Bildu ya tiene la caja

La primera medida que tomará Martin Garitano, diputado general de Guipúzcoa desde el 23 de junio, será derogar el Impuesto Revolucionario. Ni lo ha anunciado ni será una supresión explícita, pero esa figura tributaria ha llegado al final de su recorrido y, aunque muy productiva en el pasado, es actualmente superflua para sus inventores. Es lo que tiene el progreso, al menos para los que están seguros de su identidad nacional: nunca olvidan su objetivo predeterminado y, si encuentran un obstáculo en el sendero que les llevaba a su cima, lo esquivan un rato entrando en la carretera –que es el camino de todos- y continúan luego su trayectoria silvestre. La voluntad de los redentores de los pueblos oprimidos es siempre la misma, los métodos son más dúctiles y maleables. Depende del tiempo que haga. La autodenominada izquierda abertzale va a disfrutar a partir de ahora de lo que el conde de Romanones llamó las delicias del Presupuesto. Lo ha conseguido por el camino recto de la ley y de las urnas, sin necesidad de que ETA haya disparado un solo tiro para lograrlo. Al fin los muchachos comprueban en su propio beneficio la utilidad que rinde la bondad y el juego de la democracia en vez de meterle algo más que un susto en el cuerpo a un empresario de Euskalerría poco afecto a la causa. Ya nadie tendrá que tomarse la molestia de amedrentar al propietario de una sidrería o a un concesionario de coches. La llegada de Bildu a la Diputación Foral ha variado el estatuto jurídico de la mayoría de los guipuzcoanos: de sujetos extorsionados a ciudadanos-contribuyentes.

A diferencia de Euskadi, que es una comunidad de nuevo cuño creada por la Constitución de 1978, Guipúzcoa (como Álava y Vizcaya) es un territorio histórico. La Constitución Española no crea, sino reconoce, “ampara y respeta” los derechos históricos de los territorios forales, derivando la actualización de cada régimen foral al posterior Estatuto de Autonomía del País Vasco (CE, Disposición Adicional Primera). Además, el apartado 2 de su Disposición Derogatoria, por si las moscas, dejó definitivamente sin efecto, en lo que pudieran afectar a las tres provincias vascas, las leyes de 25 de octubre de 1839 y de 21 de julio de 1876, que fueron el colofón legal al resultado sobre el campo de batalla de las guerras carlistas.

En 1979 se aprobó el Estatuto de Autonomía y, con él, la previsión del régimen de Concierto Económico. Realmente, el Concierto (aprobado en 1981) no tiene, a mi juicio, mucho que ver con los derechos históricos (tan enigmáticos como todos los derechos de tal naturaleza) de los territorios forales. Más bien todo lo contrario: es un producto jurídico de la época de la Restauración promovida por Cánovas del Castillo y de sus presupuestos paccionados para integrar completamente en la Administración y en la economía españolas de finales del XIX a las provincias vascas (incluido el servicio militar). Pero no quiero aburrirles: el Concierto existe y reconoce el poder –concertado con el Estado mediante Ley Orgánica- de las Haciendas forales. Gracias a él la Diputación Foral de Guipúzcoa ha previsto recaudar algo más de 4.200 millones de euros, aunque su presupuesto de ingresos en 2011 es de sólo (euro arriba, euro abajo) 840 millones. El resto irá a parar al Gobierno vasco (2.869 millones), a los Ayuntamientos de la provincia (407) y al Estado (122) por el pago del Cupo, es decir, por el reintegro de lo que se calcula gasta el Estado central en el territorio. En 2010 la Diputación recaudó 3.681 millones de euros.

Bildu, aunque es una formación minoritaria en la Junta General de Guipúzcoa o Parlamento provincial, constituida por 51 junteros, controla el poder ejecutivo mediante la Diputación. El PNV (14 junteros) y el PSE (10) tienen en total uno más que los 22+1 de Bildu, contando la unidad que aporta Aralar. Los 4 restantes son del PP. Dicen que el PNV es el partido de la burguesía vasca. No lo parece (o representa a una burguesía muy rara) porque el PNV ha hecho todo lo posible por colocar a Martin Garitano al frente de la Diputación guipuzcoana y también pactará con Bildu en Álava, aunque esto no impedirá que pierda, como ya ha sucedido en Guipúzcoa, su dominio sobre la Diputación. El PNV ha entregado la Administración fiscal guipuzcoana (con el censo y el control de los contribuyentes) a la nueva Batasuna. También ha cedido la política económica y la iniciativa tributaria a quienes no parecen ser muy sensibles al empresariado vasco ni tener un programa precisamente neutral y ajeno al intervencionismo sobre la oferta y la demanda de los agentes de la economía (la verdad sea dicha: el PNV no puede predicar con el ejemplo, pues nunca ha sido el paladín de las libertades, incluida su vertiente económica).

Tampoco los amigos “bilduneros” de los muchachos de las pistolas sienten un celo especial por la unidad de mercado y la igualdad de todos los que vivimos a uno o a otro lado del Ebro. El Concierto Económico sienta el principio de que los sistemas tributarios forales y el estatal no deben estar demasiado alejados entre sí ni producir discriminaciones por razón del territorio. Pero, desgraciadamente, eso no es más que una entelequia. Mucho antes de que las Comunidades Autónomas tuvieran competencias normativas en los tributos cedidos (que, comparados con los forales, son de segunda clase), en el País Vasco -como también en Navarra- ya había desaparecido en la práctica el Impuesto sobre Sucesiones (mientras pervivía en el resto del Estado). El gravamen de Actos Jurídicos Documentados, por su parte, se redujo entonces en los territorios vascos al 20% del importe que tenía en territorio común, atrayendo empresas, contribuyentes y capitales (como en el Impuesto sobre Sociedades con las malhadadas vacaciones fiscales vascas anuladas por la Unión Europea). Y un largo etcétera. Todo eso sucedió cuando el PNV copaba las instituciones de la Comunidad Autónoma. ¿Qué hará a partir de ahora una formación política mucho más kapitalista y nazionalista que la de los viejos jelkides, que hoy es una aristocracia decadente y confinada a Vizcaya, su lugar de origen?

Es sabido y voluntariamente aceptado que la democracia es el peor régimen político con excepción de todos los demás. Es cierto y no tiene ninguna alternativa legítima. Pero también es sabido que la democracia no garantiza la existencia de mayorías honorables. Bildu ha obtenido, en unas elecciones limpias y transparentes como el agua, unos resultados magníficos. Ha hablado la voz del pueblo, de todas sus fracciones, y debe ser respetada. En democracia, lo más importante son los procedimientos que garantizan la competición política. Aunque sus resultados nos produzcan a algunos un horror moral. En este caso, un horror que nos ha lanzado a la cara la irresponsabilidad –y la colaboración activa con los dudosos- de algunos demócratas de toda la vida. Por lo menos eso dicen de sí mismos.