Palos y zanahorias para el trabajo ‘sumergido’

Imagine que usted es un funcionario o un empleado privado que entra en una cafetería a merendar. En esa cafetería imaginaria hay también otras personas, cada una en representación de oficios y medios de vida distintos al suyo (por ejemplo, rentistas o empresarios) que, como usted, han entrado para consumir su merienda. El local –continúe imaginando durante unos segundos, por favor-, además de ser el único de la ciudad, tiene un menú obligatorio y universal: día tras día sólo vende una tarta en porciones. Usted no dispone de elección, siente  hambre y no tiene más remedio que conformarse con la porción que le han asignado, comérsela y pagar su precio.  Suponga igualmente que el tamaño de cada porción es “corporativo” y que a cada cliente le van a entregar el pedazo de tarta de un tamaño proporcional al oficio que representa. Cada individuo merienda en nombre de su estirpe profesional. En su caso, como representante de los trabajadores, esa proporción ha sido, en el año 2010, el 47,8% del valor global (en suma, de la riqueza) del producto aportado y creado por todas las personas que entran y salen de la cafetería para que ésta, márgenes comerciales aparte, pueda seguir fabricando y vendiendo sus tartas (al valor total de 100) gracias al intercambio y la división de funciones económicas que se realizan en la ciudad en la que radica el local. Una ciudad que aparece en los mapas con el nombre de España.

Usted ya ha merendado y -es la última suposición que le pido- antes de salir de la cafetería deja en la barra 48 unidades de la moneda de curso legal sintiéndose generoso porque ha redondeado el precio y ha entregado una fracción de unidad de 0,2 para el camarero en concepto de propina. Sin embargo, con una risita de esas que insinúan que uno es un caradura, el camarero le responde que lo que usted realmente debe por la consumición son 80. Usted, claro, primero se sorprende y luego, ante la insistencia del camarero, se niega a pagar la diferencia. Y ya se dispone a salir a la calle cuando un fornido señor con una porra en la mano le sujeta del cuello y se identifica como el encargado de la seguridad del local. Usted –naturalmente- comprende enseguida la indirecta. Paga religiosamente las 32 unidades monetarias  de más y colocando en el sitio adecuado el nudo de su corbata abandona por fin el local. Mientras vuelve caminando a su casa cae en la cuenta de que alguien del que usted no conoce su identidad se ha colado en la cafetería y se ha merendado un trozo enorme de la tarta sin pagar.

La realidad –la lúgubre realidad fiscal de los asalariados- no sé si supera cualquier ficción, pero en todo caso es muy parecida al affaire del planchazo que se lleva el señor de la tarta en la viñeta anterior. Aunque las magnitudes no son exactas en la siguiente comparación, nos acercarán mucho a la verdad de lo que pasa en nuestro país con las rentas del trabajo. Y es que pesando en el PIB nacional menos de la mitad de su valor total (y además en una escala gradual descendente en los últimos años) los rendimientos del trabajo mantienen un promedio contributivo a la recaudación del Impuesto sobre la Renta, desde su implantación en 1979, en el entorno del 80%. En relación con el PIB de 2010, mientas bajaba, como se ha dicho, el peso de las rentas salariales, aumentaba la aportación de los impuestos (entre ellos los del consumo, por lo que a la renta laboral “ganada”, que es el soporte mayoritario del IRPF, hay que añadir esa misma renta en el trance de ser “gastada”, con lo cual su contribución al erario por la vía de impuestos al consumo es todavía mayor). Mientras tanto, los beneficios empresariales aparecen oficialmente estancados e incluso bajan en la contabilidad nacional. El sistema fiscal en España es, por consiguiente, poco equitativo. ¿Por qué?

La razón principal es que, en la economía global, el factor trabajo presenta una oferta mucho más rígida que la de los demás elementos necesarios para la producción de bienes y servicios, especialmente el capital financiero y la inversión empresarial, que pueden desplazarse velozmente por todo el espacio que abarca esa economía, es decir, yendo y viniendo constantemente por todo el planeta. El trabajo es un input del sistema de producción con menos flexibilidad que los demás elementos de la economía a la hora de deslocalizarse y, por ello, es mucho más susceptible de control, regulación e imposición fiscal por el Estado de residencia del trabajador. Sólo se apartan del esquema anterior los dos extremos de este factor económico. Por un lado, el trabajo muy cualificado y socialmente valorado  (como el de los grandes deportistas y los altos ejecutivos de empresa, es decir, el solomillo del capital humano). Su gran demanda hace que las personas que desempeñan estos trabajos tan apreciados sean los niños mimados del sector privado y también del sector público mediante los oportunos estímulos fiscales. Es el caso del llamado “Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español”, que permite a estos privilegiados tributar  durante seis años como si fueran “no” residentes, a un tipo de gravamen mucho más reducido que los tipos medios y los tipos marginales máximos que, en su conjunto, recaen sobre la inmensa mayoría de los trabajadores españoles. El reverso de esta situación son los inmigrantes sin papeles, que caen de bruces en la economía sumergida de sus patronos. Es cierto que no tributan en el IRPF y su recaudación se resiente, pero su desamparo laboral y, en general, su alejamiento de todos los sistemas de protección del Estado, son enormes.

El pasado miércoles Valeriano Gómez, ministro de Trabajo, anunció, sin dar ninguna pista, que, para la mejora de la competitividad de la economía española, el Gobierno está preparando “un plan de afloramiento del empleo sumergido” que será “una mezcla sabia” de amnistía y sanciones. Se pretende, como es obvio, mejorar el nivel de recaudación fiscal intentando cobrar el IRPF y las cuotas de la Seguridad Social que se dejan de ingresar al permanecer en la clandestinidad “las nóminas” del trabajo empleado en la economía informal. Éste, si no es una ocurrencia retórica más de nuestro Gobierno (veremos lo que dice nuestro Presidente en la reunión del Consejo Europeo que concluye hoy, 25 de marzo), será uno de sus compromisos principales dentro de la consolidación presupuestaria de la Unión Europea que busca el denominado “Pacto del Euro”. Aunque la verdad es que, en principio, el plan del Ejecutivo español no se conocerá en detalle hasta mediados de abril, cuando se espera que hayan terminado las rondas del Gobierno con los agentes sociales sobre el nuevo marco de la negociación colectiva.

Me parece muy bien. Que cada palo aguante su vela y que, como diría Mao Tse Tung, “florezcan las mil flores de la economía sumergida”. Pero que florezcan todas, la flor del trabajador y, sobre todo, la floresta selvática de los movimientos internacionales de capital, los paraísos fiscales y los beneficios empresariales. Persigamos al Ogro y no sólo a Pulgarcito. Porque después de tres años de crisis ha habido mucho bla-bla-bla de impuestos a la banca, pero casi ninguna medida para aumentar la imposición sobre las rentas de capital (que actualmente tributan, cuando les da por comparecer, más o menos a un tercio de lo que lo hacen las rentas del trabajo). En toda Europa se ha expandido el nivel de las rentas no sujetas a control efectivo, una Europa que tiene en precario el pago de las pensiones y más de 23 millones de desempleados.

Actualmente el Estado de Bienestar es inviable porque hace tiempo se rompió el pacto fiscal de posguerra, el de los años 50 y 60 del siglo anterior. Ese sistema social y político no puede financiarse sólo con las aportaciones tributarias de los trabajadores, por mucho que todos los que cobran su salario en billetes metidos en un sobre salgan a la luz (algo que es necesario pero insuficiente). No se pueden financiar adecuadamente las prestaciones sociales si las rentas del capital apenas tributan, si no se aumenta el control sobre las rentas empresariales y si continúa el desmantelamiento de los tributos patrimoniales (impuestos sobre el patrimonio, sobre las herencias y las donaciones). No se les puede pedir a los trabajadores, además de los ajustes producidos en sus salarios, en la flexibilidad a la hora de negociar su fuerza productiva en los mercados y en el alargamiento de la edad laboral activa, que financien en régimen de  monopolio casi absoluto un Estado de Bienestar cuya existencia no interesa directamente a los detentadores de los otros factores de la producción económica. No es serio.

Con independencia de lo que finalmente pacten los agentes sociales, a mí no me parecería mal que en el futuro se vincularan más los salarios a la productividad laboral. ¿Por qué no? Pero lo que no vale es aplicar con la asimetría cotidiana de nuestro tiempo la Ley del embudo y exigir todo el peso de la ley fiscal a los trabajadores y, por el contrario, imponer la desvinculación de la productividad del capital a su fiscalidad. Esta contradicción sólo sortearía todo reproche intelectual si se admitiera el postulado ético del inolvidable don Jesús Gil y Gil y aquello de sus ganas de “lícito medraje”. El señor Gil era un hombre poco de fiar, pero hablaba claro (y siempre en su propio beneficio). Todos los que ahora toman asiento en el Consejo Europeo son mucho más finos que el cacique de El Burgo de Osma, pero también mucho más parcos y cautos de lengua en los asuntos que importan, aunque sean solemnes y les guste la esgrima de salón. ¿Nos dirán alguna vez, dentro de los pactos por el euro y la competitividad, qué es lo que entienden ellos por la expresión gilista del  “lícito medraje” dentro de la economía europea e internacional? A ver qué dice esta vez nuestro Presidente.