La Ley del aborto, en la picota popular

¿Solicitará Mariano Rajoy a las Cortes Generales la derogación de la Ley del aborto aprobada en marzo de 2010 a instancias de la ministra Bibiana Aído? Probablemente sí, porque en este tema el proverbial y ya famoso “depende” de Rajoy significa exactamente que el jefe de los conservadores españoles sólo depende de sí mismo. El próximo presidente del Gobierno ha juntado en su persona las cosas del querer con las cosas del poder. Respecto a las primeras, las intenciones del Partido Popular son meridianas pero únicamente en su rechazo general a la reforma de la regulación del derecho al aborto llevada a cabo por el PSOE en la legislatura anterior. Más imprecisa resulta la posición de Rajoy en la tarea de pulir su concepción de la maternidad y la familia, aunque es indiscutible que no le gusta nada la atribución a las menores, en ciertos casos, de la facultad legal de abortar. La mezcla de ambigüedad y precisión se advirtió sin problemas durante la campaña electoral del PP mediante sus “100 propuestas para el cambio”. La número 51 decía lo siguiente: “La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentren en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”.

¿Y las cosas del poder? Rajoy ha salido de las urnas con el poder ejecutivo y con el poder legislativo en sus manos. La fuerza de ese doble poder es imprescindible si, como parece, el PP quiere modificar la legislación sobre el aborto. En este caso también resulta suficiente. La regulación del derecho al aborto requiere ley orgánica, es decir, mayoría absoluta del Congreso (artículo 81 CE) y el partido de Rajoy la tiene en ambas Cámaras. Los populares no necesitan pactar con nadie. Los fuertes, naturalmente, suelen presumir de la virtud de su generosidad. A veces incluso quieren que los demás olviden algunas miserias que cometieron durante su pasada debilidad. Cuando era oposición, el PP sólo disponía de la posibilidad de pedir la revisión judicial de los actos legislativos de la mayoría. En relación con el aborto, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva, y de la interrupción voluntaria del embarazo. Fue una actitud completamente razonable, incardinada entre las reglas del Estado de Derecho (aunque ahora pueda producir a Rajoy el dilema político de tomar la iniciativa de reforma legal a la que se ha comprometido en su programa electoral o esperar a la doctrina futura del Tribunal Constitucional).

Lo malo es que al socaire de ese recurso de inconstitucionalidad el partido de Mariano Rajoy ha cometido algunas trapacerías en su intento de ganar de manera retorcida lo que no había logrado en el Parlamento. Fue insólito, por ejemplo, que el 11 de febrero del presente año más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular promovieran otro recurso de inconstitucionalidad, en este último caso contra la Ley Foral 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se ha creado en Navarra un registro de profesionales médicos y sanitarios para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia respecto a la práctica de abortos en dicha Comunidad. Pero, sobre todo, lo más sorprendente fue la petición dirigida al Tribunal Constitucional para que suspendiera cautelarmente la aplicación de la Ley Foral, con el peregrino (y no veraz) argumento –realmente una excusa- de que pueden causarse daños graves e irreparables a la vida íntima y privada de los médicos y sanitarios objetores. Porque, como recuerda el propio Tribunal en un Auto publicado el 15 de noviembre, el máximo órgano constitucional “carece de potestades o poderes implícitos para suspender de oficio las leyes impugnadas en los procesos constitucionales”, fuera de los recursos interpuestos “por el Presidente del Gobierno de la Nación contra una ley o norma con rango de ley de una Comunidad Autónoma, y cuando en su demanda el Gobierno de la Nación hubiere solicitado expresamente la suspensión”. Los servicios jurídicos del PP son materia reservada (salvo el nihil obstat del vértice del partido) de un señor que responde al nombre de Federico, cuyos conocimientos profesionales sólo son superados por su temeridad y su ánimo marrullero. Esperemos que a partir de ahora la cosa cambie, y Federico deje de simular que todavía no ha terminado Cuarto de Derecho.

¿Y qué dice a este particular el Sacro Imperio Romano Germánico, hoy en manos de una democristiana hija de un pastor protestante y de una profesora de latín? ¿Le tirará de la pechera de la toga a su nuevo cónsul en Hispania, como ya hizo con su anterior mandatario a propósito, sin ir más allá en el tiempo, de la reforma constitucional de agosto? Creo que no. A la emperadora la moral sexual de sus súbditos le importa un bledo y le trae sin cuidado. Sólo le interesa el juego del pasta-pasta.