Rajoy ha jugado al ‘bumerang fiscal’ en la subida del IRPF

A mi juicio, el Gobierno de Mariano Rajoy ha pecado de algo de infantilismo al acotar temporalmente la subida del IRPF a los años 2012 y 2013. Y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha pecado por partida doble diciendo de forma todavía más ingenua que al término de la legislatura los tipos del IRPF estarán por debajo incluso de la tarifa vigente en 2011 (que fue aprobada por los socialistas). Estas limitaciones de orden temporal son útiles como mecanismo compensatorio para aligerar en parte la mala conciencia de quienes han insistido una y otra vez en que iban a bajar los impuestos, y a las primeras de cambio han hecho todo lo contrario.

El Gobierno del Partido Popular también pretende, elevando los tipos de gravamen sólo durante un período bianual, atemperar en su propio beneficio el desgaste político que significa cualquier incremento fiscal. Pero lo mejor habría sido no anunciar ese compromiso formal de practicar la dureza tributaria exclusivamente a corto plazo, porque puede volverse contra las intenciones que la han animado. Adoptada la decisión de subir los impuestos, debería haberse otorgado carácter indefinido (que no es lo mismo que permanente) a la nueva política de ingresos fiscales. Porque tiempo habrá para efectuar las reconsideraciones que procedan según evolucione la situación económica. No critico sólo la temporalidad de las medidas tributarias por la imprudencia (o quizás algo moralmente peor) de los que, ilusionados con la bola de cristal que les han regalado sus sueños políticos, probablemente tengan que arrepentirse (por segunda vez) en 2014 (o antes) de lo que ahora nos prometen respecto al futuro, y vuelvan a subir los impuestos. Mi crítica a la verbosidad de Montoro y a las contradicciones “transitorias” de Rajoy se fundamenta en que el silencio del Gobierno habría reforzado mucho más el interés general y la equidad ciudadana en el pago de los impuestos.

El Gobierno ha previsto una recaudación adicional de 6.000 millones de euros tras la aprobación de los recargos extraordinarios y temporales en el IRPF y el IBI. En el primer impuesto citado el peso tributario recaerá sobre los hombros de los trabajadores (y en menor medida sobre los perceptores de rentas del capital mobiliario), pero algunos contribuyentes podrán zafarse de dichas cargas si las previsiones del Gobierno se cumplen y a partir de 2014 se relaja la presión fiscal. ¿Quiénes son esos afortunados? En este caso las personas que disfrutarán de ciertas economías de opción serán las que posean una o ambas facultades a la vez: el poder (de disposición sobre el hecho imponible) y el tiempo (para diferir el devengo de la renta gracias a su situación económica desahogada).

Dentro de estos grupos están los partícipes más adinerados de planes de pensiones (o de otros instrumentos de ahorro de los sistemas de previsión de base privada). Al llegar su jubilación nada les impedirá retrasar el cobro de las prestaciones hasta el año 2014 para ahorrarse el gravamen complementario del IRPF, que puede llegar hasta el 7% del importe de la prestación (en lo que se refiere a la cuota íntegra estatal). Además, el tiempo, al menos en teoría, juega a favor de estos rendimientos por otro motivo, como es la promesa electoral del Partido Popular de mejorar su fiscalidad. Igualmente pertenecen a la casta de los favorecidos por la aplicación temporal de los recargos las personas que, gracias a su capital, controlan la distribución de los beneficios obtenidos por las compañías mercantiles. ¿Por qué no esperar a repartir dividendos en 2014, con un ahorro en este caso de hasta seis puntos porcentuales en el IRPF, dejando mientras tanto los beneficios empresariales en cuentas de reservas? Algunos ejecutivos de alto nivel pueden también encontrarse en una situación parecida, y pactarán con sus empresas el diferimiento de la extinción de la relación laboral –si éste es el caso- para “salvar” parte de la indemnización sujeta a gravamen. Una situación que eventualmente también se producirá para aliviar la carga fiscal en el cobro de los pluses salariales por resultados. Por no hablar de la efectividad de algunas estrategias financieras, como las posibles nuevas ofertas de depósitos bancarios o imposiciones a plazo (de más de dos años), o de algunas operaciones de capitalización. Etcétera.

Los Gobiernos suelen evitar las consecuencias perjudiciales para la Hacienda Pública que tiene el efecto anuncio en los procedimientos de elaboración legislativa acudiendo a la técnica de la retroactividad. Si una norma fiscal va a endurecer el trato dispensado a algunas rentas o transacciones económicas, se puede evitar una avalancha inmediata de este tipo de operaciones anticipando su entrada en vigor a la fecha de presentación en el Congreso de los Diputados del correspondiente proyecto de ley (salvo que lo que se pretenda sea lo contrario, es decir, estimular la economía fomentando esas operaciones a corto plazo, que fue lo que ocurrió en la subida del IVA a partir de julio de 2010, aprobada seis meses antes). Pero las distorsiones económicas y tributarias, así como la lesión al principio de igualdad fiscal de los ciudadanos, son casi inevitables si el mencionado efecto anuncio da publicidad y fija una fecha precisa a la caducidad de las leyes, a su derogación o pérdida de vigor. Ese es precisamente el error que, en mi opinión, ha cometido imprudentemente el Gobierno de Mariano Rajoy. Porque si el interés general exige la realización de un esfuerzo fiscal, éste deberá hacerse por todos de forma proporcionada según la renta de cada uno. No es aceptable que en un estado de necesidad de la Hacienda Pública la ley permita “fugas” de los sacrificios que pide a los ciudadanos a favor de determinados tipos de rentas y contribuyentes.