Si yo fuera Mariano Rajoy habría fusionado los ministerios de Hacienda y Sanidad, designando como su primer titular a Alberto Ruiz-Gallardón. Es una época de ajustes brutales que conviene administrar con cirugía de hierro sin que el pueblo se alborote. Al revés, debe convencerse a los españoles de que se les purga con aceite de ricino por su propio bien. Para esta función nadie está tan preparado como el ya ex alcalde de Madrid, que ha refrenado la rebeldía de los contribuyentes de la Villa y Corte con el arte de los médicos que narcotizan a sus pacientes antes de clavarles el bisturí hasta el fondo (en el caso del ex munícipe madrileño, hasta el fondo de su cuenta corriente). Las cuatro reglas que aplica don Alberto en el arte de gobernar son: paciencia, vaselina, anestesia y, finalmente, rigor (mucho rigor pero lo más indoloro posible). La penúltima faena del maestro ha sido el incremento del IBI a partir de 2012, hecha con garbo y sin que apenas se note, adobada con susurros de que la culpa la tienen los funcionarios de Hacienda por haber revisado los valores catastrales de los inmuebles de Madrid. Pero sin el reconocimiento del hasta ahora alcalde de que –cosa que no ha hecho- podía reducir legalmente casi a discreción el tipo de gravamen del Impuesto al tratarse de una revisión catastral de naturaleza colectiva. ¿Y qué decir de su último par de banderillas? La faena definitiva de Ruiz-Gallardón, muy relacionada con la anterior, ha sido dar otra vuelta de tuerca a unos contribuyentes que han visto depreciado su patrimonio como consecuencia del hundimiento de los precios inmobiliarios y el colapso del mercado. Y que en su mayoría no disponen de otros inmuebles aparte de su vivienda habitual.
¿Quién no ha oído hablar del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como la Plusvalía Municipal? Es un tributo local que grava el aumento de valor del terreno cuando transmitimos (por venta, donación o herencia) una casa, un local o directamente un solar sin edificar. El Ayuntamiento de Madrid, en su Presupuesto General correspondiente a 2012, calcula que el número de transmisiones inmobiliarias que se efectuarán en la ciudad el año que viene no superará al del ejercicio que ahora termina. Sin embargo, ha previsto un ingreso de 277.512.783 euros (lo que significa un incremento del 13,9% sobre la recaudación de 2011), “…adicionando el efecto que sobre el impuesto tiene la nueva Ponencia de Valores Catastrales a partir de 2012”. Es verdad que en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Plusvalía Municipal figura una reducción del 40%. Pero este porcentaje es una minucia si consideramos que el valor del suelo se ha más que duplicado de promedio en la citada Ponencia, proporcionalmente mucho más que el aumento del valor de construcción de los inmuebles madrileños en el Catastro. Recordemos que el sujeto pasivo de la Plusvalía Municipal es la persona que transmite el terreno (en las escrituras de compraventa, ya que en las herencias y donaciones el sujeto pasivo es el adquirente). El Ayuntamiento de Madrid va a “crujir” a un buen número de vecinos sin causa justa para ello “aprovechando” la revisión catastral más o menos pactada con Hacienda. En todo caso, el valor de mercado del suelo madrileño, lejos de lo que dice el Ayuntamiento a efectos de la Plusvalía Municipal, ha disminuido durante los últimos años y seguirá bajando por el tobogán de los precios en 2012.
¿Se libra alguien de la quema? Sí, gracias a una iniciativa de Izquierda Unida no van a pagar la Plusvalía Municipal los transmitentes forzosos de su vivienda que no pueden devolver el crédito tomado para su compra, los desahuciados en los procesos de ejecución hipotecaria. El Ayuntamiento de Madrid les va a condonar el tributo debido a la precariedad de su situación económica. Alberto Ruiz-Gallardón anunció a comienzos de esta semana su intención de recoger el guante de Izquierda Unida y finalmente ha sido sensible al drama que padecen muchas personas, que sin duda lo agradecerán. Pero, fuera de los interesados y de los enfermos de miopía política, el beau geste del nuevo ministro de Justicia no es más que una gota de equidad en un sistema tributario –el de la ciudad de Madrid- injusto, irracional y opaco. Alberto Ruiz-Gallardón se despide de Madrid en estado químicamente puro, en su mejor tradición. Es un puño de hierro en guante de seda. Y ya es ministro del Gobierno de España y corazón de indignado. Todo a la vez. ¿Hay quién dé más?
Enrique Barón dijo hace muchos años que los ministros (él mismo lo fue con Felipe González) “son bienes del Estado”. Por la misma regla de tres, los alcaldes son bienes del municipio. Pero, ojo, que a veces unos y otros son bienes gravados con unas hipotecas costosísimas. Y cuando se marchan subrogan en la deuda a los ciudadanos y a los vecinos. Ellos nunca pagan la factura.