Hijos (y padres) basura

Una vez leí que en el antiguo Japón eran los hijos –si les adornaba algún mérito de relieve– los que transmitían su nobleza personal a los padres y a todos sus antepasados. La tradición de embellecer los linajes de manera retroactiva, sea o no una invención, me parece estupenda. Alivia la conciencia pensar en esa responsabilidad selectiva hacia atrás, porque según aquella leyenda oriental sólo se transmitían al pasado familiar las virtudes, nunca los defectos.  Pero los populares madrileños, tan exquisitamente liberales ellos, no dejan de sorprendernos. Doña Esperanza Aguirre se ha puesto el kimono, le ha arrebatado el sable a un viejo samurái y se ha puesto una vez más a repartir mandobles entre los díscolos. Ha importado el Japón a la Casa de Correos de la Puerta del Sol y le ha dado la vuelta. Ha triturado la aristocracia japonesa en la termomix. A partir de ahora los hijos también podrán machacar a los padres con todas las de la ley. Al menos con todas las de la ley madrileña. Tenga cuidado el lector si vive en la Comunidad de Madrid y tiene hijos entre los catorce y los dieciocho años de edad.

Los hijos menores, jurídicamente, son tan personas como sus padres. Pero tienen más derechos que obligaciones, pues su voluntad libre no es la de los adultos. Su personalidad civil está restringida por las leyes y son los padres los que responden de los perjuicios causados por los menores que viven bajo su autoridad y habitan en su compañía. Los padres deben reparar los daños causados por sus hijos a terceros. En el orden penal sucede lo mismo y los padres son responsables civiles, de forma solidaria con el menor, de los perjuicios causados por éste si comete un delito o una falta, aunque la Ley del Menor dispone que si los padres “no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos”.  Todo esto es razonable. A pesar de los defectos de los sistemas de enseñanza, de las tasas de abandono escolar, de la pésima pedagogía de las televisiones basura, del incivismo ciudadano o del cinismo de los políticos, los padres no podemos abandonar a los hijos a su suerte, como si fueran unos cafres dispuestos a agredir a los demás. Y debemos responder con nuestro patrimonio por los perjuicios económicos que nuestros hijos puedan causar a la sociedad. Pero ahí termina la raya de nuestras obligaciones paternas.

La responsabilidad no se extiende al cumplimiento de las penas y sanciones eventualmente impuestas a nuestros hijos. Pero hay quienes se empeñan en arreglar el mundo y en hacer la revolución a la inversa, de forma autoritaria. Empezando con el Derecho sancionador administrativo, y después, si se tercia y nadie les para, quién sabe si no llegarán a las viejas ordalías del Derecho penal de la Edad Media. Algo muy inquietante que está empezando a ocurrir en algunos sitios, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid con la reciente modificación de varias normas autonómicas, entre ellas la Ley de Residuos y la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos. A partir de 1 de enero de 2011 los padres de los chicos comprendidos entre catorce y dieciocho años de edad son considerados en Madrid responsables solidarios si sus hijos son “sancionados por vertidos de residuos, consumo de bebidas alcohólicas, realización de grafitis, emisión de ruidos durante la práctica del botellón en horario nocturno u otros comportamientos de los usuarios de las vías y espacios públicos que perturben la convivencia ciudadana”.

Antes de formular un último juicio de valor sobre estos cambios legales, conviene precisar los nuevos contornos de las conductas infractoras y de las sanciones que se van a imponer. Respecto al abandono o vertido de residuos derivados del consumo privado, se ensancha la protección legal del espacio, que ya no se refiere sólo a las vías públicas, sino a todos los espacios de dicha naturaleza. En cuanto a sanciones, se impondrá la pena de multa hasta un máximo de 601 euros, pero la multa podrá alcanzar la cantidad de 6.019 euros en el caso de residuos peligrosos. Si se trata del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, la sanción irá desde 300 a 31.050 euros. Y en los supuestos de pinturas o grafitis en la vía pública o en el mobiliario urbano, las sanciones oscilarán entre 300 y 3.000 euros. Por último, en los demás actos que perturben la convivencia ciudadana (incluso si la perturbación tiene su origen en una instalación doméstica o en un domicilio privado) la Comunidad delega en los Ayuntamientos madrileños la tipificación de las correspondientes infracciones y sanciones a través de sus Ordenanzas.

Es lógico que un padre pague la reparación de los daños ocasionados por su hijo menor a un tercero, sea el perjudicado un particular o el interés general mediante destrozos en bienes, vías o espacios públicos. Pero me parece una barbaridad que deba hacer frente también a las correspondientes sanciones administrativas como responsable solidario. Creo que supone un atentado contra el principio constitucional de legalidad, contra las notas indispensables de personalidad y responsabilidad individual del Derecho sancionador -administrativo y penal- que nos legó la Ilustración. Sancionar a los padres por las culpas de los hijos es una vuelta a la barbarie, a las plagas bíblicas y a las responsabilidades colectivas. Si no denunciamos estas fisuras autoritarias en nuestro sistema legal de convivencia, por mucho que nos pida el cuerpo meter en cintura a los gamberros con independencia de su edad, lo acabaremos pagando muy caro. Mucho más caro que la reparación de los destrozos de los gamberros. Por favor, no dejemos que nos hagan el harakiri. Protestemos aunque sea un harakiri legal.