Cristianismo popular

Según la ponencia social aprobada en su Congreso de Sevilla, el Partido Popular “está inspirado en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano”. Naturalmente, no veo contradicción interna alguna entre esos cuatro valores. Sólo los muy obtusos sostienen que el cristianismo actual se opone a la libertad, la tolerancia o la democracia. Muchos cristianos españoles son un ejemplo vivo de rectitud, respeto por las opiniones de los demás y compromiso social. Lo que, sinceramente, sí me parece un anacronismo es la identificación explícita con una determinada confesión religiosa por un partido político en la España plural de hoy. Y aún más cuando el partido que hace suya esa seña de identidad no representa a una minoría determinada, sino a una mayoría diversa y heterogénea que le ha dado en las urnas su confianza y un poder abrumador.

No voy a sacar las cosas de quicio. Dentro de todo lo que ha sucedido en Sevilla, la ecuación PP=humanismo cristiano tiene un tono menor. Pero tampoco puede calificarse de una simple anécdota la inclusión del cristianismo en el ideario político constitutivo del Partido Popular. En mi opinión esa equiparación tiene la categoría de un síntoma que revela ciertos defectos en la consistencia y solidez del primer bastión ideológico que, por orden de aparición en su ponencia social, dice defender el Partido Popular, que es la libertad. Que los conservadores españoles defienden la libertad sólo pueden negarlo los enfermos de sectarismo. Pero despejada sin problemas esa falsa incógnita, sí me parece cuestionable el grado de convicción que la masa dirigente del Partido Popular tiene en el valor supremo de la libertad.

Es un error histórico, además de una contradicción en sus propios términos, la referencia al humanismo cristiano como fuente o sinónimo de la libertad en Europa.  La libertad política, el patrimonio más noble de nuestra cultura occidental, no es hija de ningún supuesto humanismo cristiano, sino precisamente su reverso. La libertad de pensamiento y de expresión fueron una reacción obligada contra las diversas confesiones cristianas que convirtieron el territorio europeo, durante los siglos XVI y XVII, en el campo de batalla permanente de las guerras de religión. Fueron la intransigencia y la persecución religiosas las que, tras la Paz de Westfalia (1648), forzaron a los Estados europeos, si no querían perpetuar la destrucción y la muerte, a adoptar la tolerancia religiosa como norma de conducta política. Lo explica magistralmente John Rawls en su ensayo El liberalismo político.

La libertad, y después la democracia, nacieron de una necesidad histórica, de ese compromiso de tolerancia, no de la fe religiosa, que hasta entonces se había constituido en el principal enemigo de la libertad. 1648 significó, al menos, el fin de la legitimidad de las guerras religiosas entre los Estados. Siglo y medio después, la Ilustración y las revoluciones burguesas garantizaron la libertad de conciencia en el interior de los países europeos desarrollados.

Paradójicamente, en España la libertad ha sido un fruto muy tardío por la inexistencia de guerras entre las diversas confesiones cristianas. Gracias primero a la Inquisición y después a la Contrarreforma la Iglesia Católica, asistida por la coacción del Estado, pudo establecer un cordón sanitario aislándonos en gran parte del resto de Europa. Debido a la falta de rivales, la Iglesia impuso su monopolio sobre las costumbres y las ideas, aplastando cualquier tipo de disidencia. Pero el precio que hemos pagado por la falta de disputas religiosas ha sido excesivamente alto: el de la uniformidad política, el adoctrinamiento férreo de las conciencias y la vida, siempre precaria entre nosotros, de la libertad. Hoy todavía no existe una separación clara entre la Iglesia y el Estado, y esta confusión sigue, aunque afortunadamente mucho menos que antes, envenenando el clima político de nuestro país. La educación, la interrupción voluntaria del embarazo o el matrimonio homosexual son asuntos que siguen condicionados, más que en otros puntos geográficos, por la presencia pública y el peso institucional de la Iglesia española, que, merced a la financiación, la asistencia y otras ayudas que recibe de los poderes públicos, vigila al Estado como si fuera su sombra. Esta influencia eclesiástica en la vida política funciona como una correa de transmisión en la militancia y el ideario del Partido Popular, aunque éste no sea formalmente un partido confesional. Sin embargo, el liberalismo político del Partido Popular dista de ser evidente al 100 por 100 cuando la fórmula indirecta del humanismo cristiano ha sido conservada en Sevilla sin rechistar y con la práctica unanimidad de los delegados.

La tolerancia, la libertad y la democracia se acercan a su plenitud cuando la sociedad (y los partidos forman parte de ella) paga su tributo al pluralismo político, interiorizándolo de verdad, es decir, sin ponerle el freno de dogmas preestablecidos. La conciencia individual puede  abrazar cualquier creencia religiosa y el Estado debe garantizar la libertad religiosa de las personas y de las organizaciones siempre que su ejercicio no enturbie la convivencia social. En mi opinión, el Partido Popular adolece de una falta de comprensión definitiva de esta cuestión, carece de neutralidad y no observa con la distancia suficiente a la Iglesia Católica. El Partido Popular es un partido democrático que todavía necesita desprenderse de los últimos restos de su cordón umbilical.