El virginiano

Del árbol caído no todos hacemos leña. Y no la cortamos ni nos calentamos con ella al lado de la chimenea en parte por piedad, y en la parte que resta por falta de utilidad o, lo que resulta lo mismo, porque los que no queremos meter el hacha en el cuerpo de José Luis Rodríguez Zapatero tenemos también un sentido práctico de las cosas. Estos días estamos oyendo  unas críticas muy duras que reprochan al presidente del Gobierno –un hombre de izquierdas- el hecho de haber pactado con la derecha principal de nuestro país la prohibición constitucional de los desequilibrios presupuestarios excesivos salvo estado de necesidad. Son juicios sólo aparentemente acertados sobre una reforma de la Constitución que liquida por derribo –nos dicen los críticos- el concepto de Estado social que figura en su pórtico. No hay caso. La reforma no incluye la imposición de sanciones –que resultarían imposibles- contra los órganos de los tres niveles territoriales (el Gobierno que dirige la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los municipios) que infrinjan el nuevo mandato constitucional. Además, las autoridades españolas ya están obligadas por la normativa de la Unión Europea que limita el déficit al 3% del PIB y la deuda al 60% de esa magnitud (con poco éxito, como se ve). Por último, aunque la propuesta de limitación constitucional del déficit al 0,4% del PIB como máximo es a primera vista draconiana, en verdad se trata de un lazo suelto y elástico que no ata a futuros Gobiernos a la necesidad de obtener los tres quintos de las Cámaras (porcentaje que necesitarían para subir el techo del déficit), ya que ese 0,4% se incluirá, no en la Constitución, sino en una ley orgánica. Bastará mayoría absoluta –y no cualificada- para establecer el déficit que se quiera. La nueva rigidez constitucional  será, por tanto, muy relativa.

Visto lo visto, los rasgos fundamentales de la reforma pactada por el dúo dinámico Zapatero-Rubalcaba con el solista Rajoy son: 1.- su ineficacia por no ser vinculante en la práctica para los poderes del Estado; 2.- su redundancia; 3.- su desvergüenza. Resumiendo, la reforma constitucional es un placebo, que –en palabras de María Moliner- se define como un “preparado farmacéutico desprovisto de principios activos, que puede producir algún efecto curativo en el paciente que lo toma si éste está convencido de su eficacia”.  Lo que nos lleva a la identificación del interlocutor de los tres tenores mencionados que han protagonizado la reforma constitucional, la figura del paciente que debe estar convencido de la eficacia del placebo. ¿Son los mercados? ¡Ja! No, desde luego. Los mercados (sea quien sea el que se esconde detrás de la palabra comodín) son muy poco dúctiles al engaño. Además, no se puede transferir la condición de paciente a quien no lo es. Las que están enfermas son la política y la economía españolas, no los mercados. En todo caso los mercados no tienen tanta paciencia con la gestión de las oligarquías políticas. Todos podemos dar fe de ello por las patadas que hemos recibido en nuestras inocentes (más o menos) posaderas.

La respuesta a la pregunta de quién es el paciente de la reforma nos la da la llamada Economía Constitucional (EC), a la que ahora se abraza nuestro presidente con el fervor natural del prosélito. Pesimistas. Contrarios al principio de mayoría. Y, por encima de todo, enemigos cabales del sector público. Éstos son los genes más dominantes de los economistas fundadores (James M. Buchanan, Gordon Tullock y H. Geoffrey Brennan, principalmente) de la EC. Casi todos  profesores en la Universidad de Virginia, los creadores de la EC sostienen desde hace medio siglo la idea hobbesiana de que los individuos somos buscadores de rentas. Todos, arteramente o por la fuerza, desplazamos a los demás en la persecución de nuestro bienestar material y queremos que nuestro egoísmo rapaz triunfe frente al resto de individuos en esa disputa por los bienes más preciados. Según Buchanan et alii, en un sistema democrático los aspirantes a gobernarnos –los políticos- se comportan de la misma forma que lo hacemos los particulares. Los políticos desean apoderarse del sector público en su propio beneficio individual y con esa finalidad nos piden el voto en las elecciones. Para obtenerlo (o conservarlo en los siguientes comicios) gastan mucho más de lo que aconseja la imprescindible austeridad de las cuentas públicas, incurriendo en déficits y deudas prolongados que hacen descarrilar todo el tren de la economía privada. Los políticos lastran el crecimiento económico y la generación de empleo cuando, al obtener la mayoría suficiente aunque sea por la mínima, legislan a favor de sus partidarios y, en última instancia, a favor de ellos mismos. Frente a estos desmanes la EC predica la necesidad imperiosa del concepto de Constitución como limitación.

Al final de su carrera política, el presidente Rodríguez Zapatero, antaño defensor del republicanismo cívico y de la democracia participativa, desdeña incluso las mayorías parlamentarias de la democracia representativa convirtiéndose en el paladín de la Economía Constitucional al promover un proceso de reforma urgente de nuestra Constitución sin oír ninguna voz popular. En menos de dos tardes de verano, Rodríguez Zapatero ha aprendido las teorías de la EC –la práctica la conoce desde hace mucho tiempo- para hacer como que las sigue sin realmente seguirlas. Si su reforma constitucional fuera en serio – que no lo va- sería tanto como reconocer por su parte que él ha sido durante los últimos ocho años un buscador de rentas que ahora está arrepentido en nombre del interés general. Pero con todo el lío de las leyes orgánicas posteriores, la imposibilidad salvo para el Gobierno de turno de saber el saldo del déficit estructural que no se puede superar, las excepciones a la regla general, las revisiones posteriores, etc., no se puede decir de ninguna forma que los desequilibrios presupuestarios serán imposibles en el futuro con la Constitución en la mano. Dependerá de la responsabilidad o no del Gobierno de cada momento. Zapatero manipula la EC para ocultar que ha sido y sigue siendo un buscador de rentas. Es un izquierdista que hace buenos los supuestos empíricos de Buchanan. Zapatero queda ante su partido como un hombre de Estado que se inmola personalmente, hasta el fin de su mandato, en defensa del bien común de los ciudadanos. Rajoy le dice a su audiencia que él y los suyos no son unos manirrotos. Y Rubalcaba, que ha cometido el error de ser candidato a cuatro meses vista de las elecciones sin tener ningún poder ejecutivo en el Gobierno (cediendo un tiempo precioso a quien ya no tiene intereses comunes con él), se ha quedado como los niños de teta cuando les apartan del pecho de la madre nutricia.

Pero no podemos, como he dicho, hacer leña del árbol caído. Debemos ser piadosos  y tener una conmiseración fraternal en la desgracia íntima de los hombres-peonza, como el presidente, que giran y giran sobre sí mismos sin saber parar. Tampoco podemos hacerlo por lesa inutilidad. Conviene practicar una economía de esfuerzos innecesarios. El legado material de Rodríguez Zapatero podrá ser el que cada uno de nosotros convenga. Pero ninguna metáfora campestre podrá desmentir que la herencia dejada por nuestro presidente respecto al caudal de las ideas políticas es más ligero que el humo. Pintan bastos pero nuestro hombre se ha inmolado en la hoguera hasta consumir toda su madera de zapatero, que diría su apologeta de Compostela.