Una vez leí que en el antiguo Japón eran los hijos –si les adornaba algún mérito de relieve– los que transmitían su nobleza personal a los padres y a todos sus antepasados. La tradición de embellecer los linajes de manera retroactiva, sea o no una invención, me parece estupenda. Alivia la conciencia pensar en esa responsabilidad selectiva hacia atrás, porque según aquella leyenda oriental sólo se transmitían al pasado familiar las virtudes, nunca los defectos. Pero los populares madrileños, tan exquisitamente liberales ellos, no dejan de sorprendernos. Doña Esperanza Aguirre se ha puesto el kimono, le ha arrebatado el sable a un viejo samurái y se ha puesto una vez más a repartir mandobles entre los díscolos. Ha importado el Japón a la Casa de Correos de la Puerta del Sol y le ha dado la vuelta. Ha triturado la aristocracia japonesa en la termomix. A partir de ahora los hijos también podrán machacar a los padres con todas las de la ley. Al menos con todas las de la ley madrileña. Tenga cuidado el lector si vive en la Comunidad de Madrid y tiene hijos entre los catorce y los dieciocho años de edad.
Los hijos menores, jurídicamente, son tan personas como sus padres. Pero tienen más derechos que obligaciones, pues su voluntad libre no es la de los adultos. Su personalidad civil está restringida por las leyes y son los padres los que responden de los perjuicios causados por los menores que viven bajo su autoridad y habitan en su compañía. Los padres deben reparar los daños causados por sus hijos a terceros. En el orden penal sucede lo mismo y los padres son responsables civiles, de forma solidaria con el menor, de los perjuicios causados por éste si comete un delito o una falta, aunque la Ley del Menor dispone que si los padres “no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos”. Todo esto es razonable. A pesar de los defectos de los sistemas de enseñanza, de las tasas de abandono escolar, de la pésima pedagogía de las televisiones basura, del incivismo ciudadano o del cinismo de los políticos, los padres no podemos abandonar a los hijos a su suerte, como si fueran unos cafres dispuestos a agredir a los demás. Y debemos responder con nuestro patrimonio por los perjuicios económicos que nuestros hijos puedan causar a la sociedad. Pero ahí termina la raya de nuestras obligaciones paternas.
La responsabilidad no se extiende al cumplimiento de las penas y sanciones eventualmente impuestas a nuestros hijos. Pero hay quienes se empeñan en arreglar el mundo y en hacer la revolución a la inversa, de forma autoritaria. Empezando con el Derecho sancionador administrativo, y después, si se tercia y nadie les para, quién sabe si no llegarán a las viejas ordalías del Derecho penal de la Edad Media. Algo muy inquietante que está empezando a ocurrir en algunos sitios, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid con la reciente modificación de varias normas autonómicas, entre ellas la Ley de Residuos y la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos. A partir de 1 de enero de 2011 los padres de los chicos comprendidos entre catorce y dieciocho años de edad son considerados en Madrid responsables solidarios si sus hijos son “sancionados por vertidos de residuos, consumo de bebidas alcohólicas, realización de grafitis, emisión de ruidos durante la práctica del botellón en horario nocturno u otros comportamientos de los usuarios de las vías y espacios públicos que perturben la convivencia ciudadana”.
Antes de formular un último juicio de valor sobre estos cambios legales, conviene precisar los nuevos contornos de las conductas infractoras y de las sanciones que se van a imponer. Respecto al abandono o vertido de residuos derivados del consumo privado, se ensancha la protección legal del espacio, que ya no se refiere sólo a las vías públicas, sino a todos los espacios de dicha naturaleza. En cuanto a sanciones, se impondrá la pena de multa hasta un máximo de 601 euros, pero la multa podrá alcanzar la cantidad de 6.019 euros en el caso de residuos peligrosos. Si se trata del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, la sanción irá desde 300 a 31.050 euros. Y en los supuestos de pinturas o grafitis en la vía pública o en el mobiliario urbano, las sanciones oscilarán entre 300 y 3.000 euros. Por último, en los demás actos que perturben la convivencia ciudadana (incluso si la perturbación tiene su origen en una instalación doméstica o en un domicilio privado) la Comunidad delega en los Ayuntamientos madrileños la tipificación de las correspondientes infracciones y sanciones a través de sus Ordenanzas.
Es lógico que un padre pague la reparación de los daños ocasionados por su hijo menor a un tercero, sea el perjudicado un particular o el interés general mediante destrozos en bienes, vías o espacios públicos. Pero me parece una barbaridad que deba hacer frente también a las correspondientes sanciones administrativas como responsable solidario. Creo que supone un atentado contra el principio constitucional de legalidad, contra las notas indispensables de personalidad y responsabilidad individual del Derecho sancionador -administrativo y penal- que nos legó la Ilustración. Sancionar a los padres por las culpas de los hijos es una vuelta a la barbarie, a las plagas bíblicas y a las responsabilidades colectivas. Si no denunciamos estas fisuras autoritarias en nuestro sistema legal de convivencia, por mucho que nos pida el cuerpo meter en cintura a los gamberros con independencia de su edad, lo acabaremos pagando muy caro. Mucho más caro que la reparación de los destrozos de los gamberros. Por favor, no dejemos que nos hagan el harakiri. Protestemos aunque sea un harakiri legal.
No soy jurista, pero puedo detectar varias confusiones graves (responsabilidad civil, penal, pese a querer distinguirlas), desinformaciones (cuándo comenzó y dónde existe esa responsabilidad: desde siempre, en todo lugar – si simplificamos como le gusta) y un caricaturización quizás involuntaria. Se trata de HIJOS MENORES de alguien, que si metieran fuego al coche del Sr. Bornstein, le pintarrajeasen la fachada o le llenaran la calle de basura seguramente no serían exaltados ni se beneficiarían de su fobia entusiasta hacia Esperanza Aguirre. Algo así como la impunidad e irresponsabilidad absolutas por razón de edad, se puede proponer. Pero empezando de cero, no defendiendo que se mantenga como una libertad hija de la Ilustración. Diría yo, que no soy jurista.
Gracias por su comentario, Mateo Estrada. Aunque no lo entiendo. En los ejemplos que usted pone el padre del menor debería reparar, siguiendo los razonamientos de mi artículo, los destrozos causados en el coche incendiado (responsabilidad civil derivada de un ilícito penal), en la fachada (responsabilidad civil derivada de un ilícito civil o administrativo, según los casos) y sufragar los gastos de la limpieza causados por la acumulación de basura (responsabilidad civil derivada de un ilícito administrativo). La imposición de sanciones, por el contrario, no tiene nada que ver con un resarcimiento de los daños y perjuicios causados. Es el castigo, entre otros, que asignan los poderes públicos a unas conductas personales e intrasferibles tipificadas por las leyes como infracciones. Si seguimos su argumento hasta el final, los padres deberían cumplir las penas privativas de libertad que se impusieran a los menores por sus conductas delictivas.
Esta señoora a la que hay , por desgracia mucha gente que la bota, no solo carga a las familias con una educación pública cada vez más precaria, en beneficio de intereses privados, y una política de recorte social que endurece la vida familiar, de esa familia que tanto dice defender como católica, con una legislación que carga sobre los padres en favor de ese estado que cada vez se desinteresa por otro lado de ellos.
¿ Y que hace el estado para evitar las malas conductas de la juventud’ ¿Educación, televisión de calidad, ocio enrriquecidor, deporte y cultura al alcance de todos los bolsillos?¿ Por otro lado donde están los inspectores inspecionanado que no se venda alcohol a menores?
Y lo principal, por que hay está en buena parte la causa del famoso botellón que arroja a nuestros jovenes beviendo como locos en las aceras, eso sin indagar en las fiestas promovidas por los ayuntamientos.
¿Quién controla el fraude que sacude habitualmente a nuestros bares de copas, conocido como garrafón, en que a unos precios abusivos, sino ya muy abusivos, te venden alcohol de una marca, y es tan solo la botella de dicha marca rellenada con un producto de mucha menor calidad.? Por que nada hace el estado por perseguit ese fraude, fraude que mueve mucho dinero y que ademas hace peligrar nusestra salud, recordemos, el famoso alcohol metílico de hace decadas.
Como siempre el político de turno haciendose el justiciero, con amenazas de multas que cairan como siempre sobre el ciudadano, y sin mover un dedo poir trata de ir a donde está buena parte de la raíz del problema y la carga de los ciudadanos.
En fín la señora Aguirre quiere ir de dura, pues que sea dura con las grandes fortunas y no saque los higadillos a quien no llegamosa fin de mes.