UE: más responsabilidad que solidaridad
Lo que el Consejo Europeo ha debatido este fin de semana en torno al rescate de Grecia y el Pacto del Euro ha sido elegir entre tres prioridades en las funciones estatales. Una es estabilizar la economía, otra redistribuir la renta, y una tercena --aunque no menos importante-- es resolver los actuales fallos del mercado sin generar otros mayores de los estados, al contrario que al principio de la crisis, cuando se sustituyeron deudas privadas por públicas. Al final, el siempre difícil equilibrio de los 27 en la búsqueda de consenso se ha decantado por un mix de las tres, sintetizado en preservar la solidaridad para salvar el euro, aunque a cambio de la mayor responsabilidad de los estados y, sobre todo, de los agentes de los mercados. Esa exigencia de responsabilidad complicará en España los rescates de las cuentas autonómicas por el Estado, de los que no se habló en la pasada campaña electoral pese a ser habituales en el pasado y rondar la agenda de PP, PSOE y nacionalistas.
En las limitaciones de la respuesta se ha vuelto a notar la restrictiva originalidad de la UE como fórmula innovadora de la política impulsada desde la economía. También que sus recursos son los que le ceden los estados nacionales. Estos se pueden resumir en la capacidad de influir decisivamente sobre el 80% de todas las leyes o normas nacionales, en la de ingresar y gastar mediante los presupuestos comunitarios un máximo del 1,2% del PIB manejado por esos estados (en casi todos, más del 40% del PIB nacional), y en la de arbitrar con ambos tipos de recursos ante unos mercados que no paran de especular para encontrar oportunidades de beneficio para los agentes que los mueven.
Obligatoriedad para deudores, voluntariedad para acreedores
Ahora el Consejo de jefes de Estado y de gobierno de la UE se ha decantado nuevamente por simular un rescate de Grecia y del euro aunque pidiendo sacrificios tanto a los deudores como a los acreedores. Eso, si: con un matiz importante: los primeros serán obligatorios, pues si no hay más recortes de gastos públicos y privatizaciones no habrá ayuda de la UE, y los de los bancos y aseguradoras acreedores serán voluntarios. El único motivo justificable de esta asimetría -- aunque ni siquiera excusado-- es evitar que en el futuro tengan que producirse de nuevo rescates de bancos alemanes, franceses y otros capaces de contaminar al conjunto del sistema financiero y a las economías nacionales y europea. Pero cuando formalmente se plantea el rescate de deudas estatales de difícil o imposible pago, lo que en el fondo se intenta rescatar otra vez es a los bancos, con mayores esfuerzos de la ciudadanía griega, que debe pagar su deuda al 16% a largo plazo cuando el BCE da crédito al 1,25% y el euribor cotiza al 2,14%.
Aun así, la apelación a la responsabilidad de unos y otros para evitar la solidaridad o redistribución con cargo a los contribuyentes europeos puede ser nuevamente costosa para todos. Por un lado, las fuerzas políticas griegas no parecen dispuestas a aprobar mañana miércoles un mayor ajuste para 2012-2015, puesto como condición para liberar el quinto tramo del primer rescate, ante la negativa de la extraña coalición funcional --de deriva antieuropea-- formada entre la oposición conservadora, que en gran parte causó el problema inicial, los indignados y otras fuerzas que inician hoy una huelga general de 48 horas dirigida a romper la disciplina de voto socialista y con ella la mayoría absoluta parlamentaria. De otra parte, bancos y aseguradoras se resisten aún más en estas condiciones a elevar la aportación privada en los préstamos para el segundo rescate de 100.000 millones de euros, adicionales a los 110.000 millones del primer plan de rescate, pues el FMI y el Eurogrupo intentan reducir la aportación pública y aumentar la refinanciación voluntaria del sector privado. Para evitar una solidaridad pública que implicaría redistribuir renta de otros países en favor de los griegos, los reclamos voluntarios a los bancos se centran en algún compromiso que permita sustituir sus bonos griegos en cartera por otros con un vencimiento superior para resolver un problema que es mas de solvencia que de liquidez: Grecia tiene más del doble de la deuda pública relativa española y su coste unitario supera al triple que la de esta, pese a su economía y su sistema fiscal son mucho más débiles.
Quien no entienda este esquema difícilmente entenderá por qué a veces caen las bolsas cuando parece próxima la renegociación de una deuda que algunos agentes del mercado pronosticaban que era en gran parte incobrable. O por qué otras veces suben las bolsas cuando parece que el nuevo fondo de rescates se va a emplear o incluso a incrementar, como sucedió cuando entre las probabilidades sobre la mesa estaba la de duplicarlo, hasta un total de billón y medio de euros.
Lo primero volvió a suceder e pasado viernes, cuando ante las noticias sobre falta de avances en la cumbre de la UE, la prima de riesgo de España y otros países afectados se disparó de nuevo, al igual que la de Italia. Pero lo cierto es que la cumbre sí aclaró o confirmó que habrá plan de rescate, aunque sin muchos más detalles, y que la participación de los bancos en el segundo rescate de Grecia, probable modelo de los recates que se produzcan en el futuro, será "voluntaria", y consistirá en mantener la exposición a la deuda soberana, pues habrá un esquema de ampliaciones de los plazos de la deuda con garantías como el del Plan Brady para los países latinoamericanos. Así, los bancos y aseguradoras que en estos momentos tienen deuda griega se comprometerán a invertir su dinero en los bonos de Atenas, lo que evitaría un impago que lleve a la quiebra al país heleno y a la contaminación hacia otros.
El comunicado final sobre los acuerdos del Consejo no fue muy explícito, salvo en confirmar la apretada agenda de la cumbre: "Se ha congratulado especialmente por el acuerdo que se ha logrado sobre el futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y por la modificación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), así como por los considerables progresos hechos en las propuestas legislativas relativas al gobierno económico. Ha cerrado el primer semestre europeo evaluando colectivamente los programas de los Estados miembros, a partir de la evaluación de la Comisión, y refrendando las recomendaciones por países que deberán tenerse en cuenta en las próximas decisiones nacionales sobre reformas presupuestarias y estructurales. Ha señalado a este respecto el compromiso de los Estados miembros que participan en el Pacto del euro Plus de abordar el próximo ejercicio anual con unos compromisos más ambiciosos y más concretos. El Consejo Europeo ha valorado la situación de los Estados miembros que tienen un programa de ajuste. Por lo que respecta a Grecia, los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro han llegado a un acuerdo para salir adelante y han hecho un llamamiento a sus Ministros de Hacienda para que concluyan los trabajos que hagan posible tomar las decisiones oportunas para primeros de julio".
Por tanto, hubo que completar la información con las declaraciones de asistentes o portavoces oficiales, que como el presidente del Consejo, Van Rompuy, hablaron menos del Pacto del Euro que de otros temas (desarrollo árabe, inmigración y acceso de Croacia). Son esas declaraciones las que confirman el nuevo pacto para encontrar la estabilidad del euro entre la solidaridad y la responsabilidad, línea difusa que deberá ser marcada por la competitividad. La solidaridad se concreta otra vez en que el euro se mantrá frente a sus enemigos. La responsabilidad está reclamada en las numerosas llamadas a los nuevos ajustes, en el caso de España concretadas en la urgencia de controlar el déficit autonómico para poder cumplir los compromisos de déficit público, que como los desequilibrios exteriores u otros serán sometidos a la nueva supervisión conjunta y evaluados de nuevo, primero en diciembre y luego en marzo. El cuadre entre ambas líneas, confiado a la competitividad de cada país, dependerá de los indicadores para esa supervisión, entre los cuales tiene gran importancia el déficit por cuenta corriente (diferencia entre lo que gasta y produce una economía), donde España está haciendo los mayores avances, pues de casi un 10% del PIB a principios del 2008 va camino de cerrar en poco mas del 3% el presente año.
Reconfiguración de poderes europeos y estatales
Esa reconfiguración del poder comunitario tras el debate iniciado hace más de un año con los rescates a países periféricos deberá ser ratificada por cada país miembro con la reforma del Tratado prevista en la anterior cumbre para institucionalizar el nuevo mecanismo de rescates a partir de junio del 2013 y el Pacto del Euro Plus, cuyos objetivos (impulsar la competitividad, el empleo, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad financiera) están destinados a hacer innecesarios los rescates europeos que se institucionalizan. Los poderes de la Unión se volverán tras ese proceso de ratificaciones más estabilizadores que redistributivos, ampliando todavia mas el signo contrario registrado en el nivel de los estados y aun mas en el de sus regiones o comunidades autónomas. A la previa influencia sobre el 80% de las normas estatales se han añadido las nuevas previsiones para reforzar la gobernanza europea (dirigida sobre todo a compartir la política fiscal), mientras que los futuros rescates tendrán que ser pagados algo menos por los demás países miembros y algo mas por los acreedores, pauta que es precisamente la que se intenta introducir aunque no exista todavia un mecanismo permanente con este segundo rescate a Grecia adicional al de mayo del 2010.
Al margen de lo que ello entraña para cada país, este viraje dado nuevamente a la Unión por su motor franco-alemán, ahora encarnado en los conservadores Ángela Merkel y Nicolas Sarkozy, significará tambien una reconfiguración de las funciones y estructuras de gobierno nacionales, donde predominan claramente las de carácter redistributivo sobre las estabilizadoras, al menos nominalmente. En el caso de España, por ejemplo, diversas investigaciones empíricas señalan que el presupuesto de la Administración Pública Central presenta una mayor capacidad redistributiva (33%) que estabilizadora (22%), si bien ambos efectos son mayores en el caso de los gastos que en el de los ingresos, que es donde reside el mayor poder centralizador. El IRPF es el que presenta una mayor progresividad (1,4632) y un mayor poder redistributivo (13,65%) y estabilizador (5,02%). Le sigue el IVA, con una progresividad de 1,0331 y una capacidad redistributiva y estabilizadora del 7,67% y 4,52%, respectivamente. Obviamente, los gastos más redistributivos son los de transferencias a las comunidades autónomas de régimen común (las del artículo 151 de la Constitución) y las prestaciones económicas de la Seguridad Social, situándose su progresividad en –0,3401 y –0,2814, respectivamente, y su capacidad redistributiva en el 9%. Por su progresividad, destacan también los gastos en educación, siendo ésta de –0,3092, aunque su capacidad redistributiva es reducida, del 2%, debido a su no muy elevado peso relativo. Por su progresividad, siguen los gastos sanitarios (0,1903) y los gastos en bienes públicos puros (-0,1651), con unas capacidades redistributivas respectivas del 4,54% y del 3,50%. El resto de categorías analizadas (vivienda, cultura e infraestructuras) tienen un comportamiento neutro.
De ello se deriva que, tanto los rescates autonómicos (ahora dificultados por la mayor disciplina fiscal impuesta de cara a evitar los estatales), como las transferencias a gobiernos subcentrales, tienen un papel decisivo en la política redistributiva europea, como revela el caso español. Tal redistribución de la renta aumentaría obviamente sus efectos en el caso de que España aceptara las crecientes recomendaciones de subir el IVA y bajar cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, posibilidad negada por la vicepresidenta Elena Salgado para evitar una mayor recaída del consumo.
La resistencia a la nuevas medidas redistribuidoras, como esta en España y como los rescates a los países periféricos en el centro y norte de Europa, se explica por el hecho de que la redistribución de la renta se realiza así fundamentalmente entre los contribuyentes de IRPF e IVA, en su gran mayoría clases medias, cuando en casi todos los países --y mucho mas en España-- los salarios han bajado considerablemente su participación en la renta total respecto a los excedentes empresariales.
Voluntariedad aceptada, obligatoriedad discutida
Al cerrarse este comentartio, la banca francesa y alemana han aceptado la línea de Sarkozy y Merkel, que deberán desafiar los costes políticos impuestos por la crisis económica en sus respectivas elecciones antes de que entre en vigor la modificación del Tratado de Lisboa, en junio del 2013. La prensa informa que los bancos franceses se mostraron dispuestos ayer a refinanciar de forma voluntaria el 70% de la deuda griega, de acuerdo con una propuesta planteada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Las entidades francesas ampliarán hasta 30 años el cobro de la mitad de esa deuda mediante el canje de bonos actuales por títulos con ese plazo. El Ejecutivo alemán acogió favorablemente la iniciativa francesa, mientras que la banca privada alemana se mostró dispuesta a asumir igualmente su parte, aunque insistió en recibir garantías. La propuesta de Sarkozy sirvió para aliviar los mercados. En concreto, la prima de riesgo de España, que se situó a primeras horas de la mañana en 300 puntos, finalizó la sesión en 279,9 puntos, mientras que la griega ronda los 1.300 puntos. Esto añade un sobrecoste próximo al 3% a la financiación pública española y del 13% a la griega. Pero incluso ese máximo del 3%, aun cuando puede tragarse por ejemplo el recorte anual de las pensiones, es similar al margen financiero previsto en los rescates que haga tras junio del 2013 el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) que sustituirá al actual FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera). Rescates que, como los de ahora en Grecia y los de Irlanda y Portugal, impondrán --además de ese precio próximo al de mercado-- duras condiciones como contrapartida, además de sanciones y la intervención real de la economía por los poderes comunitarios.
Las alternativas a esta obligatoriedad para los contribuyentes de los países periféricos sometidos al rescate, impuestas obviamente para evitar que paguen la factura de los desequilibrios esas clases medias de los países centrales, están por ver en Europa, como parte destacada del capitalismo. Las veremos pronto si esa extraña coalición de resistencia griega impone su retórica antieuropea. Pero todo parece indicar que no serían muy diferentes a las vividas por Argentina y otros países iberoamericanos que entonces se resistieron a los ajustes requeridos por los EEUU, igualmente para evitar o paliar que sus bancos pagaran la factura que debían por la irresponsabilidad de sus préstamos. Si Grecia rechazara la mano tendida y las cosas se complicaran hasta su salida del euro, lo que intentarán evitar los países centrales y sus coaliciones de intereses hasta el último momento y coste, el encarecimiento de mas de un 8% registrado por la financiación de su deuda pública en el último año de tiras y aflojas (hasta el actual 160% del PIB) sería un pequeño aperitivo de los ajustes y sacrificios que impondrían los mercados --ya con o sin la sola ayuda del FMI, tampoco carente de contrapartidas-- a la vuelta a un dracma que debería devaluarse hasta casi volver a desaparecer del mapa, iniciando así una pendiente de recortes de rentas, mayor paro, miseria y sacrificios mucho mayores a los ahora pedidos a los griegos por el resto de los 27.
