La Segunda República, en bancarrota sobrevenida

La enésima rectificación del presidente del Gobierno en materia económica perjudica ya incluso a su propio partido. Y no sólo al PSOE, sino también a todos los partidos disueltos por el Estado fascista creado por el general Franco y sus amigos de armas para meter en el desván de la Historia a la Segunda República española. La muerte política, moral y jurídica de esas organizaciones, en su mayoría constituidas antes de 1931, no calmó el rigor y la sed de venganza de los fundadores del Estado Nuevo. Tampoco les detuvo el exterminio físico de muchos militantes socialistas, comunistas y anarquistas, y de numerosos republicanos burgueses. Había que llegar también al robo. La Ley de 9 de febrero de 1939, de depuración de responsabilidades políticas, decretó la incautación del patrimonio de los partidos republicanos. El saqueo fue completo y se cerró el círculo vicioso en el que durante muchos años vivieron dentro de la misma piel el criminal de guerra y el dictador, el feligrés poderoso que comulga en la iglesia bajo palio y el ladrón. Y toda su camarilla.

Llegó la democracia. En los años 80 se devolvió el patrimonio de los sindicatos verticales a sus dueños legítimos. Más tarde empezó a pensarse en los partidos disueltos por Franco durante la guerra incivil que padeció nuestro país. La Ley 43/1998, de 15 de diciembre, declaró la restitución o la compensación a los partidos políticos de los bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del “período” 1936-1939. Dicha Ley es de aplicación a los partidos reconstituidos antes del 6 de diciembre de 1978 que hubieran conservado su personalidad a 1 de diciembre de 1995 (posteriormente fueron excluidos los partidos suspendidos o ilegalizados por la Ley Orgánica 6/2002). La desposesión patrimonial acometida por los rebeldes en la contienda y después en la posguerra no la habían sufrido sólo los partidos republicanos, sino también otras muchas organizaciones, individuos y familias, de variada clase y condición. Pero el legislador democrático premió sólo a los partidos, por sus fines constitucionales y por acotar la responsabilidad económica del Estado dentro de sus posibilidades. ¿Es justa una ley desigual en este caso? Sea como fuere, la Ley de 1998 apenas se cumplía e iba con retraso.

Llegó Rodríguez Zapatero imitando a Enrique de Trastámara, conocido en su época como “el de las mercedes”. Apuntó la crisis en el horizonte y frente a la adversidad –¡eso se llama coraje!- empezaron a llover del cielo las mercedes enriqueñas. En diciembre de 2007, coincidiendo con la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, el Gobierno de Rodríguez Zapatero consiguió también de las Cortes una mejora de la Ley de 1998. En virtud de la misma (Ley 50/2007, de 26 de diciembre), el Estado restituía a los partidos los bienes inmuebles incautados y los demás derechos de contenido patrimonial. Si ello no fuera posible, el Estado compensaría pecuniariamente su valor teniendo presente criterios de mercado. Además, serían también objeto de compensación la pérdida o privación definitiva del uso de bienes inmuebles en concepto de arrendatario y la incautación de saldos en efectivo en cuentas y depósitos bancarios, debidamente actualizados y hasta un máximo por beneficiario (sólo por estos conceptos, y propiedades inmobiliarias aparte) de cuatro millones de euros. Respecto a los perjuicios sufridos por las incautaciones, la legislación restitutoria es ciertamente laxa e incluso autoriza al Consejo de Ministros “a fijar equitativamente una compensación”  cuando no hubiera podido determinarse ni siquiera por medios indiciarios la totalidad del perjuicio sufrido por el partido en cuestión. A los partidos históricos les había tocado la lotería.

Sin embargo, comienzan los ajustes en la primavera de 2010, la cosa se pone fea para casi todos (sólo se salvan los banqueros y los ex-presidentes del Gobierno) y al final afectan también a los partidos. Porque la Ley de Presupuestos del Estado para 2011 (Disposición adicional cuadragésima quinta) ha decidido, con efectos de 23 de diciembre de 2010, la paralización "sine die” del reconocimiento administrativo de los beneficios otorgados a los partidos y la suspensión indefinida de los procedimientos iniciados al amparo de las leyes de 1998 y 2007  “hasta que se verifiquen las condiciones que permitan atender las prestaciones que la Ley reconoce sin menoscabo de la financiación de otras actuaciones públicas prioritarias”.

¿Ni siquiera hay brotes verdes para los partidos? Al parecer no, ni brotes verdes ni  brotes tricolores. La confianza del Gobierno sobre la anunciada superación de la crisis debe de ser más endeble en la intimidad del hogar si ya los recortes afectan incluso a los partidos. Preocupante, desde luego. Y aún mucho más por lo que tiene de síntoma de difícil recuperación de la actividad, para los partidos republicanos y para todos los demás. Porque los Presupuestos para 2011 le han permitido al Gobierno esperar, si quiere, hasta el 31 de diciembre de 2015 para aprobar el Reglamento de desarrollo de la Ley 43/1998, “el cual fijará un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes de restitución o compensación” a los partidos. Plazos sobre plazos y las facturas sin pagar a su vencimiento. ¿Cinco añitos más para recuperar la estabilidad y las tasas mínimas de crecimiento de la economía española que permitan atender algunas “alegrías” presupuestarias “sin menoscabo de la financiación de otras actuaciones públicas prioritarias”? No hay duda de que pintan bastos para todos (obviamente, con las excepciones antes señaladas). No se salva ni la Segunda República española. No puede salvarla ni siquiera el presidente que niega los veredictos consumados de la Historia y sólo cree en el poder redentor de las leyes.