UGT rechaza el ultimátum de Rajoy para el acuerdo social

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Mariano Rajoy, a la izquierda, y Cándido Méndez, ayer, en el despacho del próximo presidente del Gobierno en la sede nacional del Partido Popular. / Paco Campos (Efe)

(Actualización de las 11.00 horas del jueves 1 de diciembre).

El esperado encuentro del próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente (Rajoy también se reunió ayer con el presidente de la patronal, Juan Rosell), provocó reacciones distintas entre los protagonistas. Si Toxo se comprometió a volver a sentarse con CEOE para intentar cerrar un acuerdo sobre la reforma laboral o la negociación colectiva, Méndez, que también lo hará, rechazó sin embargo, y abiertamente, el ultimátum del 6 de enero que impuso el líder del PP para alcanzar un acuerdo. "Los únicos plazos que tengo que cumplir", dijo, "son los de la hipoteca".

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Las centrales sindicales, que no están dispuestas a representar ante la opinión pública el papel del que se levanta de la mesa, no son, sin embargo, optimistias, y desde ambas centrales admiten que un acuerdo en ese plazo no parece factible. En cualquier caso, la trama de la obra está sobre la mesa y sigue llevando la firma de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que horas antes de la reunión adelantó las reglas de juego del diálogo social: que sindicatos y patronal negocien de forma urgente y que si no alcanzan un acuerdo rápido no habrá otro remedio que gobernar. Parece que un escenario con una clá de 186 diputados, un adversario absolutamente grogui y unos sindicatos que seguramente no atraviesan su mejor momento, sigue siendo el mejor de los posibles para gobernar por decreto.

¿Y por qué los sindicatos no consideran factible el acuerdo? Pues porque no parece razonable esperar de la patronal que ahora que gobiernan los suyos esté más dispuesta a ceder algo en sus posiciones (eso es una auténtica negociación: que todos cedan un poco con el objetivo de alcanzar un acuerdo) de lo que lo estaba a finales del mes de mayo, cuando tras un preacuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva alcanzado por Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo y Juan Rosell en la sede de CEOE (con foto y todo), la patronal reunía a sus órganos de dirección y aprobaba un documento de máximos que echaba todo el trabajo por tierra. El pasito atrás de la patronal se producía a sólo unos días del descalabro de la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas y tras un encuentro (con mantel de por medio) entre Rosell y Arturo Fernández, el presidente de los empresarios madrileños y un auténtico forofo de las políticas neoconservadoras de Enseñanza Aguirre.

De hecho, la patronal está tan crecida y tan segura de que el nuevo Gobierno arrimará el ascua a su sardina (y achicharrará el boquerón sindical, si es preciso) que el pasado 19 de octubre presentó sus propuestas para superar la crisis, un conjunto de medidas que van desde la reducción de plantillas en el sector público al abaratamiento de la indemnización por despido improcedente a 20 días por año trabajado o la desvinculación en los convenios entre IPC e incremento salarial.

Como ya dijimos en este blog, el programa electoral del PP no es muy preciso respecto al contenido de las reformas que piensa poner en marcha, pero sí que deja adivinar que las soluciones pasan por una reforma laboral que reduzca sensiblemente los tipos de contratos (con una indemnización por despido a la baja), una reforma de la negociación colectiva que prime los convenios de empresa frente a los territoriales y sectoriales (lo que multiplica las posibilidades de presión de los empresarios frente a los trabajadores, de forma muy especial en las empresas más pequeñas) y, posiblemente, nuevos recortes en la función pública y en la cobertura del subsidio por desempleo, además de un acuerdo para combatir el absentismo laboral. Lo de la legislación sobre la huelga podría quedar aparcado, de momento, porque tampoco es cuestión de abusar.

Los actores están preparados y las cámaras listas. El problema es que el final de la obra también parece escrito ya. Nuevamente, y a pesar de lo poco que nos cuenta el PP, sabemos de este asunto mucho más que sobre lo que Rajoy va a hacer, por ejemplo, respecto a las indemnizaciones millonarias de los directivos que hunden Cajas de ahorro. De esto quizás nunca sepamos nada porque, aquí sí que sí, Rajoy, posiblemente, hará lo mismo que su predecesor, el indultero Zapatero, o sea, nada.

4 Comments
  1. celine says

    La foto de la CEOE es elocuente. No sé de qué se ríen los empresarios (a lo mejor es para distender el ambiente) pero la expresión de los sindicalistas es temerosa. Ellos mismos la ven venir porque no hay relaños para retar a los mercados. Nos haría falta un David armado con el tirachinas y la buena puntería.

  2. jose says

    ¿Tiene el marrullero Rajoy permiso de los ciudadanos para hacer algo que no se atrevió a decir cuando se ofreció en la campaña electoral para Presidir el gobierno? En Democracia no. La PPecracia no es democracia.

  3. antordonez says

    todo gobierno que ha recortado derechos con reformas laborales impuestas ha tenido su huelga general

  4. También hay periodistas perseguifos says

    PAra que lo sepa la nueva presidente

    Posible despido en la UNED por “ofender” a Telefónica.Una periodista de la UNED ve en riesgo su trabajo por realizar preguntas incómodas a un representante de la multinacional, patrocinadora de la universidad. El 24 de junio de 2011, el CEMAV colgó en internet y emitió en el programa de la UNED en La 2 el reportaje que Gálvez había realizado acerca de unas jornadas sobre responsabilidad social corporativa organizadas por la cátedra UNED Telefónica. Un mes más tarde, el reportaje fue eliminado de la web de RTVE, del canal de Youtube y del buscador de la web de la UNED. Sin obtener respuesta a su petición de explicaciones, el 13 de septiembre, justo un día después de que Gálvez informara a la universidad de su estado de embarazo, era informada de que se le había abierto un expediente disciplinario mediante un documento firmado por el rector, Juan Gimeno Ullastres. El motivo es “la desconsideración” que, a juicio de la universidad pública, sufrió una persona entrevistada en el reportaje: Luis Abril, secretario general técnico de la Presidencia de Telefónica.

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