La voz de la calle ante la reforma laboral

A medida que se prolonga la crisis y aumenta vertiginosamente el número de desempleados es inevitable que la protesta política salga del cauce de los partidos y quiera que las instituciones escuchen la voz de la calle. Ojalá los severos ajustes del Gobierno de Rajoy no tarden mucho en dar resultados o por lo menos cambien las expectativas de sufrimiento continuo que tienen tantas personas ahogadas por el paro y éstas vean por fin una tabla de salvación a su alcance. De lo contrario retumbarán los sonidos de la calle. Seguro que no es lo más deseable por el aumento de la temperatura emocional que suelen suscitar las movilizaciones populares, pero muchos individuos afectados por la recesión están comprobando en carne propia la pérdida de legitimidad de ejercicio de los diferentes Gobiernos y del Parlamento por su ineficacia para resolver sus problemas de extrema necesidad. También la enorme concentración de poder del Partido Popular en las instituciones centrales y autonómicas buscará su contrapeso en los derechos constitucionales de huelga, reunión y manifestación, como comprobaremos ya esta semana en protesta por la reforma laboral.

Mientras tanto, el Gobierno parece degustar con satisfacción el malestar de la calle como una prueba evidente de su buen hacer, alardeando de sus medidas  con las provocaciones verbales del Presidente y de su ministro de Economía respecto a la “agresividad” de una reforma laboral que puede costarles una huelga general. ¿Extraño, no? Como si ese guiño lanzado a los dirigentes franceses y alemanes fuera un signo de fortaleza que busca el aplauso complaciente de Merkel y Sarkozy ante la envergadura de unas reformas irreversibles contra las que nada podrá la voz de la calle. Yo, en su lugar, no estaría tan seguro. Y, aunque el Gobierno y el Parlamento tengan el monopolio legítimo de la ley, la participación política y pacífica de los ciudadanos no les limita constitucionalmente a ser unos convidados de piedra en los palacios de la Moncloa y de la Carrera de San Jerónimo.

El portavoz parlamentario del Grupo Popular, Alfonso Alonso, ha sido un poco despreciativo al afirmar que ninguna manifestación ha creado jamás un puesto de trabajo. Es una visión muy conservadora y miope del derecho de manifestación, una especie de reserva mental sobre una forma de participación ciudadana, para él destructiva en esencia, que sólo es capaz de alterar el orden público, no la sublime inteligencia de su Gobierno. A lo mejor es que el portavoz confunde el orden público con el supuesto orden que su Grupo tiene en la cabeza como expresión de lo que, en política y economía, es bueno para la sociedad en su conjunto, que es una cosa harto distinta. Pero nadie tiene el monopolio de las ideas perfectas e indiscutibles. Las ideas políticas pueden ser defendidas con plena legitimidad en la calle mientras no se haga uso de la violencia, se altere el orden público (en sentido físico o material) o se lesionen injustificadamente otros derechos fundamentales distintos de los de reunión y manifestación. Aunque en este punto ya observamos la primera debilidad constitucional de los parados, pues mientras su desempleo puede ser estructural, permanente y de larga duración, sus derechos de reunión y manifestación son exclusivamente de “duración transitoria”. Su protesta no podrá ocupar indefinidamente la calle. Puede haber un paro indefinidamente reiterado pero no una protesta constante. No sé si esta asimetría es justa, pero es el precio que la desesperación debe pagar resignadamente para preservar la paz social e institucional.

Así que las autoridades gubernativas (especialmente los Delegados del Gobierno) y los tribunales de justicia van a tener trabajo extra ante los días callejeros que se avecinan. Los primeros –al fin y al cabo jueces y parte en la gestión de los intereses del Gobierno que les ha elevado al cargo que ostentan-, quizás padezcan la tentación de restringir arbitrariamente los derechos de expresión de la gente en la calle. La más que probable reiteración de las manifestaciones y su impacto en el tráfico rodado de las ciudades van a ser sin duda los principales motivos de discordia, y los manifestantes harán bien en no abusar de sus derechos en perjuicio de otros, entorpeciendo lo mínimo el transporte público, el servicio de ambulancias o los intereses de los comerciantes. Pero algunas molestias en la vida urbana serán imposibles de evitar, entre otras cosas porque el paro de larga duración es una enfermedad social más grave que una molestia transitoria e individual. Y aquí es donde causa un poco de perplejidad una reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, que, pese a estar bien fundamentada en su conjunto, llega a convalidar la decisión de un Delegado del Gobierno de prohibir a los manifestantes la interrupción del tráfico, siquiera por un corto espacio de tiempo, con un argumento quizás peregrino. El Tribunal (fundamento 5 de la Sentencia de 12 de diciembre de 2011) afirma: “…sin que el hecho de tener que circular por las aceras…o cruzar por el paso de viandantes vacíe de contenido el derecho de manifestación que invocan”.

Mucho voluntarismo, mucha ingenuidad, me parece. Y también un peligro evidente de que algún Delegado del Gobierno “despistado” aproveche la situación para condicionar los derechos de reunión y manifestación a la circunstancia de que los manifestantes formen un ejército de autómatas que se desplacen en fila india por las aceras y crucen ordenadamente al otro lado por los pasos de cebra.

No sé. Sería quizás un mundo superideal en el que sólo podrían manifestarse los ángeles, los coreanos del norte y los hijos de Julio Iglesias.