La consolidación de Salgado

A la chita callando Elena Salgado se consolida y ejecuta presupuestariamente a sus compañeros de Gobierno. A iniciativa de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, el Consejo de Ministros reunido el 14 de enero adoptó un acuerdo (difundido sólo entre los primeros escalones ministeriales) “por el que se aprueban medidas para reforzar la eficacia de la gestión del gasto público y la tesorería”. Dentro del severo programa de consolidación fiscal iniciado en mayo de 2010 e intensificado en los Presupuestos del Estado para 2011, el Gobierno le dio ese día una vuelta de tuerca apretadísima al control de su política de ajuste con la tenaza que ahora, como en los mejores tiempos de Miguel Boyer, empuña la ministra Salgado.

¿Mano de hierro en guante de seda? Eso parece. La gravedad de la crisis ha helado de puertas adentro las sonrisas de los miembros del Gobierno, que, más que a cortísimo plazo, a tiempo real (durante el primer semestre de 2011), van a tener que hacer horas extraordinarias para que prosperen sus políticas de gasto. El presidente del Gobierno y su Ministra de Economía y Hacienda se han visto forzados a poner sobre la mesa un menú todavía más espartano a añadir a la dieta acordada en los Presupuestos, ya que las nuevas condiciones de tesorería y endeudamiento del Estado significan un además a “las medidas explícitas de reducción del gasto contenidas en el presupuesto y en otras iniciativas del Gobierno ya aprobadas”.

Ese “además” se concreta en:

1.- Un calendario de actuaciones

Antes del 31 de enero de 2011 [el plazo terminó ayer] todos los departamentos ministeriales deberán haber remitido al Ministerio de Economía y Hacienda un calendario en el que se recogerán las actuaciones que tengan previsto iniciar en el primer semestre del año, para su autorización previa por el departamento que dirige la señora Salgado. Las actuaciones sujetas al control reforzado de Economía y Hacienda, que decidirá de forma prioritaria según criterios de “ritmo y necesidades de financiación”, atañen a las “subvenciones de concesión directa” y a “los convenios de colaboración”, incluidos aquellos cuyo objeto sea la concesión de préstamos y los que supongan una distribución de fondos públicos a través de entidades colaboradoras o agentes intermediarios para la puesta en marcha de líneas de subvenciones, préstamos u otras ayudas públicas. En cualquier caso, la falta de autorización por Economía y Hacienda implicará que el expediente de gasto no podrá tramitarse durante el primer semestre de 2011.

2.- Medidas adicionales para reforzar la eficacia en el gasto público

A) Con excepción de los anticipos que se concedan al personal, será preceptivo y vinculante el informe del Ministerio de Economía y Hacienda para la concesión de préstamos y anticipos con cargo al capítulo 8 de los Presupuestos (activos financieros). Con carácter general, los préstamos se concederán a un tipo de interés equivalente, al menos, a la rentabilidad media de la deuda emitida por el Estado con vencimiento similar al préstamo otorgado.

B) También como norma general, durante el ejercicio 2011 no se celebrarán nuevos convenios con las administraciones territoriales que supongan la concesión de subvenciones.

C) Durante el año en curso, y salvo contadas excepciones, la realización de contribuciones voluntarias a organismos y programas internacionales exigirá informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.

3.- Remanentes de tesorería

Antes del 31 de enero de 2011 [ayer se cerró la ventanilla] todos los departamentos ministeriales deberán haber enviado a Economía y Hacienda la situación (a 31 de diciembre anterior) de los remanentes de tesorería y de las disponibilidades líquidas de sus organismos autónomos, agencias estatales y otras entidades públicas. Esta información deberá actualizarse a 31 de marzo y 30 de junio.

Lo anterior es mucho, ¿pero eso es todo? Por ahora, sí. No obstante, en algunos mentideros administrativos se da por seguro, en los próximos días, el envío de una “Instrucción”, procedente de la Dirección de Costes de Personal (Economía y Hacienda) o de la Dirección de Función Pública (Política Territorial y Administraciones Públicas), vinculante y obligatoria para todos los departamentos ministeriales, que, de confirmarse, afectará también a los empleados del sector público y a sus ingresos. Ya que, siempre con las debidas reservas, prohibirá la tramitación de “comisiones de servicio” y “adscripciones provisionales”. ¿Terminarán en este punto los ajustes presupuestarios?