Propongo un impuesto a la emigración

España ya no es país para extranjeros (salvo si son futbolistas). Tampoco para jóvenes, cualquiera que sea su nacionalidad. Por primera vez durante los últimos diez años ahora nuestro país presenta un saldo migratorio negativo. El balance es de casi 40.000 individuos menos en los nueve primeros meses de 2011, según las Estimaciones de la Población Actual efectuadas por el Instituto Nacional de Estadística. Ya son más las personas que salen que las que llegan a territorio español. Para hacernos una idea cabal del impacto negativo de la crisis económica sobre los flujos migratorios, bastará comparar el dato anterior con la cifra de 511.995 personas de saldo positivo, de acuerdo con la misma fuente oficial referenciada a exactamente cuatro años atrás (al término de los tres primeros trimestres de 2007). Los números de esta verdadera espantada laboral se refieren únicamente a los trabajadores extranjeros. Pero hay más: de enero a septiembre del año en curso se han multiplicado por dos las salidas de ciudadanos españoles. Demográficamente, la proporción de estos últimos sólo representa un 10% de las salidas totales del territorio, pero las fugas de ciudadanos españoles no constituyen una anécdota banal en nuestra economía y en la población del país. En lo que va de 2011 se han marchado ya 50.521 españoles, frente a los 34.096 que han entrado, siendo también aquí el saldo negativo. Sin embargo, lo más preocupante, como he señalado, es la tasa de velocidad de estas salidas: los “huidos” en septiembre duplican con exceso a los de marzo.

¿Qué consecuencias públicas produce la emigración de esta fuerza laboral, en la que abundan profesionales muy jóvenes? Muchas y muy importantes, dada la pérdida potencial de trabajo especializado y de alta cualificación, pero quizás la más grave sea la ruptura de la justicia tributaria. Pagar impuestos significa, entre otras cosas, la existencia de un pacto intergeneracional. En el asunto que trato sucede como en el pago de las pensiones, pero al revés. Las previsiones financieras no se proyectan para la atención futura de nuestros ciudadanos mayores ya jubilados, sino que dotan la formación actual, permanente y muy costosa de unos jóvenes que mañana –en principio- trabajarán y contribuirán con sus ingresos a mantener, vía impuestos, el gasto de la comunidad. Es decir, las personas laboralmente activas financian con sus impuestos el porvenir de las generaciones más jóvenes. Y, en contraprestación, la comunidad política espera de estas últimas, con el paso del tiempo, los oportunos retornos. El núcleo de este gasto se visualiza muy bien en las inversiones realizadas en el sistema público educativo. En todos sus ciclos, desde la escuela primaria hasta la licenciatura y los cursos de posgrado en la Universidad.

La emigración creciente de profesionales jóvenes con alta cualificación plantea un problema de índole individual. La mayoría probablemente sale al exterior obligada por las circunstancias del colapso económico español. Huérfanos de expectativas, con un mercado de trabajo nacional que no puede absorberlos, esas personas son expulsadas de nuestro territorio por la fuerza implacable de los hechos, y muchas se quedarían si encontraran un trabajo bien remunerado en España. Pero tampoco se puede negar la entropía económica que significa su marcha. La emigración, si continúa a su ritmo actual, aumentará el grado de desorden de nuestro sistema tributario, que ha anticipado unos recursos públicos imposibles de recuperar en el futuro. Por supuesto, no se trata de castigar a nadie –ya es suficiente castigo la emigración forzosa- sino de aligerar las cargas tributarias en unos momentos dramáticos para la Hacienda Pública. Además, la obsolescencia de nuestro sistema impositivo requiere de nuevas figuras de gravamen, y en el mundo globalizado de hoy ésta sería una de las más efectivas y razonables.

Del lado de la oferta de flujos migratorios, España ha dejado de ser un factor de atracción para pasar a constituir un factor de presión. La gente que puede (también a menudo la mejor) se marcha del país, invirtiendo drásticamente la tendencia iniciada hace diez o quince años. A nadie se le escapan las consecuencias de esta inversión, en la demografía, en la producción económica y en el sistema fiscal, con una población cada vez más vieja y demandante en mayor grado del gasto público, en sanidad y pensiones sobre todo. España no tiene muchas reservas de profesionales cualificados y su problemática tasa de reposición, si ahora se marchan gran parte de sus jóvenes, puede disminuir aún más a medio plazo. La economía global ha ocasionado un estallido en la demanda de trabajadores especializados por los países más prósperos (véanse los casos de Alemania y Estados Unidos), y la recesión financiera no ha hecho más que agudizar el problema causando graves desequilibrios no sólo en contra de los países pobres (como los africanos, que se quedan sin sus jóvenes) sino también mayores disonancias y asimetrías entre las economías desarrolladas. España, con sus saldos migratorios actuales, está empezando a mostrar un perfil que ya se había olvidado, el de un país pobre sometido al riesgo de perder a sus mejores efectivos.  Ésta constituye una gran amenaza para nuestro futuro económico.

Bajo circunstancias y supuestos distintos a los expresados aquí, algunos economistas han barajado algunas iniciativas  recomendando el establecimiento de un tributo a la emigración. Es el caso, para la India, de Mihir Desai, Debes Kapur y John McHale. También en el mismo sentido caminan las investigaciones académicas de Jagdish Bhagwati. No son estudios trasladables mecánicamente a nuestra economía, porque están basados en el enorme número de residentes en Estados Unidos originarios de la India, muchos de ellos con elevados ingresos profesionales. El potencial recaudador de esas propuestas es mucho más elevado que el que proporcionaría una medida similar en nuestro país. Sin embargo, sí es común en ambos casos, aunque cada uno a su escala proporcional, el efecto derrame sobre la economía de origen que los emigrantes producen. Éstos suelen retornar a sus países de nacimiento llevando con ellos sus nuevos conocimientos y las pericias adquiridas en el extranjero. No se trata de gravarles con avidez, como si fueran una pandilla de mercenarios en busca del mejor sueldo. Bastaría con un tipo de gravamen, especial y reducido, en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Se darían así las notas que, en mi opinión, deben caracterizar esta tributación específica: calidez, moderación y eficacia. Porque esas personas continuarán teniendo vínculos morales y sentimentales con nuestro país. Y casi siempre tendrán en él una base importante de actividades e intereses económicos.