Las autonomías, camino del matadero

Imposición de techos de gasto, amenaza de sanciones, control previo de los presupuestos regionales… Las anteriores son las piezas de mayor calibre de la artillería con la que el Gobierno central piensa disparar contra las comunidades autónomas que no respeten los compromisos de estabilidad presupuestaria del Estado español con la Unión Europea. Será el próximo martes, 17 de enero, cuando la amenaza saldrá de la nebulosa actual y empezará a perfilarse de forma más nítida. Ese día se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en cuya sesión los consejeros de Hacienda de las comunidades recibirán del Gobierno el anteproyecto de la Ley Orgánica de Sostenibilidad y Estabilidad Presupuestaria, que desarrollará el artículo 135 de la Constitución (reformado el pasado 27 de septiembre).

Matizando un poco lo que dijo el diario El País en un editorial del 14 de enero –“una sentencia del Constitucional de julio pasado, anterior a la reforma constitucional…”-, conviene advertir que ya contamos con varios pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) posteriores a la reforma del artículo 135 CE. Y que todos ellos van a poner en aprietos, aún más, a las autonomías que incurran en desequilibrios financieros inaceptables según la Ley. Esas sentencias del TC –dictadas de acuerdo con la doctrina del ius superveniens, es decir, utilizando como nuevo canon de constitucionalidad el reformado artículo 135 CE para contrastar la validez incluso de leyes del pasado-, serán la munición ideal para la artillería del Gobierno en su cruzada contra el déficit y la deuda. Lógicamente, la futura Ley Orgánica de desarrollo del artículo 135 CE va a ser otra vuelta de tuerca sobre el cuello de la autonomía financiera de las comunidades. El próximo martes empezaremos a salir de dudas, pero, en cualquier caso, ha querido el azar que en medio de este debate irrumpiera la Sentencia TC 198/2011, publicada el 11 de enero de 2012. Comprenderán enseguida el interés adquirido por esta resolución en pleno fragor político sobre el realineamiento de poderes entre el Gobierno central y las regiones que está ocasionando la crisis financiera global.

El colapso de la eurozona ha acentuado, dentro de España, la tensión entre, por un lado, el principio constitucional de autonomía financiera de las comunidades y, por otro, los de coordinación interadministrativa y lealtad institucional. El espacio político desalojado por las comunidades autónomas será gradualmente más extenso y la teoría del horror al vacío (que siempre ha tenido muchos partidarios interesados) hará que de ese espacio se vaya apoderando cada vez con más fuerza el Estado central como titular de la planificación general de la actividad económica. Asistimos a una recentralización del poder debida, entre otras causas, a la irresponsabilidad de algunos gobiernos autonómicos que han llevado a la ruina a sus instituciones y, con ella, también a la ruina general del principio de autonomía financiera. Es verdad que la reforma de la Constitución y la futura Ley Orgánica que la desarrolle no van a ser el patíbulo para las comunidades que gestionen sus recursos de forma prudente, que no existen culpas colectivas y que las sanciones y demás medidas coercitivas serán individuales y específicas. Pero no conviene engañarse. Es todo el sistema autonómico el que ha sido puesto en entredicho. Van a pagar justos por pecadores y el corsé de la estabilidad presupuestaria puede ahogar el futuro económico de los territorios menos desarrollados.

Sea como fuere, la doctrina contenida en la Sentencia TC 198/2011 escarba bien en el campo de la responsabilidad individual y determina con justicia el alcance de sus consecuencias. Quizás también lo hace con una efectividad potencial superior a la de normas futuras, que seguramente se obsesionarán con la imposición de unas sanciones que, llegado el caso, probablemente no sirvan de nada. Muchas comunidades han jugado alegremente con sus presupuestos, gastando por encima de sus posibilidades o en derroches, con una baja presión fiscal que ahora se ven obligadas a elevar y recurriendo por sistema al crédito. Así estamos como estamos en estos momentos, ¿pero cómo debe imponerse la disciplina fiscal en el futuro?

El TC analiza la responsabilidad ad extra de la Administración estatal por incumplimientos del Derecho de la Unión Europea. Y suelta esta carga de profundidad: nada “…le impide [al Estado central] repercutir ‘ad intra’ sobre las Administraciones públicas autonómicas competentes la responsabilidad que en cada caso proceda. De acuerdo con nuestra jurisprudencia corresponde al Estado, no sólo establecer los sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar las irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la normativa europea, sino también los sistemas de compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera generarse para el propio Estado en el caso de que dichas irregularidades o carencias se produjeran efectivamente y así se constatara por las instituciones comunitarias”.

Nuestro sistema de financiación autonómica se basa, aparte de los recursos tributarios cedidos a las comunidades autónomas, en un sistema de transferencias que éstas reciben periódicamente de la Hacienda central, para lo que se han habilitado los fondos pertinentes. El sistema gira sobre una serie de anticipos a cuenta satisfechos por el Estado y unas liquidaciones finales. El TC ha acuñado el concepto de compensaciones interadministrativas, avalando la constitucionalidad de la Ley 18/2001, de estabilidad presupuestaria. Las consecuencias de alguna que otra irresponsabilidad autonómica siguen inéditas. Pero, con el sistema de transferencias antes mencionado, no es difícil intuir todo lo que puede dar de sí el verbo compensar. Y todavía más fácil resulta la identificación del sujeto que lo puede conjugar.