Amores fiscales que matan

¿Se acuerdan de la película El imperio de los sentidos? Con permiso de mi compañero y sin embargo amigo Pascual Serrano descorro las cortinas de la pantalla para, si no lo han visto, poner delante de ustedes la sinopsis de ese film franco-japonés que es el campeón de los cien metros libres de la sensualidad. El argumento es de un rojo incandescente tan luminoso como monótono. Sada Abe, una mujer todavía joven pero sobradamente artera en el dominio de la técnica del amor (conoce todas las esquinas del cuerpo humano debido a que, antes de haber sido camarera de hotel, ha ganado su pan candeal como prostituta), se enamora del apuesto Kichizo Ishida, propietario del establecimiento tokiota donde trabaja. Sada es correspondida por Kichizo y los dos buscan el éxtasis más radical al que es susceptible de transportarles su mutuo sentimiento amoroso, cueste lo que le cueste a la pareja el precio de ignorar, cada uno de ellos, su instinto de conservación. Al término de su historia de amor, es el servicial Kichizo quien paga el placer de los dos y entrega su última moneda para disfrutar del que será igualmente el último orgasmo compartido. Kichizo muere debajo del cuerpo palpitante de Sada sacando la lengua mientras ella le estrangula frenéticamente. Instantes después Sada –una ninfómana que satisface sus deseos futuros cultivando, como es lógico, la racionalidad fría de los aficionados más virtuosos al coleccionismo de la memoria- le corta los genitales al cadáver de su amante para tener los restos más valiosos de Kichizo nítidamente a la vista entre los trofeos que coronan la cabecera de su dormitorio.

Por amor al proletariado español, por favorecer a los desfavorecidos, el presidente Zapatero es capaz de estrangular, hasta conseguir que saque la lengua, a un obrero sin trabajo. Le quiere tanto que no le importa dejarle sin respiración. Con el cariño brutal que le caracteriza el rojo Zapatero quiere desvanecer el rigor mortis de la cara del ejército de parados que deja detrás de su inminente fin de mandato. Y si ello no fuera posible –si al proletario parado no hay quien le mueva- , al menos desea pagar a la viuda y a los huérfanos los gastos de su  entierro. “Lo que se logrará permitiendo gravar la capacidad contributiva adicional que la posesión de un gran patrimonio representa”. Zapatero continúa con la soltura locuaz que Dios le ha dado: “La necesidad de asegurar la estabilidad de nuestra economía y favorecer la recuperación y el empleo aconseja la adopción de nuevas medidas tributarias que refuercen los ingresos públicos”. ¿Es una nueva medida tributaria el restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio en la forma en que lo ha resucitado el Gobierno?

Lo siento, pero la respuesta es no y no. El primer no (el primer reparo) que una política tributaria progresista debe oponer a la “recuperación” del Impuesto sobre el Patrimonio es la otra cara del SÍ QUIERO grabada en la alianza silenciosa y vergonzante que Zapatero ha entregado en su desposorio definitivo no con ninguna civilización islámica sino con el Instituto de la Empresa Familiar. Es decir, con las cien familias que controlan la economía de nuestro país, cuyos activos empresariales continuarán exentos de tributación patrimonial. La carga fiscal la van a soportar exclusivamente las clases medias acomodadas, asalariadas o rentistas pero sin ninguna presencia importante en el tejido de oro de la empresa española.

Y, probablemente, también para estas últimas personas el Impuesto sobre el Patrimonio, al menos en 2011, será exclusivamente fuego de artificio. Para ellas el Impuesto es una amenaza a su propiedad que podrán descafeinar en los tribunales de justicia. No les faltarían razones jurídicas si decidieran impugnar el Impuesto por motivos de orden temporal. El Impuesto sobre el Patrimonio (que se devenga el 31 de diciembre) se ha reintroducido con efectos de 18 de septiembre de 2011, de forma retroactiva porque afectará, aparte de a patrimonios que se formen en un futuro a muy corto plazo (el Impuesto se extinguirá el 31 de diciembre de 2012), a decisiones de ahorro ya adoptadas (en el pasado) desde el 1 de enero de 2011. El mismo Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros es consciente de la irregularidad de haber entrado en el ordenamiento jurídico con mucho retraso, casi nueve meses después del inicio del año, al confesar ingenuamente que “es también necesario que los contribuyentes que lo van a ser por el Impuesto puedan tener conocimiento con la mayor antelación posible de las obligaciones devengadas en este año y que les serán exigibles el año que viene, con respecto al corriente” (Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 13/2011).

Como el artículo 9 de la Constitución garantiza la seguridad jurídica y prohíbe la retroactividad de las disposiciones no favorables, el Gobierno les está diciendo a los ciudadanos afectados que gasten deprisa parte de sus ahorros del año si no quieren que les sorprenda el gravamen intempestivo que les ha lanzado a la cara en su reunión del último viernes. No existe en este caso una retroactividad total (pues la publicación de la norma no ha traspasado la fecha del devengo del Impuesto), pero sí una retroactividad de grado medio muy intensa que afectará negativamente a decisiones de ahorro e inversión consolidadas en los meses anteriores del año. A mucha gente le han cambiado las reglas del juego en mitad del partido. Me parece injusto aunque, naturalmente, habrá que esperar a lo que diga en el futuro el Tribunal Constitucional. En mi opinión, el Impuesto sobre el Patrimonio lesiona derechos fundamentales respecto a su aplicación en el período impositivo 2011. Si ello fuera así y el Tribunal Constitucional, en su caso, se pronunciara en contra, la cuestión estaría muy lejos de ser simplemente de naturaleza retórica o académica. El Estado tiene responsabilidad patrimonial derivada de las leyes que vulneran el orden constitucional interno y las normas del Derecho comunitario. La arbitrariedad está proscrita al norte y también al sur de los Pirineos. Puede comprobarse leyendo la Sentencia de 17 de septiembre de 2010, de nuestro Tribunal Supremo (que recoge la doctrina dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una cuestión prejudicial planteada por el Supremo relativa a las vulneraciones legislativas de los Estados miembros).

El Impuesto sobre el Patrimonio, ahora resucitado, podría acabar dentro de unos años muerto por estrangulamiento y con menos aire en los pulmones que el desprevenido Kichizo Ishida. En última instancia, con una serie de condenas masivas contra las Haciendas autonómicas que decidan cobrar el tributo en 2011. Es decir: las cuotas pagadas con la próxima declaración pueden salir de un bolsillo privado para regresar al mismo bolsillo, más sus correspondientes intereses de demora. Todo ello con cargo al interés general (contra la estabilidad presupuestaria, el crecimiento del empleo y de la economía), esto es, el Decreto-ley puede volverse a la larga como un boomerang contra las personas desfavorecidas que Zapatero, según nos dice, quiere proteger y amar hasta la muerte. Estupendo, el amor es una proposición espléndida. Pero hay amores, como el de la imperiosa Sada Abe, que cortan el hipo y la respiración. Quedan avisados, desconfíen de tanto amor por el prójimo.