IVA en espiral

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José Blanco y Elena Salgado, ayer, ante los periodistas, tras la reunión del Consejo de Ministros. / moncloahome.es

Las subidas de impuestos resultan inocuas para enjugar el déficit público si la actividad económica sobre las que recaen ha desfallecido o está bajo mínimos. En ese caso los incrementos tributarios tienen una eficacia poco más que nominal. Es lo que ha sucedido durante el último año en el sector de la construcción. El Gobierno decidió aumentar la fiscalidad sobre la vivienda en dos fases temporales distintas mediante la difusión, igualmente, de dos anuncios favorables al estímulo de la demanda. Fue una variante (muy singular en el caso del IVA, y menos en el del IRPF) de la manida estrategia del palo y la zanahoria, aunque su influencia para terminar con la atonía del sector inmobiliario haya sido muy leve.
A finales de septiembre de 2009, al entrar en las Cortes el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2010, el Gobierno nos dio la noticia de que el tipo de gravamen del IVA para la vivienda nueva subiría, a partir del 1 de julio de 2010, del 7% al 8%. Con ese anuncio el Ejecutivo pretendía dinamizar el mercado en los últimos meses de 2009 y en el primer semestre de 2010. Paralelamente, el Gobierno, utilizando en este caso el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, anunció un poco después que desde el 1 de enero de 2011 suprimiría en la práctica la deducción en el IRPF por inversión en la vivienda habitual del contribuyente. Esta decisión, lo mismo que la subida del IVA, era el palo. La zanahoria era el compromiso gubernamental de aprobar una disposición transitoria que preservaría indefinidamente el disfrute de la deducción (de acuerdo con la normativa anterior a 2011) para las adquisiciones de viviendas efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2010, como así ocurrió.

La anterior no era una pareja de ases ganadora: su impacto ha sido mínimo tanto en la recaudación fiscal como en el crecimiento económico. El Gobierno, parcialmente al menos, reconoció ayer de manera implícita su error. Ha recogido velas y ha reducido hasta el 4% el tipo de gravamen del IVA para las entregas de viviendas de nueva construcción. A mi juicio, el giro de timón es correcto (con los matices que enseguida señalaré). El stock de obra terminada en el mercado inmobiliario funciona como un tapón que frena el crecimiento de la economía en su conjunto, por el efecto derrame que actualmente tiene sobre ella el sector de la construcción. La reducción del IVA, esperemos, aliviará las dificultades de los constructores, y redundará sobre todo en beneficio de los promotores inmobiliarios y también de los bancos. Las entidades financieras tienen en sus balances numerosas existencias inmobiliarias como consecuencia de créditos fallidos que, al no ser absorbidas por el mercado, están lastrando gravemente sus cuentas. Cualquier abogado que conozca el sector sabe que en casi todos los procedimientos de ejecución hipotecaria hoy las subastas quedan desiertas, por mucho que bajen los precios de remate, debido a la falta de pujas. El hundimiento del mercado inmobiliario incluso -¡lo nunca visto!- ha producido la fuga de los Juzgados de los famosos  subasteros por liquidación de su negocio.

La reducción excepcional del IVA durante un período corto (hasta que concluya el presente año 2011) va en la buena dirección para restablecer algo el crédito bancario. Pero, sobre todo, debería aprovechar a los compradores modestos de su vivienda habitual mediante un proceso de formación de precios estables. Los estímulos a la demanda suelen beneficiar a los vendedores, que tienen la tentación de subir los precios. No debería ser así en este caso, precisamente por la vigencia limitada de la reducción. Los promotores y los bancos deberían guiarse por el eslogan de ahora o nunca para dar salida a sus existencias inmobiliarias y no pretender beneficios adicionales vía precios.

Termino esta nota de urgencia citando dos posibles consecuencias negativas de la bajada del IVA. En contra de la estimación optimista del Gobierno, no creo que aquélla consiga, a corto plazo, dotar a la economía española de mayor empleo. La razón es que dicha medida fiscal no comportará la toma de decisiones empresariales de reanudación de la actividad constructiva. Tampoco afectará a la obra en curso, en la práctica casi paralizada totalmente. Se trata de que circule por el mercado la obra ya terminada que no encuentra demanda, es decir, una mercancía que ya tiene incorporada –sin necesidad de otras unidades nuevas de mano de obra- todo el valor de un trabajo consumado. La segunda apostilla se refiere a que nunca llueve a gusto de todos. Reducir la fiscalidad indirecta que grava la vivienda de nueva construcción hará de peor condición a los vendedores de vivienda usada, ya que aquí la demanda debe soportar una fiscalidad –la del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales- muy superior (en el entorno del 7%). También perjudicará, respecto a la Hacienda central, a las Comunidades Autónomas, que son las que recaudan el último impuesto citado.


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