisis, para disminuir la oferta y ajustarla a la demanda, y en este proceso todos los inputs empresariales, incluido el precio de la mano de obra y del empleo, se están reajustando con disminución de su precio. En muchísimos casos de la forma más dramática posible, a través del ajuste más duro: la pérdida del trabajo y su amortización completa o la disminución de su tasa de reposición. Algo parecido y con efectos igual de ominosos para la incorporación laboral de los jóvenes está sucediendo en la negación de su acceso al empleo en la Administración General del Estado, en la que por segundo año consecutivo se va a paralizar casi en su integridad la oferta pública de empleo. En ambos sectores de la economía, la verdad es que llueve sobre mojado porque la participación del trabajo en la renta nacional ya era en 2007, antes de la crisis, la más baja desde el año 2001. Incluso las rentas profesionales están siendo severamente afectadas por la crisis, al restringirse la demanda interna de muchos de los servicios independientes prestados por cuenta propia.

Vayamos ya con la situación de los trabajadores de cuello blanco aludidos al comienzo del artículo. Son los curas de almas y sacerdotes diocesanos, el clero secular de la Iglesia Católica. Los salarios de los trabajadores de este “tercer estado” de la España posmoderna, tan poco parecido al que describió el abate Sieyès (el “estado eclesiástico”, objeto de tratados internacionales, y exento, a diferencia de los otros dos, los funcionarios y los trabajadores privados, del cumplimiento de la ley interna), se cargan contra el presupuesto nacional. Las dotaciones del clero, si bien son variables y no tienen naturaleza cerrada, se obtienen de una fuente financiera peculiar: la llamada “asignación tributaria” a la Iglesia Católica. Si bien dicha asignación depende de la voluntad privada de cada contribuyente, se extrae del dinero público aunque no llega a entrar en el presupuesto de ingresos. Pese a ello la asignación eclesiástica  no tiene nada que ver con un donativo o una aportación de carácter privado . Se trata, tal es la realidad de este supuesto “óbolo” de los católicos españoles, de un dinero público que la Iglesia ingresa limpio de costes de gestión, pues su recaudador es el mismo Estado que cobra de los ciudadanos el Impuesto sobre la Renta. En vez de estar a cargo de los feligreses, la financiación pública de la Iglesia  produce un trasvase de rentas a favor, directamente, de quien presta el servicio –la propia Iglesia Católica– e indirectamente a favor del consumidor o usuario –el feligrés– de la prestación eclesiástica. Además, en contra de la tendencia a la baja durante el último decenio de la renta del trabajo, antes señalada, la renta de los eclesiásticos, a pesar de la caída reciente de los ingresos fiscales, ha tenido un gran incremento desde 2007, ejercicio en que la asignación tributaria subió, desde el 0,52% de la cuota íntegra del IRPF al 0,7%.

Conviene insistir en que la asignación tributaria no es la remuneración pública de un servicio prestado por la Iglesia Católica a la sociedad española. A diferencia de los “conciertos educativos” o de algunos programas de cooperación social, financiados con fondos públicos por las prestaciones eclesiásticas de la enseñanza o de servicios como la beneficencia o el auxilio social, la asignación tributaria no traspasa el ámbito interno o privado que mantiene la Iglesia con sus feligreses, y se destina al “sostenimiento” de la propia Iglesia, a las dotaciones del culto y el clero, con lo que se refuerza su aspecto mayoritario de gasto de personal. La asignación es una parte mínima del dinero público que se destina a los citados “conciertos educativos”, pero refleja aún con mayor exactitud que estos últimos una lógica extraña a un sistema político de separación entre el Estado y las confesiones religiosas. Muestra una dependencia anómala de un Estado democrático a otros poderes, legítimos pero privados y ajenos a la estructura institucional del Estado de Derecho.

La fuente jurídica de esta obligación gratuita, si vale la contradicción, a cargo de nuestro sector público data nada menos que de 1979, en concreto se remonta al Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado y la Santa Sede, suscrito el 3 de enero de 1979; exactamente una semana después de que el Rey sancionase ante  las Cortes la Constitución Española. Mucha agua ha llovido desde entonces, aunque existen plantaciones a cubierto regadas quizás de forma artificial, lejos de la intemperie y del juego político de cada momento, que en este caso ofrece su imagen real, su mayor banalidad. Al igual que el “Barça”, la Iglesia Católica es mucho más que un club, a pesar de su reconocimiento solemne de no pretender tanto. Lo digo porque en el propio Artículo II del citado Acuerdo de 1979, justo a continuación de la aprobación del sistema de “sostenimiento económico” de la Iglesia Católica por el Estado Español, la Santa Sede (apartado 5) refrendó la siguiente cláusula, al parecer retórica y sin efectos jurídicos si computamos los más de treinta años transcurridos desde entonces: “La Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”.  La Iglesia de Cristo va camino de los 661 trienios desde su fundación, así que no pasa nada, podemos seguir esperando a que cubra sin prisas sus fuentes, propias e internas, de financiación.

Termino como empecé, hablando de nuestro sistema de partidos y del sonido de su silencio. Un silencio imprescindible para ocultar a buen resguardo las contradicciones del PSOE y del PP. El leguaje oficial del PSOE es el idioma de la “democracia participativa” y de las “políticas sociales”. Sin embargo, en la cuestión de autos su dominio sobre las instituciones del Estado supone algo distinto: no es más que una privatización de lo público a favor de una determinada confesión religiosa. No creo que éste sea el único caso de apropiación privada del interés general, cualquiera que sea la cobertura ideal que se le quiera dar. ¿Y el PP, qué dice el PP, el campeón del liberalismo español? Pues lo mismo que sus competidores políticos del Gobierno, aunque nuestros conservadores vengan desde el espectro ideológico contrario, el de los defensores del “Estado mínimo” y la “democracia legal” de la escuela de Hayek. ¿Cuál es el verdadero “camino de servidumbre” que recorren nuestros liberales? Nuestros dos grandes partidos nacionales necesitan oxígeno, tomar un poco de aire y ser más sinceros con sus votantes. Los ciudadanos, cada uno en defensa de nuestras ideas e intereses, queremos más política real y menos política de feria.