El patrimonio de Rubalcaba

El Impuesto sobre el Patrimonio (IP) nunca ha sido derogado. La Ley que lo regula continúa en vigor aunque no su “gravamen” efectivo. Esta aparente contradicción era hasta ahora una cuestión académica, algo así como discutir sobre el sexo de los ángeles. Desde el 9 de julio este inofensivo galimatías legal tiene su importancia política. Rebobinemos la película de la historia reciente del IP: lo que hizo el Gobierno del PSOE en el año 2008, con el pleno apoyo del PP, fue pedirle a las Cortes el establecimiento de una bonificación del 100 por 100 sobre la cuota íntegra del IP. Lo consiguió con holgura: si no recuerdo mal sólo IU se opuso y UPyD formuló una enmienda que mantenía el Impuesto para los patrimonios elevados, en la línea que ahora defiende Pérez Rubalcaba (que, con toda prudencia y a falta de conocer las precisiones necesarias sobre lo que realmente quiere hacer don Alfredo, personalmente comparto). Pero, antes de que todos nos metamos en honduras sobre la conveniencia o no de dar un nuevo diseño a esta figura tributaria, conviene retener el dato de que el IP sigue en vigor y que se trata de un tributo sobre el que el Estado no sólo ha cedido su rendimiento íntegro a las Comunidades Autónomas (CCAA) sino también gran parte de las competencias normativas.

Entre las competencias cedidas destacan la determinación del mínimo exento de tributación y la regulación de la tarifa (unas competencias que fueron neutralizadas unilateralmente por el Gobierno de Rodríguez Zapatero gracias a la bonificación aludida, sin la participación del Consejo de Política Fiscal y Financiera). Sobre aquellas cuestiones reservadas por Ley a las Autonomías no podría decir nada en absoluto el Gobierno central en caso de que decidiera “recuperar” el IP y el señor Pérez Rubalcaba, si no me equivoco, es el candidato socialista a la presidencia de ese Gobierno (una “candidatura” que, dicho sea de paso, no existe en nuestro sistema constitucional pues el régimen político español es de naturaleza parlamentaria y no presidencialista; aunque las oligarquías que controlan los partidos nos han impuesto a todos sus intereses particulares).

El Estado puede suprimir unilateralmente cualquier impuesto cedido. También tiene competencias, preferentes respecto a las CCAA, para establecer deducciones y bonificaciones sobre la cuota del IP. La bonificación del 100 por 100 aprobada por las Cortes Generales en diciembre de 2008 fue un disparate económico (en septiembre de ese año ya había quebrado Lehman Brothers y el pánico financiero que se desató entonces no auguraba nada bueno para el futuro de las cuentas públicas, especialmente para las de un sistema tributario tan injusto e ineficaz como el español), aunque no supuso una arbitrariedad jurídica. Pero una cosa muy distinta de la enervación práctica del IP, tal como sucedió hace dos años y medio, sería “recuperar” el tributo “descongelando” su gravamen efectivo. Porque en ese caso también “resucitaría” el artículo 47 de la Ley 22/2009, de financiación de las CCAA, y con él las competencias normativas de los parlamentos regionales sobre el mínimo exento y los tipos de gravamen del IP, que pertenecen a la competencia de las Autonomías con carácter exclusivo.

“No podemos prometer aquello que no podamos cumplir”, ha dicho el candidato Rubalcaba. En relación con el IP poco puede prometer sin negociar antes, en el caso de acceder al Gobierno tras las elecciones generales, con los gobiernos autonómicos. Salvo que una mayoría suficiente en las Cámaras le permitiera derogar el sistema de financiación autonómica vigente y diseñar otras reglas a su gusto (lo que, además de ser más que improbable, estoy seguro de que no está en la mente de Pérez Rubalcaba). Dado el actual mapa de poder autonómico, un hipotético Gobierno socialista tendría muy poca voz para dotar de una nueva estructura al IP. Basta recordar que la iniciativa de Rodríguez Zapatero de “suprimir” el IP en 2008 fue su designio (nunca manifiesto) de adelantarse a Esperanza Aguirre, que, con su mayoría parlamentaria en Madrid, ya había decidido “liquidar” gradualmente el IP en un plazo de tres años. El tanto se lo apuntó finalmente Zapatero con el visto bueno de Rajoy, que lógicamente no quería dispararse un tiro en el pie. Aunque ahora ese enredo ate a Rubalcaba las dos manos si es que su propuesta va en serio. Zapatero ha sido un tipo con baraka pero hoy está gafado, da miedo acercarse a él aunque seas su mejor amigo. Con el PSOE recientemente desalojado de casi todos los gobiernos autonómicos, Alfredo Pérez Rubalcaba, incluso ganando las elecciones generales, puede prometer mucho pero cumplir muy poco sobre la regulación de los impuestos patrimoniales. Sencillamente porque su poder no sería decisivo.