Boyer 2

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Imagen de archivo de Miguel Boyer. / meh.es

El vicepresidente Pérez Rubalcaba dijo el miércoles, a la salida del Consejo de Ministros, que el Gobierno va a dar “un empujón” al sector del ladrillo porque es una medida que “beneficia a todo el mundo”. Se trata de un nuevo estímulo fiscal a la construcción –no a la promoción, a la que el Ejecutivo ha cerrado el grifo para reducir la oferta en el mercado inmobiliario hasta que complete la digestión de sus excesos- del que sabremos todos los detalles el 29 de abril. Ese día el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto-ley que dará forma al plan del Gobierno para aflorar el empleo sumergido, una de cuyas patas será ese “empujón” fiscal a los pequeños constructores. Ciertamente, las previsiones oficiales pasan por ese objetivo mixto de recaudar impuestos sobre el producto actual de una economía oculta al mismo tiempo que se incentiva (aunque sólo a corto plazo) la dimensión futura de la actividad de la construcción. ¿Pero qué tiene que ver con todo esto el apellido Boyer que encabeza el artículo que está usted leyendo?

Puede que la respuesta a lo que, en principio, parece un interrogante extemporáneo sea la naturaleza proteica del personaje. Superministro económico en el primer gobierno de Felipe González, gran financiero después, portada de las revistas del corazón, fichaje de lujo de José María Aznar para FAES, Miguel Boyer disfruta ahora de acceso directo al presidente Rodríguez Zapatero. Y su influjo se nota. A no ser que sea una coincidencia la similitud –es cierto que también existen muchas diferencias- entre las medidas de apoyo a la piedra de las que les hablaba al principio y las que adoptó o preparó don Miguel en el año 1985 poco antes de dar paso en el cargo a Carlos Solchaga (el luego marido de Isabel Preysler dimitió como ministro de Economía, Hacienda y Comercio en julio de ese año). Las semejanzas y las diferencias van en el siguiente cuadro sinóptico.

1.- El objeto legal

Consiste en ambos casos en la extensión de las deducciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta por inversión en vivienda. En la regulación que pronto entrará en vigor se aplicará el porcentaje del 20% (actualmente sólo alcanza el 10%) a los desembolsos satisfechos por el contribuyente, hasta un máximo de 6.750 euros (frente a los 4.000 actuales), para mejorar la eficiencia energética de la vivienda (calefacción, luz, agua…), así como su acceso a Internet y a la televisión digital terrestre. La deducción –válida para las obras de reforma que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2012- beneficiará a rentas hoy excluidas (contribuyentes con bases imponibles no superiores a 71.007,20 euros, lo que supone casi el 98% del censo del IRPF), aunque disminuirá progresivamente logrando su máxima eficacia (1.350 euros netos anuales) para las bases imponibles de cuantía igual o inferior a 53.007,20 euros. Pero lo más relevante es que los beneficios fiscales no se limitan a la vivienda habitual, sino a todas (incluidas las cedidas en alquiler, excepto los despachos y oficinas afectos al ejercicio de una actividad económica).

La lógica subyacente en el plan de la ministra Salgado es idéntica a la de su ya lejano antecesor: utilizar las deducciones fiscales como un instrumento de política económica (más que de naturaleza social) poniendo al mismo nivel la construcción residencial de segundo destino (ocupada durante las vacaciones o el fin de semana, o simplemente adquirida como inversión) y la vivienda propia de carácter habitual. Lo que fundamentalmente se busca en estos casos es reactivar el sector del ladrillo, más que mejorar las instalaciones de uso de la vivienda propia, aunque también. Boyer inauguró dicha estrategia creando ex nihilo la deducción en el IRPF para todos los inmuebles de nueva construcción (aumentando también el porcentaje aplicable a la vivienda habitual). Lo hizo el mismo año en que suprimió la prórroga forzosa para los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda y liberalizó los horarios de los establecimientos comerciales. La gran diferencia es la envergadura de la acción gubernamental: mientras ahora el sector de la construcción ha llegado a su agotamiento y de lo que se trata es de reanimar a las empresas auxiliares de rehabilitación y reformas hasta que lleguen otros tiempos, a mediados de los 80 el Gobierno optó, en plena reconversión industrial, por la promoción y la construcción inmobiliarias para servir de doble locomotora al tren completo de  la economía española. Quizás esta decisión, vista a larga distancia, fue el pecado mortal de una economía condenada a sufrir las penas del infierno. El Gobierno de Rodríguez Zapatero –abusando constantemente del recurso del Decreto-ley-  pretende elevarnos a la categoría más confortable y esperanzadora del purgatorio. Ojalá lo consiga.

2.- Su impacto en la recaudación fiscal

Previsiblemente, será positivo. La exigencia de que las citadas obras de reforma sólo serán deducibles si se pagan, no en metálico, sino mediante transferencia bancaria, cheque o tarjeta de crédito, unido al incremento del tipo de la deducción (recordemos que llegará hasta el 20%) es una buena idea contra la economía sumergida. Si el contratista sólo puede repercutir el 8% de IVA sobre el importe total de la obra, el consumidor tendrá mucho interés en que aquél le expida la correspondiente factura y en dejar un rastro bancario de su abono. En este aspecto la ministra Salgado se aparta radicalmente de los errores cometidos por don Miguel hace 25 años.  Porque en esa época cavó un agujero en su Ley de Activos Financieros para los Pagarés del Tesoro, un título de la Deuda Pública mal remunerado pero opaco a la mirada del Fisco. En comparación con los activos financieros privados, sujetos a un riguroso control, los Pagarés del Tesoro significaron el triunfo de la Razón de Estado para financiar el déficit y aliviar la deuda en momentos de penuria. Pero, además de lanzar un mensaje muy equívoco y retorcido a la sociedad, los Pagarés tuvieron poco recorrido porque la gran banca no se conformó y desafió abiertamente al Estado en su captación de dinero B. Fue una época de productos financieros “extraños” –Pagarés del Tesoro, pólizas de seguros de prima única, cesiones de crédito- a los que luego el legislador tributario (en el segundo semestre de 1991, cuando comenzó la recesión anterior a la que hoy padecemos) les otorgó la venia fiscal de su posible regularización sin apenas costes añadidos. Quizás también esos errores, perpetuados en el tiempo, tienen algo que ver con los dolores de cabeza que, después de un período de prosperidad ficticia, aquejan a la economía española.

3.- Su efecto de arrastre sobre la economía

Las nuevas medidas del Gobierno son sensatas pero irrelevantes, me temo, para reactivar a fondo la economía española. Hace un año, al aprobarse su primera versión, la ministra Salgado hizo una previsión irreal: la nueva deducción sería la causa de 350.000 empleos. Sin comentarios, que estamos terminando la Semana Santa y celebramos la resurrección del Bien y la muerte del Mal. Seguir indagando por esa vía y apostar con las nuevas cartas de una deducción reforzada insuflará un poco de vidilla a un sector megalómano (yo diría que antropófago) al que ha habido que administrarle el sacramento de la extremaunción. Es bueno que el moribundo no muera. Y que le proporcione algo de calderilla al Tesoro. Pero ya no estamos en los tiempos del poderoso Boyer 1, el patriarca moderno del ladrillo español. Hoy estamos en los tiempos de los duelos y quebrantos por los pecados cometidos al habernos entregado en cuerpo y alma a las delicias, instantáneas y con escaso valor tecnológico, de la especulación inmobiliaria y del desenfreno de la construcción. Quizás sea todo eso lo que nos ha conducido al tiempo muerto de la reaparición política de don Miguel, ahora con la firma de Boyer 2. Bueno, a los que ya tenemos cierta edad nos apetece reencontrarnos con los viejos conocidos. Dicen que a la tercera va la vencida. O sea, que todavía tenemos vida por delante hasta que esos viejos conocidos encuentren el quid verdadero y acertado de las cosas. Suerte a todos.

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