Nueva carga contra las rentas del trabajo

Las leyes fiscales valen lo que vale la Administración que debe aplicarlas. En España esta relación de dependencia de las normas respecto a la eficacia de la Agencia Tributaria (y de sus precedentes administrativos) nunca ha sido simétrica, debido a la impotencia de esta última para convertir el fraude fiscal en una anécdota dentro del conjunto de las operaciones económicas. Muy al contrario, la cara oculta de la economía representa la cuarta o quinta parte del total de su superficie completa, una fracción que se ha mantenido inalterada en todos los ciclos de la economía y la política. La elusión del pago de impuestos recuerda la fábula de Proteo: las actividades de los defraudadores cambian de forma a su antojo y siempre van un paso por delante de los remedios gubernamentales aprobados con la intención de poner el punto final a su existencia cotidiana.

La asimetría entre el contenido de la ley (que tiene vocación de generalidad) y su aplicación real (limitada por la insuficiencia de la Agencia Tributaria para detectar y recaudar las cuotas defraudadas) es la causa principal de la falta de equidad entre los ciudadanos en el cumplimiento del deber constitucional de contribuir al sostenimiento del gasto público. También es una rémora para el crecimiento de la economía, ya que el dinero negro, en vez de asignarse de manera óptima a los diversos factores y recursos necesarios para la producción de bienes y servicios, tiende a formar bolsas de riqueza ociosa y a su atesoramiento improductivo, y asimismo no alimenta la financiación con la que el sector público interviene en la economía privada para estimular la demanda interna. Si todos los efectos anteriores son muy nocivos incluso en las fases de expansión económica, su aguijón perjudicial es una calamidad colectiva en las situaciones de contracción, como el actual estado de excepción económica que amenaza el futuro de la sociedad española.

El Gobierno ha establecido un recargo en el IRPF, excepcional y transitorio durante los períodos impositivos 2012 y 2013, con una horquilla de tipos ascendentes desde el 0,75% hasta el 7% según el importe de la base liquidable general de cada contribuyente. También ha aumentado la fiscalidad de las rentas del capital mobiliario en los citados ejercicios, mediante tres recargos progresivos según el importe de la base liquidable del ahorro. Pero lo cierto es que, en sustancia, la elevación del IRPF puede considerarse un nuevo recargo al trabajo (que tradicionalmente contribuye en un 80% a la recaudación total del Impuesto). El fraude fiscal acentúa así sus efectos regresivos sobre la economía de nuestro país.

No voy a abrumar al lector con cifras. La magnitud del problema se aprecia simplemente comparando de forma sumaria las estadísticas suministradas por la Agencia Tributaria, sin necesidad de entrar en detalles sobre las rentas por alquileres no declaradas, determinadas operaciones de capital o algunas transferencias realizadas desde las entidades mercantiles a sus socios. Basta con cotejar el salario medio anual del conjunto de los declarantes del IRPF, que, para el último período declarado (2010), significó la cifra de 22.100 euros anuales por trabajador, con el rendimiento neto promedio correspondiente al ejercicio de actividades económicas (profesionales liberales y empresarios autónomos). La cifra media declarada en el  período 2009 fue de 9.562,64 euros anuales por contribuyente, no alcanzó siquiera la mitad del importe (mucho más controlado por el sistema de retenciones a cuenta) de la renta media por trabajador. Las cifras (que se repiten con pocas variaciones año tras año) hablan por sí mismas. Fundar una empresa pone de relieve un afán de lucro a cambio de la asunción de un riesgo patrimonial. Tan legítimo como “conformarse” con un trabajo remunerado por cuenta ajena. Las estadísticas oficiales denotan, sin embargo, un comportamiento económico irracional: los empresarios individuales no consiguen jamás el lucro personal que buscan (sólo ingresan poco más de un tercio raquítico de lo que ganan los trabajadores) y pese a ello insisten en el empeño sacrificando su salud y poniendo en riesgo el patrimonio familiar. Ellos sabrán el motivo íntimo de tanto pundonor y laboriosidad.

El pasado jueves, al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que el Gobierno tiene un plan (que no explicó, salvo cuatro pinceladas) contra el fraude fiscal mediante el que piensa recaudar durante el año en curso 8.171 millones de euros. Como no hay que analizar lo que no existe, es urgente esperar. Pero no es obligatorio inhibir la expresión de alguna perplejidad. Como:

1. El Gobierno, a diferencia de lo que ha hecho con el severo aumento del IRPF, no parece tener en la cabeza un plan de choque extraordinario contra el fraude. Sólo ha hablado del consabido plan anual de control y en éste caso (2012) con unas previsiones de recaudación incluso inferiores a los resultados (todavía provisionales) del plan de 2011 (10.400 millones). Algo todavía más sorprendente cuando ya se ha estimado una desviación al alza de dos puntos en las previsiones oficiales del déficit y se ha constatado con aparente horror el caudal de la herencia recibida del Gobierno saliente.
2. Algunas de las herramientas antifraude cuyo uso ha avanzado la vicepresidenta (como el control del consumo eléctrico, o la figura del levantamiento del velo para sortear la interposición de sociedades pantalla, de cara a identificar y recaudar rentas no declaradas) no son nuevas en absoluto y, siempre a la espera de su concreción, pertenecen a la retórica habitual de estos programas.
3. El uso, como medio de pago en efectivo, de billetes de alta denominación viene siendo controlado desde la Ley 36/2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal. En ese caso, con el objeto de impedir la utilización de dinero negro en el mercado inmobiliario, con éxito sólo relativo. Asimismo, en algunas normas más recientes (como en la creación en el IRPF de una deducción transitoria por obras de mejora de la eficiencia energética en las viviendas) se ha condicionado la aplicación de beneficios fiscales al pago a los proveedores o a los ejecutores de las obras a través de operaciones bancarias, con éxito igualmente muy limitado. El nuevo Gobierno ha dado un paso más en la misma dirección, y ahora se pretende directamente limitar (o prohibir) los pagos en metálico en determinadas transacciones por encima de cierta cuantía. Esta medida exigirá mucha puntería jurídica por limitar la circulación de dinero de curso legal y restringir el carácter liberatorio de los medios de pago en efectivo al satisfacer el precio de ciertas entregas de bienes o servicios, o de la compra de no sabemos qué activos patrimoniales. Algunos se han puesto morados con los billetes del mismo color. Bienvenida sea la terapéutica que les evite tamañas indigestiones. Pero, a mi juicio, no será la panacea contra el fraude fiscal.
4. El Gobierno va a fomentar la autoregularización (sic) voluntaria. ¿Una forma de amnistiar deudas tributarias de poca monta? Veremos. En cualquier caso, todo apunta a que van a cambiar de destino algunos funcionarios que hasta ahora se han dedicado a la gestión extensiva de las declaraciones de numerosos y pequeños contribuyentes, para ser empleados por la dirección de la Agencia en tareas estrictas de inspección. Es bueno aprovechar mejor los recursos humanos de la Administración Tributaria. ¿Cañones o mantequilla? Cañones, claro…aunque ello suponga un reconocimiento implícito de las deficiencias de las políticas de personal y de las limitaciones que entraña el redimensionamiento del sector público si el uso del palabro se generaliza indiscriminadamente como mantra de propaganda política.

Y una apostilla. España es una democracia parlamentaria sólo de nombre. España es una democracia presidencialista, sobre todo cuando las elecciones dan la mayoría absoluta al jefe del partido ganador. El jefe, en estos sistemas de expolio político, debe estar para disfrutar de lo bueno y para soportar lo malo. Son los gajes del oficio. Hasta ahora Mariano Rajoy sólo ha estado presente en las cosas buenas de la vida política. Es inaceptable que siga mudo, inédito e inefable, como Dios todopoderoso, en la tarea explicativa de los severos ajustes fiscales que ha decidido y decidirá en las próximas semanas. Los balones se estropean con el uso. Pero también se desinflan si se guardan sin estrenar en la sala de trofeos.