Los impuestos y el territorio

El sistema político español no genera los recursos tributarios suficientes para financiar los servicios básicos que debe prestar a los ciudadanos. El Estado de las Autonomías, en su dimensión actual, discrimina a los individuos por razón del territorio e interfiere en la actividad económica al obstaculizar la unidad del mercado nacional. Asimismo, ese Estado vulnera las reglas del principio de libre establecimiento en el interior de la Unión Europea (UE). El Estado de las Autonomías funciona irracionalmente porque no aprovecha la eficacia de las economías de escala: multiplica el gasto público debido al solapamiento de órganos administrativos y de competencias jurídicas que recaen, en última instancia, sobre la misma población. Tampoco es eficiente en la tarea de asignación de los recursos económicos disponibles por la asimetría que se produce entre la obtención del ingreso y la decisión sobre el gasto. Mientras el primero lo allega (en su mayor porcentaje) la Hacienda central, el gasto (previas las oportunas transferencias estatales y la recaudación de los tributos cedidos) es competencia, cuantitativamente en su mayor proporción, de las Comunidades Autónomas (CCAA). No es extraño, por tanto, que en esta época de severas dificultades económicas los servicios públicos de la salud, la educación y el mantenimiento de la Justicia estén en nuestra España plural bastante peor que en los países punteros de la UE. Sea como fuere, es irrebatible que el sistema de financiación autonómica, pese a que lleva la reciente data de diciembre de 2009, agoniza.

A mi juicio, dos son las causas principales del presente estado de cosas. Las limitaciones constitucionales impuestas por la realidad política y sociológica que fue la Transición serían el primer factor. Y, sobre este plano, habría que mencionar la posterior apropiación por los partidos políticos mayoritarios (incluidos los partidos nacionalistas que ostentan dicha condición en sus territorios, como CiU o el PNV) de la estructura de poder que dispensa el Estado de las Autonomías. Naturalmente, los intereses de esas organizaciones se reflejan con nitidez en sus programas electorales y en sus propuestas (o en su silencio) sobre el problema de los recursos tributarios de las CCAA. En suma: los grandes partidos son muy conservadores en relación con la financiación autonómica, mientras que partidos pequeños como UPyD asoman su cabecita con la intención de hacerse un hueco. Con la excepción de Izquierda Unida, que siempre se inscribe como alumno libre en la universidad de la política.

La defensa del impasse actual es evidente en los dos grandes partidos estatales, sobre todo en las posiciones de un PSOE que no oculta la declinación de su estrella política. La inercia del programa socialista sobre la pluralidad de competencias tributarias resulta manifiesta en su iniciativa de reforma fiscal de dotar de mayor progresividad a los impuestos, que, sin embargo, no debe alterar las “singularidades fiscales territoriales existentes”. La tibieza del PSOE tiene poco recorrido ante la envergadura del problema. Apenas da para proponer “la optimización de nuestro sistema de descentralización del poder”. Y para potenciar la Conferencia de Presidentes. Lo más llamativo, fuera ya del menú de su programa electoral, es el acto reflejo de última hora de su candidato en la página web del partido. La web anuncia lo siguiente: “Rubalcaba propone modificar el sistema de financiación autonómica para que las CCAA dediquen el 80% de los recursos que reciben del Estado a educación, sanidad y recursos sociales”. Dicen que las prisas son malas consejeras.

El Partido Popular, como estandarte de las esencias de España, da, como era de prever, un paso adelante en la defensa del Estado central. Pero sin exagerar. Propone un gran pacto nacional para revisar la tributación regional que, además de satisfacer “las exigencias de estabilidad presupuestaria”, corrija “la aplicación inadecuada del modelo de financiación, con anticipos que han facilitado que durante los años de bonanza coyuntural se consoliden gastos estructurales, [que han] restado flexibilidad a la capacidad de ajuste de las comunidades autónomas en momentos de crisis”. Impecable. Pero un poco huérfano de cualquier desarrollo real mediante iniciativas con una miajilla de personalidad política. A mayor abundamiento, a la retórica popular se le hinchan las velas cuando habla de mejorar el estatuto fiscal de las ciudades de Ceuta y Melilla (a lo que, personalmente, no tengo nada que oponer) sin que, del lado del Norte, los vecinos de la calle Génova número trece digan nada de los sistemas tributarios privilegiados de Navarra y de los territorios del País Vasco. ¿Será que Mariano Rajoy no quiere perjudicar a sus amigos Basagoiti y Barcina y por ello entierra su cráneo en el hoyo de la tributación foral?

Para Izquierda Unida-Los Verdes el problema de la financiación autonómica no existe. Así de sencillo. Cayo Lara anda en otro tipo de menesteres. La izquierda española quiere abrir un “proceso constituyente como camino hacia la III República”. Persigue un Estado federal que reconozca “el derecho de autodeterminación de los pueblos que conforman el Estado basado en la libre voluntad de las partes en unirse en un proyecto común, como una elección libre y democrática de los pueblos”. Cayo Lara es una persona muy honrada que debe pedir cuanto antes hora al oftalmólogo. Le deseo mucha suerte y también que le afinen la vista.

Guste o no, el programa de Unión, Progreso y Democracia es el único que coge el toro por los cuernos en el debate sobre el estado actual de la financiación autonómica. No creo que haga falta recordar que el partido de Rosa Díez exige una reforma constitucional para modificar el Título  VIII de la Carta Magna y dar nueva planta a la organización territorial del Estado. No sólo eso. UPyD también propone la derogación de la Disposición Adicional Primera de la Constitución. O, lo que es lo mismo: “la supresión del Concierto Económico vasco y navarro, con la consecuente eliminación del Cupo Vasco y de la Aportación navarra, para implementar un régimen común de financiación para todas las Comunidades Autónomas”. El órdago lanzado a la arena política por la mujer vizcaína de Sodupe  parece un grano de arena en medio de la política de hechos consumados de los últimos treinta años. Rosa Díez, a mi modesto entender, es un híbrido de ambición personal y de pasión por la igualdad. Su programa de reorganización territorial es el único que llama a las especies del pan y del vino por su nombre. Rosa tiene fama de carnívora política. A los tímidos como el que suscribe no les va nada en el envite, pero le agradecemos su claridad.