La guinda

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Rubalcaba y Salgado escuchan a Zapatero, ayer, durante el pleno del Congreso que aprobó los Presupuestos. / Moya (Efe)

En un relato memorable sobre el hundimiento del Titanic, Joseph Conrad, que además de gran escritor fue marino mercante, dijo que quizás el barco se habría salvado si su capitán lo hubiera empotrado directamente y a toda máquina en el centro mismo del iceberg. Como no existen evidencias empíricas de si habría sido mejor para el pasaje que el Titanic se estrellara de plano contra la mole de hielo en vez de hacerlo de lado y como sin querer, nos hemos quedado con la incógnita irresuelta. Pero esta estrategia del todo o nada y a lo bruto parece ser la divisa de nuestro presidente del Gobierno, que es un tipo arriesgado. En eso se parece a Cesar Borgia, aunque afortunadamente para el personal nuestro presidente tiene mejor corazón y peor cabeza que el hermano de Lucrecia. Pero eso es pequeño consuelo si al final nos enloquece y nos arruina a todos. Porque de barcos puede que entienda, pero de leyes e impuestos… no sé, no sé.

El Gobierno había apreciado una urgente y extraordinaria necesidad, debido a los ataques especulativos contra nuestra deuda, de acometer cambios inminentes en varios terrenos, entre ellos el ámbito fiscal de las empresas. Rodríguez Zapatero epató a propios y extraños, a sus amigos y también a sus enemigos, en su intervención parlamentaria del 2 de diciembre, anunciando unas medidas que al día siguiente serían aprobadas en Consejo de Ministros por la vía expeditiva de un Real Decreto-ley. El presidente demostró ser un hombre de Estado, anuló en el último minuto su viaje intercontinental  a la cumbre iberoamericana y al Rey se le pidió que sancionara el nuevo texto legal en la Embajada de España en Buenos Aires, vistiéndose ya para inaugurar la cumbre. La grave situación de la economía española exigía escribir de otra forma el guión previsto.

El mismo día -21 de diciembre- que aparecía en el BOE la Resolución del Congreso de los Diputados ordenando la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, el propio Congreso levantaba el veto puesto por el Pleno del Senado, en la sesión del 13 de diciembre, a los Presupuestos Generales del Estado para 2011. De esta forma el Congreso, al levantar el veto, ha rehabilitado los Presupuestos del Gobierno, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero. Sin embargo, el galimatías legal que va a producir tanto fuego cruzado –el Real Decreto-ley, el veto del Senado a los Presupuestos y su levantamiento por el Congreso de los Diputados- será de los que hacen época.

El texto presupuestario finalmente aprobado por el Congreso es el Proyecto de Ley inicial tal como le fue remitido por el Gobierno a finales de septiembre. En lo que aquí interesa dicho Proyecto es el mismo texto que salió del Congreso y fue remitido al Senado, pues no fue tocado después en los debates presupuestarios de la Cámara Baja. El veto del Senado significa que no han valido de nada los cambios intentados por la misma Cámara Alta durante el debate posterior. Como dichas modificaciones pretendían armonizar los Presupuestos definitivos con algunas de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno a través del Real Decreto-ley 13/2010, y no lo han conseguido, tenemos ahora dos versiones legales distintas de un mismo precepto. Esto sucede en el Impuesto sobre Sociedades (fiscalidad de las pymes). Y también en el gravamen de “operaciones societarias” por lo que hace a la constitución de sociedades y aumento de su capital, que en el Decreto-ley están exentos en todos los casos, mientras que los Presupuestos para 2011 serán, por culpa del veto del Senado, mucho más restrictivos. Y eso que los autores del veto (con el PP a la cabeza) le hacen la puñeta a su electorado natural.

El Real Decreto-ley 13/2010 entró en vigor el 3 de diciembre y amplió de 8 a 10 millones de euros la cifra máxima de negocios para que las sociedades puedan acogerse a los beneficios del régimen especial  de “empresas de reducida dimensión”. Esta nueva anchura de banda supone tributar en el Impuesto sobre Sociedades al tipo reducido del 25% para más empresas  y,adicionalmente, sobre una base imponible superior (hasta 300.000 euros, frente a los poco más de 120.000 euros actuales). Por el contrario, el Proyecto de Ley de Presupuestos sólo prevé una prolongación de los beneficios del régimen de “empresas de reducida dimensión” durante tres años adicionales y, en todo caso, con un contenido y un alcance fiscal muy inferiores a las disposiciones del Real Decreto-ley 13/2010.

No es el único beneficio que hoy está en cuestión. Porque si de aquí hasta el 31 de diciembre el Gobierno no revalida el contenido de ese Decreto-ley mediante la aprobación de una norma de igual rango jerárquico, quedará derogado el 1 de enero de 2011 por la Ley de Presupuestos del próximo ejercicio, que contempla unos beneficios fiscales inferiores. Sería una consecuencia ineludible de la aplicación del artículo 2 del Código Civil, sobre derogación de las leyes por otras posteriores, en “todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior”.

Este nuevo embrollo es la guinda de la pésima gestión económica del Gobierno durante el año que ahora termina. Pero no sólo del Gobierno, porque parece increíble que no haya existido la necesaria conexión entre el Ejecutivo y su Grupo Parlamentario para prever las dificultades jurídicas que el más que cantado veto a los Presupuestos por parte del Senado podía poner sobre la mesa del Consejo de Ministros a la hora de deliberar sobre el contenido del Real Decreto-ley en cuestión. Por no hablar de los costes políticos que para el partido del Gobierno supondría, y no creo que exista otro remedio para desatar el enredo legal, empaquetar las medidas afectadas por los Presupuestos en otro vehículo del mismo rango legal antes de que concluya el año. Y no digamos después, con el reloj de 2011 girando sus manecillas.

1 Comment
  1. Guille says

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