Se trata de la Sicav, evidentemente. La sociedad de inversión de capital variable en la que los altos patrimonios tienen su dinero invertido. De nuevo se escuchan voces contra ellas desde la oposición y, sobre todo, desde el Grupo Mixto, ya que gritar es gratis y fácil, sobre todo cuando no existen responsabilidades de Gobierno. Una cosa es que los ricos tengan que pagar más; que se puede discutir, y otra que sea un instrumento con ventajas fiscales o, peor todavía, que no paga impuestos. La Sicav es un instrumento de inversión colectiva, como un fondo de inversión o de pensiones. Tiene neutralidad fiscal. No es mejor ni peor que otros productos.
Pero, ¿se imagina alguien que cualquier persona pudiera acceder por Internet a la cuenta bancaria de un particular y mirar lo que tiene ahí depositado? Es lo que ocurre con las Sicav. Cualquier persona puede entrar en los archivos de la CNMV y buscar estas sociedades de manera individual o en chorro, es decir, mirando el listado de estas sociedades por entidad gestora.
Ahí puede mirarse el patrimonio de las grandes fortunas (Abelló, Koplowitz, Ortega… y otros no conocidos) hasta el último euro. Hay resúmenes trimestrales, anuales, informes de auditoría y folletos del producto. Si venden o compran dos acciones, aparece recogido. No hay ningún producto financiero así en el mundo que, para empezar, revele el nombre del inversor.
Probablemente, gran parte del error en la concepción de estos instrumentos estuvo ahí: tienen exceso de transparencia. Si nadie hubiera sabido quién invierte en esos vehículos y cuánto tienen colocado en ellos, como le ocurre a cualquier persona en cualquier otro instrumento financiero,, no habría existido esta controversia. Saber que una persona 'x' tiene un patrimonio 'y' ha generado reacciones enormes. Envidia, animadversión e, incluso, en el colmo de la locura, orgullo de sus titulares.
Hace algo más de un lustro, cuando España crecía a ritmos vertiginosos y había una eclosión de falsos millonarios, la Sicav llegó a ser una señal de distinción. Las bancas privadas las ofrecían a los inversores incluso a crédito, es decir, si figuraba en el registro con 6 millones de euros, en realidad los titulares debían 6 millones, a pesar de aparecer en ese selecto listado.
Un dislate que fue fiel reflejo de los tiempos. Pero la Sicav tuvo su razón de ser. Aunque su figura existe desde hace años, se impulso a mediados de los 90, pensando sobre todo en las grandes privatizaciones que iban a dar lugar a grandes fortunas, así como facilitar que se quedara en España el dinero de venta de empresas. (Ferrovial con los Del Pino, la separación de las hermanas Koplowitz, la salida a Bolsa Inditex…).
Replicando en cierta manera el esquema de Sicavs de Luxemburgo, se pretendió que ese dinero permaneciera en España, por lo que tributaba aquí (todos los altos patrimonios tienen una perfecta capacidad para optimizar su carga fiscal y acceso a esquemas opacos en paraísos fiscales) y, de paso, generaba puestos de trabajo, ya que la custodia y gestión de ese patrimonio la realizaban entidades domésticas, no de Suiza (por decir un ejemplo).
Pagan los mismos impuestos
Fiscalmente, una Sicav paga un 1% en concepto de impuesto de sociedades, al igual que un fondo de inversión o de pensiones. Y sus inversores tributan al tipo establecido cuando reembolsan el dinero. Ese 1% se paga todos los años y la retención personal sobre plusvalía, al hacer efectiva la inversión. Si el capital permanece invertido 20 años, no se pagan impuestos, como ocurre con cualquier fondo de inversión o de pensiones.
Hasta 2010, las Sicavs tuvieron la posibilidad de diferir (pero no eludir) el pago de impuestos disminuyendo el capital social de la sociedad, pero esto quedaba perfectamente reflejado en los registros. Suponiendo que Hacienda no dispusiera de dicha información (que es mucho suponer), los inspectores sólo tenían que chequear en los registros de la CNMV ese movimiento, tal como hemos hecho los periodistas.
Si sospechan que esa reducción no se debe a que la sociedad vaya mal, sino a un diferimiento encubierto de impuestos, Hacienda no tiene más que requerir a esa Sicav y actuar como fuera procedente.
Llegados a este punto, sólo hay dos cuestiones polémicas que son opinativas. Las Sicav tienen un número de 100 partícipes obligatorio por ley. Todas tienen esos 100 registros, pero muchos de ellos son teóricamente de relleno (aunque cumplen los requisitos administrativos).
España es el único país del mundo que establece que por encima de 100 personas la inversión es colectiva y por debajo no lo es. Esto es opinable, claro. Si a alguien le interesa mi opinión, personalmente creo que el concepto de inversión colectiva lo debería establecer el producto, no el número de personas: un producto es de inversión colectiva porque permite que haya mucha gente invertida en el mismo. Si hay cero, una o 100.000, no anula su naturaleza. Conviene recordar, de paso, que todo el que quiera puede invertir en cualquier Sicav, ya que cotizan en el MAB.
La otra cuestión es fiscal: ¿deben los ricos pagar más? Es decir ¿debe dejar de ser la Sicav un instrumento de inversión colectiva, fiscalmente neutral y tener impuestos más altos? Aquí, hay opiniones para todos los gustos. Una vez más, hago de abogado del diablo: endurecer la fiscalidad a los altos patrimonios es un elemento desincentivador. Si a Amancio Ortega le hubieran frito a impuestos más de la cuenta, a lo mejor no habría creado Inditex y seguía vendiendo batas de boatiné en Arteixo.
Y, para no freir a impuestos a Amancio Ortega. Emilio Botín y compañía, fríen a impuestos a sus trabajadores para que, a la postre, les devuelvan de una u otra forma los pocos que pagan… Excelente este mundo en el cual los que menos tienen pagan a los que más tienen. Desde luego no era ése el espíritu constitucional cuando habla de que cada cual pague progresivamente en relación a lo que tiene.
Y si, como dice, los fondos de pensiones privados y otros productos financieros pagan lo mismo que las Sicav, los gobiernos de turno están defraudando al conjunto de los españoles.