Fiscalidad de la vivienda

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Imagen del salón inmobiliario internacional celebrado en Madrid el pasado mes de octubre. / Sergio Barrenechea (Efe)

1.- Partido Popular

Su programa fiscal es claramente expansivo, con bajadas generalizadas de impuestos. Por tanto, las propuestas fiscales de los populares sobre la vivienda habitual se incardinan en una oferta global de beneficios tributarios a los ciudadanos, son un agregado más de una estrategia de disminución del sector público que supuestamente funcionará como el motor de arranque de la actividad económica, hoy en suspenso, y nos sacará de la crisis. Sin embargo, los capítulos de ese programa sólo están esbozados, no están exentos de una indefinición aparentemente calculada y también adolecen, en mi opinión, de ciertas contradicciones internas.

El Partido Popular propone la creación de una nueva deducción en el IRPF por el incremento anual del ahorro obtenido por el contribuyente, incluyendo en la misma la inversión materializada en la adquisición de la vivienda habitual (pág. 42). El programa rezuma demasiada vaguedad, como he dicho, pero en un apartado posterior (pág. 58) se percibe con nitidez la voluntad de principios y la intención del grupo de Mariano Rajoy: “Actualizaremos la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF”. Es decir, sean cuales sean la estructura y el importe máximo de la nueva deducción por ahorro a largo plazo antes aludida, resulta evidente que el Partido Popular busca el restablecimiento de un beneficio que desde el año 2011 ha desaparecido en la práctica, pues la deducción sólo afecta ahora a las rentas inferiores a 24.000 euros anuales. En mi opinión, el PP lanza con ello un mensaje equivocado a los ciudadanos y a los demás agentes económicos, pues las deducciones por vivienda han contribuido en el pasado a hinchar el globo de la burbuja inmobiliaria que luego acabó por estallar. Es verdad que la atonía actual del mercado inmobiliario y el enorme stock de obra terminada sin vender necesitan estímulos públicos que faciliten la reanudación de la actividad, pero no se deben ensayar de nuevo fórmulas equivocadas, según el contraste de la experiencia. En la misma línea cabalga la aplicación de un tipo superreducido del IVA (en la actualidad el 4%) a la entrega de vivienda nueva, de manera temporalmente transitoria (pero en todo caso más allá del 31 de diciembre de 2011, que es la fecha de expiración de ese tipo de gravamen aprobado por el Gobierno el 19 de agosto). No parece que las paupérrimas arcas del Tesoro puedan agradecer sin un crujido íntimo la más que previsible caída de la recaudación. El PP, en sintonía con lo anterior, propone igualmente reducir los tipos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), un tributo que se aplica a la compra de vivienda usada. Sin embargo, este gravamen, así como las competencias normativas para la determinación del tipo impositivo, están cedidos a las comunidades autónomas, por lo que no veo la justificación de la entrada de esa iniciativa fiscal en un programa redactado para unas elecciones a Cortes Generales.

Por otro lado, considero incompatible el incremento de la deducción por vivienda con la elevación de los mínimos familiares en el IRPF, que también propone el PP, ya que su acumulación supondría una duplicación del beneficio fiscal, especialmente favorable para las rentas más altas. Más sentido tienen, en mi opinión, otras medidas del programa fiscal de los populares. Como la eliminación del efecto de tributación múltiple en cascada que produce el ITP en las compraventas sucesivas, con la finalidad de promover la movilidad laboral de los jóvenes dentro de la geografía española (aunque el asunto plantea dificultades técnicas y el programa vuelve a inmiscuirse en los dominios de la financiación autonómica). Con idéntico objetivo de facilitar la movilidad laboral va la siguiente propuesta sobre el trato legal de las rentas inmobiliarias en el IRPF: “Permitiremos la compensación tributaria entre alquileres pagados y percibidos cuando se ponga en arrendamiento la vivienda habitual y se adquiera otra en el nuevo lugar de residencia”. Por último, el programa alude al sector de la rehabilitación, y (sin ninguna especificación o detalle) el Partido Popular se compromete -y ello me parece bien y conforme al sentido común- a promover “el fraccionamiento y aplazamiento de las tasas y tributos consecuencia de las obras de rehabilitación aislada de viviendas y locales”.

2.- Partido Socialista Obrero Español

El programa fiscal del PSOE pivota, según manifiestan sus autores, entre la eficacia y la equidad. El apartado II.3 (págs. 39 y 40) proclama enfáticamente su objetivo de alcanzar “una fiscalidad más justa que impulse la creación de empleo” a través de “impuestos realmente progresivos”. Sin embargo, su mirada retrospectiva a la acción de Gobierno durante la última legislatura -en la que afloraron los errores coadyuvantes a la producción del presente estado de postración económica y al desplome de los ingresos tributarios- apenas expresa una confesión crítica de los excesos cometidos en el área de la política fiscal. En relación con la vivienda, el programa de los socialistas pasa de puntillas sobre sus propias responsabilidades e incluso indulta los dos últimos años del mandato de Rodríguez Zapatero. Como conclusión lógica de esa benevolencia con uno mismo, el PSOE promete continuidad. Los socialistas Insisten, sobre todo, en las ayudas fiscales a la rehabilitación, ofertando a los electores la revisión del sistema fiscal “para flexibilizar las condiciones de aplicación del IVA a la rehabilitación”. Es decir, un Gobierno presidido por Alfredo Pérez Rubalcaba prolongaría en el tiempo la aplicación del tipo reducido del IVA a las ejecuciones de obra consistentes en la rehabilitación de viviendas (ampliando probablemente también su concepto para extender la aplicación del tipo reducido), sin descartar igualmente –aunque el programa no lo dice de forma explícita- el mantenimiento de la deducción actual en el IRPF por las obras de mejora en la vivienda para dotarla de una mayor eficiencia energética. Todo ello bajo la premisa de que, gracias a los incentivos fiscales de la última etapa gubernamental, “la rehabilitación representa hoy el 20% de la actividad del sector, frente al 5,5% en 2004”.

En suma, el PSOE pretende dar salida al stock de vivienda nueva (que calcula en 700.000 unidades) enlazando el futuro inmediato con las últimas iniciativas fiscales del Gobierno que entrará en funciones y se despedirá del respetable el 20 de noviembre. Por ello, Pérez Rubalcaba compendia su política tributaria sobre la vivienda en la siguiente idea-fuerza: “Actualización de la fiscalidad de la vivienda para impulsar la salida del stockage existente, potenciando su venta y el alquiler y beneficiar a las rentas más bajas, actualizando la vigente deducción por compra de vivienda para familias de rentas de 24.000 a 30.000 euros”.

3.- Izquierda Unida-Los verdes

Esta formación dedica una parte considerable de su programa electoral a la vivienda, pero basa la acción del Gobierno en la política urbanística y en las ayudas directas a la población con menores ingresos. Respecto a la política fiscal, salvo error u omisión por mi parte, IU únicamente expone una medida de carácter punitivo con el propósito de facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos desplazados del mercado inmobiliario por su escasez de recursos. Concretamente, la organización de Cayo Lara quiere acabar con las viviendas vacías (cuyo número sería, de acuerdo con su programa, el de cuatro millones de unidades, un millón de ellas de nueva construcción) estableciendo un tipo incrementado del IBI del 100%. A estos efectos, la vivienda se consideraría vacía desde el momento en que reciba “la licencia de primera ocupación y según consumos de agua y electricidad”. La eficacia de la propuesta exigiría, a mi juicio, la modificación de la Ley de Haciendas Locales y, en todo caso, impondría, contrariando el principio de autonomía municipal, una uniformidad indeseable en la estrategia fiscal de cada Ayuntamiento.

4, Unión, Progreso y Democracia

UPyD es consciente de la penuria de las cuentas públicas. Su política tributaria, tanto con carácter general como específicamente en materia de vivienda (apartados 3.5, 3.9 y 5.2 de su programa), propone la “reducción y racionalización de los gastos o beneficios fiscales que disminuyan la recaudación tributaria”. En consecuencia, su oferta electoral se limita, en lo que atañe al presente epígrafe, a “estimular fiscalmente la iniciativa privada para que desarrolle viviendas en régimen de alquiler, mediante la creación de nuevas oportunidades de inversión a los particulares y promoviendo las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario”.    


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