El Gobierno se impone en las disputas internas del Islam español

Los musulmanes españoles pasan del millón. Ya en 1989 el Islam era una confesión de notorio arraigo en España y en julio de ese año el Ministerio de Justicia reconoció su peso social. En ese momento nació, por imperativo constitucional, la obligación del Estado de cooperar con los representantes del Islam español para hacer efectivo el derecho de libertad religiosa de los creyentes musulmanes. Pero, ¿cooperar con quién? ¿Quiénes eran los representantes del Islam en nuestro país? ¿Cuáles eran las tendencias y cómo se organizaban los musulmanes que vivían en territorio español? ¿Había un solo Islam o eran varios?

Los creyentes se encontraban divididos en dos grandes organizaciones: la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI). Como ambas no se ponían de acuerdo y el Gobierno exigió un interlocutor único, aquéllas constituyeron, el 18 de febrero de 1992, la Comisión Islámica de España (CIE). Por consiguiente, fueron la CIE y el Estado los que suscribieron el pertinente Acuerdo de Cooperación, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre.

No fue una buena idea. Pero, antes de darles mi opinión, conviene situar a las dos organizaciones que luchan por el control de la Comisión Islámica – las citadas UCIDE y FEERI- en el contexto real, muy variado ideológicamente, del Islam español. La más numerosa –UCIDE- está presidida por Riay Tatary Bakry (Damasco, 1948), imán de la Mezquita Central de Madrid, con una dilatada presencia en nuestro país, al que llegó en 1970 y en el que estudió medicina. Tatary, del que a veces se destaca su aparente proximidad al PSOE, es un jefe religioso moderado que siempre ha condenado el uso de la violencia por algunas organizaciones islamistas. FEERI tiene su cabeza en un Consejo de Gobierno presidido actualmente por Mohamed Hamed Ali, un dirigente de larga trayectoria en Ceuta, muy conocido allí por su defensa de las pretensiones anexionistas del Reino de Marruecos sobre la ciudad. Hamed Ali, que está en el ojo de mira del CNI, ha reconocido sin ambages que ha recibido dinero del Rey de Marruecos. Curiosamente, FEERI ha estado dirigida hasta hace pocos años por un grupo de conversos españoles al Islam procedentes de la izquierda comunista –son los que fundaron la organización-, luego apartados, según algunas fuentes, por su voluntad de aproximación a la UCIDE de Tatary. Al presidente actual de FEERI y a su equipo se les vincula también con el centro de decisión de la madrileña Mezquita de la M-30.

Decía antes que no fue una buena idea la creación de la CIE como interlocutor del Gobierno español. FEERI ha obstaculizado desde el primer momento la incorporación a la CIE de otros grupos y federaciones de creyentes, impidiendo su acceso a los derechos reconocidos en el Acuerdo de 1992: establecimiento de centros religiosos, educativos, aplicación a sus trabajadores de las prestaciones de la Seguridad Social, calendario laboral con reconocimiento de las festividades religiosas musulmanas, etc. El Islam ha crecido vertiginosamente en los últimos años en España, pero la mayoría de los fieles (y aproximadamente el 40% de las asociaciones islámicas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas) han sido despojados de los beneficios del Acuerdo de 1992 y de la protección que el Estado Español, sean o no ciudadanos suyos, debe prestar a todos los musulmanes que viven y trabajan en España. La situación es tan patética que CIE tiene dos Secretarios Generales que se anulan el uno al otro al ejercer el cargo de forma mancomunada: los citados Hamed y Tatari. Ambos creen en la misma divinidad, pero su enemistad no la aguantan los hijos de Dios, porque a casi todos ellos les perjudica. Y, mientras tanto, los diversos Gobiernos españoles –el actual y los anteriores- han hecho del tancredismo político su papel, falsamente pasivo, en este enredo: el Ejecutivo ha sido (hasta hace muy poco) un árbitro, maniobrero pero oficialmente desaparecido, en la disputa doméstica de otros, no la autoridad legítima que impone su criterio en garantía de los derechos fundamentales de los musulmanes españoles.

Rodríguez Zapatero y su Ministro de Justicia Francisco Caamaño eran casi unos niños en 1992. No son responsables de los defectos del Acuerdo de Cooperación del Estado con los musulmanes españoles. Sin embargo, sí lo son de esto. La norma adjunta no hay quién la entienda en su sola lectura, sin conocer un poco los entresijos de su extraña gestación. Y de sus designios ocultos, de su opacidad, de la que incluso consta la queja del Consejo de Estado al emitir el preceptivo dictamen sobre varias versiones iniciales de la misma. La intención del Gobierno era puentear a la CIE (y neutralizar la participación del incómodo Hamed Ali y su FEERI) y extender el acuerdo de 1992 a un nuevo sujeto, el Consejo Islámico Español, creado ad hoc recientemente por Tatary y, naturalmente, controlado por él. Al Gobierno le ha salido el tiro por la culata: el Consejo de Estado no casa su prestigio con nadie, menos aún si son los promotores de un Real Decreto (fallido en este caso) que, con la excusa de desarrollar la Ley de 1992, en realidad la suplantaba (y con ella a las Cortes Generales) para incluir en su articulado a quien no es parte del acuerdo, como ocurría con la invitación a compartir el mantel del Estado que generosamente se ha hecho al Consejo Islámico Español.

No obstante, el Gobierno ha desbloqueado la situación obligando a la Comisión Islámica de España, en caso de oposición al ingreso en la misma de la comunidad o federación musulmana solicitante, a motivar su rechazo. Y, en todo caso, la última palabra para la anotación registral del ingreso en la Comisión la tendrá el Ministro de Justicia, al resolver los recursos de alzada interpuestos por los afectados.  Y aquí sí ha asumido el Gobierno su propia responsabilidad, sin escurrir el bulto. Puede que le haya hecho un favor a su amigo Tatary. Pero, por encima de todo, no le ha traspasado el marrón al Gobierno que salga de las urnas del 20-N. Y, más aún: el Ministro Caamaño ha protegido el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad religiosa de todos los musulmanes españoles, unos derechos negados hasta ahora –sin tener legitimidad para ello, pues hablamos de libertades públicas- por algunos de sus correligionarios.